La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió que la expansión de las posiciones militares israelíes podría reducir al 30 % el territorio disponible para la población palestina en Gaza y agravar los desplazamientos forzados.
La situación humanitaria en la Franja de Gaza continúa deteriorándose ante la expansión de las posiciones militares israelíes y los nuevos desplazamientos de población civil. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió que las operaciones militares están confinando a los palestinos en espacios cada vez más reducidos, mientras se destruyen infraestructuras y se reportan ataques contra campamentos de personas desplazadas.
En un pronunciamiento difundido el 30 de octubre de 2026, el organismo señaló que Israel ha manifestado su intención de extender su zona de despliegue militar hasta abarcar el 70 % del territorio de Gaza. Esta expansión, de acuerdo con la ONU, ha provocado nuevos movimientos de población en las áreas cercanas a la denominada línea amarilla, utilizada como referencia para delimitar las posiciones militares.
Avance militar y ataques contra campamentos
Durante las últimas dos semanas, Naciones Unidas documentó la ampliación hacia el oeste de las posiciones militares israelíes en Al Shujaiyeh, en la ciudad de Gaza, así como en tres sectores del centro de la Franja: el este de Al Bureij, Deir Al-Balah y Al Maghazi.
En Al Shujaiyeh se reportaron al menos dos ataques contra campamentos de desplazados. La Oficina de Derechos Humanos también recibió información sobre el uso de robots explosivos para destruir los edificios que todavía permanecían en pie en esa zona.
Otro de los incidentes reportados ocurrió el 25 de octubre, cuando un dron israelí habría lanzado municiones sobre tiendas de campaña instaladas en el cruce de Al Shujaiyeh, donde se refugiaban familias desplazadas. Según los informes recibidos por la ONU, el incendio provocado por el ataque se prolongó durante aproximadamente cinco horas.
El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda palestino informó que las consecuencias del incidente obligaron a desplazarse a unas 200 familias, integradas por alrededor de 800 personas, principalmente mujeres, menores de edad y adultos mayores.
La ONU denuncia desplazamientos reiterados
Ajith Sunghay, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el Territorio Palestino Ocupado, describió la situación como una crisis de desplazamiento persistente, en la que miles de personas han sido obligadas a abandonar sus refugios en repetidas ocasiones.
El funcionario advirtió que quienes fueron desplazados antes del anuncio del alto el fuego tienen pocas posibilidades de regresar a sus lugares de origen, debido a que muchas de esas zonas permanecen inaccesibles al encontrarse al otro lado de la línea amarilla.
La Oficina recordó que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de respetar el derecho internacional humanitario. En ese sentido, señaló que debe poner fin al traslado forzoso de la población palestina dentro de Gaza, una práctica que puede constituir un crimen de guerra y, dependiendo de las circunstancias, un crimen de lesa humanidad.
Asimismo, instó a garantizar el retorno seguro y digno de las personas desplazadas a sus hogares y comunidades. Sin embargo, las operaciones militares han provocado desplazamientos sucesivos de gran parte de la población y daños generalizados en viviendas, edificios e infraestructura civil.
Restricciones a la ayuda para refugios
La crisis también está relacionada con las limitaciones para introducir materiales y suministros humanitarios destinados a proporcionar alojamiento. La ONU advirtió que estas restricciones agravan las condiciones de quienes permanecen en campamentos improvisados y tiendas de campaña, muchas de ellas insuficientes para proteger a las familias de las lluvias y las bajas temperaturas.
Sunghay señaló que la población palestina enfrenta un nuevo invierno en condiciones de desplazamiento, con refugios precarios y bajo la amenaza constante de las operaciones militares. El funcionario pidió poner fin a esta situación y evitar que continúe el sufrimiento de los civiles.
La Oficina de Derechos Humanos advirtió que la reducción progresiva de las zonas habitables, la destrucción de infraestructura y los desplazamientos reiterados generan preocupación por posibles prácticas de limpieza étnica. El organismo reiteró la necesidad de proteger a la población civil y garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho humanitario.
