La Conferencia Episcopal Puertorriqueña pidió a la población y a sus dirigentes trabajar para revertir lo que calificó como una «oleada antivida», en referencia a la violencia, la pobreza, la corrupción y las condiciones que afectan la dignidad humana. En un mensaje difundido al concluir su asamblea plenaria, los obispos también cuestionaron la crisis eléctrica, el encarecimiento de los servicios de salud y la falta de oportunidades, e insistieron en la necesidad de un diálogo amplio para atender los problemas de la isla.
Los obispos de Puerto Rico hicieron un llamado a fortalecer la defensa de la vida y recuperar el sentido del bien común ante el deterioro de las condiciones sociales, económicas y políticas que enfrenta el país. Al concluir su 60.ª Asamblea Plenaria, celebrada los días 4 y 5 de noviembre en Aibonito, la Conferencia Episcopal Puertorriqueña difundió un mensaje dirigido a la población en el que advirtió sobre una «oleada antivida» que, desde su perspectiva, amenaza la dignidad humana y debilita la convivencia social.
En el documento, los prelados señalaron que la violencia cotidiana, la precariedad económica y las dificultades para acceder a servicios esenciales afectan especialmente a los sectores más vulnerables. Entre ellos mencionaron a las personas mayores, las familias empobrecidas, las víctimas de violencia doméstica y callejera, así como los no nacidos, a quienes identificaron como particularmente indefensos desde la perspectiva de la doctrina católica.
El pronunciamiento sostiene que la defensa de la vida no debe limitarse a una sola problemática, sino abarcar las condiciones que permiten a las personas vivir con dignidad. Por ello, los obispos relacionaron su preocupación con el encarecimiento de la electricidad y el agua, los costos de atención hospitalaria y residencial, la corrupción en el servicio público y las dificultades que enfrentan numerosas familias para cubrir sus necesidades básicas.
Violencia y deterioro de las condiciones de vida
La preocupación de la Iglesia se produce en un contexto de violencia persistente. El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico informó que durante el segundo trimestre de 2026, entre abril y junio, se registraron 199 muertes violentas, lo que equivale a un promedio aproximado de dos casos diarios.
Sin embargo, esta cifra no corresponde exclusivamente a homicidios. El informe preliminar del Sistema de Notificación de Muertes Violentas de Puerto Rico precisa que 137 casos fueron homicidios, 54 suicidios y ocho correspondieron a otras causas. Además, los homicidios aumentaron respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 112 víctimas.
Ante este panorama, los obispos advirtieron que la sociedad no debe acostumbrarse a las noticias de violencia ni considerar la pérdida de vidas humanas como un hecho cotidiano. También señalaron que las respuestas centradas exclusivamente en la represión policial resultan insuficientes si no se atienden las causas estructurales del problema, entre ellas la pobreza, el narcotráfico, la corrupción, la impunidad y el desempleo.
En materia económica, el documento cuestiona el impacto de los altos costos de los servicios médicos, especialmente para las personas mayores, y critica que la atención sanitaria pueda convertirse en un espacio de lucro a costa de quienes necesitan cuidados especializados. Asimismo, advierte sobre la emigración de profesionales de la salud, que reduce la disponibilidad de servicios y tratamientos en la isla y obliga a algunas personas a desplazarse a Estados Unidos para recibir atención médica.
La crisis eléctrica y la corrupción también preocupan a la Iglesia
Uno de los señalamientos más contundentes del mensaje se refiere al sistema eléctrico puertorriqueño. Los prelados afirmaron que su funcionamiento ha colapsado y calificaron la privatización del servicio como un fracaso de política pública. También expresaron preocupación por el deterioro de la infraestructura del agua y por las dificultades que enfrentan hogares y pequeños negocios para pagar las tarifas de energía.
En este contexto, solicitaron una evaluación de las decisiones políticas relacionadas con la administración y privatización de la red eléctrica, al considerar que se trata de un servicio esencial para la vida cotidiana y el desarrollo económico. El documento también cuestiona los proyectos de construcción que, según los obispos, amenazan ecosistemas, restringen el acceso a las playas, aceleran la erosión costera y provocan desplazamientos de comunidades por procesos de encarecimiento y transformación de sus espacios habitacionales.
La corrupción constituye otra de las preocupaciones centrales. Los obispos retomaron sus anteriores pronunciamientos sobre la existencia de prácticas estructurales y niveles de impunidad que, a su juicio, debilitan la confianza pública. También expresaron inquietud por las dificultades de los jóvenes para acceder a una alimentación adecuada y una vivienda, mientras avanzan proyectos de gran escala que pueden comprometer recursos naturales y espacios de uso comunitario.
Educación, tecnología y diálogo político
Más allá de los señalamientos, la Conferencia Episcopal planteó la necesidad de construir respuestas mediante una educación integral que prepare a niños y jóvenes para participar en la sociedad y contribuir al bien común. En particular, pidió incorporar la formación sobre nuevas tecnologías, inteligencia artificial y comunicación digital, acompañada de principios éticos que protejan la dignidad de las personas.
Los prelados también exhortaron a los dirigentes políticos y sociales a promover un diálogo amplio que incluya a representantes comunitarios, instituciones educativas y científicas, organizaciones civiles, sectores empresariales y confesiones religiosas. El propósito, explicaron, debe ser identificar consensos y establecer vías de solución para los problemas que afectan a la población.
En su reflexión, los obispos sostuvieron que las dificultades de Puerto Rico no pueden resolverse únicamente mediante recursos económicos, mayores fondos federales o vigilancia policial. Desde su perspectiva pastoral, resulta indispensable fortalecer los valores culturales y espirituales, así como recuperar la conciencia de que toda persona posee una dignidad que debe ser respetada.
El mensaje también recupera el pensamiento de san Juan Pablo II sobre la centralidad de la persona humana en la misión de la Iglesia y exhorta a la población a prepararse para el Adviento como un periodo de esperanza, reflexión y compromiso, más allá de las celebraciones y tradiciones propias de la temporada.
Finalmente, los obispos encomendaron a Puerto Rico a María, Madre de la Divina Providencia, y reiteraron su llamado a construir una sociedad que respete la vida y coloque el bien común por encima de los intereses económicos o partidistas. Su pronunciamiento constituye una exhortación religiosa y social que pone sobre la mesa problemas estructurales de la isla y reclama una respuesta conjunta de sus ciudadanos y dirigentes.
