México tiene más de 19 millones de personas de 60 años o más y la cifra seguirá creciendo durante las próximas décadas. Sin embargo, la atención continúa dependiendo principalmente de las familias, mientras los servicios públicos presentan problemas de cobertura, capacitación y coordinación. El desafío ya no consiste solamente en ampliar los apoyos económicos, sino en construir una política nacional que garantice cuidados dignos y accesibles.
El envejecimiento de la población mexicana está dejando de ser una proyección demográfica para convertirse en una realidad que exige respuestas institucionales. Cada año aumenta el número de personas que llegan a la vejez y, con ello, también crecen las necesidades de atención médica, acompañamiento, asistencia cotidiana y servicios especializados. Sin embargo, México todavía carece de una estructura integral que permita atender esas necesidades de manera coordinada.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el país cuenta con 19 millones 186 mil personas de 60 años o más, equivalentes al 14.71 % de la población. Se trata de un grupo que representa una proporción cada vez mayor de la sociedad y que, además, presenta necesidades muy distintas: mientras algunas personas mantienen plena autonomía, otras requieren asistencia para actividades tan elementales como alimentarse, bañarse, vestirse o desplazarse.
Las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) muestran la magnitud del cambio. Para 2030, la población de 60 años y más podría alcanzar los 20.6 millones de personas, mientras que para 2070 llegaría a aproximadamente 48.3 millones, lo que representaría el 34.2 % de la población nacional.
En otras palabras, dentro de poco más de cuatro décadas, aproximadamente una de cada tres personas en México tendrá 60 años o más. Esta transformación tendrá consecuencias directas en los sistemas de salud, las pensiones, el mercado laboral, la vivienda y, especialmente, en la organización de los cuidados.
La dependencia funcional aumenta la demanda de atención
El envejecimiento no significa necesariamente enfermedad o dependencia. Muchas personas mayores conservan su autonomía y participan activamente en la vida económica, familiar y comunitaria. No obstante, el incremento de la esperanza de vida también implica que una proporción de la población necesitará apoyos específicos para mantener su calidad de vida.
Eduardo Sosa Tinoco, director de Educación y Divulgación del Instituto Nacional de Geriatría, señaló que alrededor del 23 % de las personas adultas mayores presenta al menos una limitación para realizar actividades básicas de la vida diaria y que el 11 % requiere ayuda permanente para sus actividades cotidianas.
La Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022, elaborada por el INEGI, permite dimensionar esta necesidad. El levantamiento identificó aproximadamente 2.9 millones de personas de 60 años o más con discapacidad o dependencia. De ellas, el 65.2 % recibía cuidados en su hogar, mientras que alrededor de un millón no los recibía.
El mismo estudio encontró que, de los 20 millones de adultos mayores considerados en ese levantamiento, solamente el 28.8 % recibía cuidados en el hogar. Entre quienes no presentaban discapacidad o dependencia, el porcentaje que recibía alguna forma de atención era todavía menor.
Estos datos muestran que la necesidad de cuidados no se limita a las personas que viven en residencias o que tienen enfermedades graves. También comprende a quienes requieren acompañamiento temporal, asistencia para determinadas actividades o servicios que les permitan conservar su autonomía y prevenir el deterioro de su salud.
El peso de los cuidados continúa recayendo en las familias
Ante la insuficiencia de servicios institucionales, los hogares se han convertido en la principal red de atención para las personas mayores. En la práctica, esto significa que hijos, hijas, parejas y otros familiares deben reorganizar sus actividades para atender necesidades que pueden extenderse durante años.
El problema tiene una dimensión de género particularmente importante. Según la ENASIC 2022, en México 31.7 millones de personas de 15 años o más proporcionaban cuidados a integrantes de su hogar o de otros hogares. De ese universo, el 75.1 % eran mujeres y el 24.9 % hombres.
Además, las mujeres que desempeñaban labores de cuidado dedicaban, en promedio, 37.9 horas semanales a estas actividades, frente a 25.6 horas en el caso de los hombres, de acuerdo con los resultados generales de la encuesta. Esta diferencia evidencia cómo la responsabilidad de cuidar continúa distribuyéndose de manera desigual.
El impacto no es exclusivamente económico. Las personas cuidadoras pueden experimentar agotamiento físico, reducción de sus horas de descanso, dificultades para conservar un empleo y limitaciones para desarrollar proyectos personales. En muchos hogares, una hija o una esposa termina convirtiéndose en cuidadora principal sin recibir capacitación, remuneración ni apoyo institucional suficiente.
El director de Educación y Divulgación del Instituto Nacional de Geriatría también advirtió que el 86.5 % de los familiares que cuidan a personas mayores no cuenta con formación especializada. A ello se suma la escasez de personal profesionalmente capacitado en los establecimientos de atención residencial, lo que plantea un desafío para la calidad y seguridad de los servicios.
El cuidado de una persona mayor con dependencia no consiste únicamente en acompañarla. Puede requerir conocimientos sobre movilidad, alimentación, administración de medicamentos, prevención de caídas, higiene, deterioro cognitivo y atención de enfermedades crónicas. Sin preparación adecuada, la persona cuidadora también queda expuesta a lesiones, agotamiento y situaciones que pueden comprometer la salud de quien recibe la atención.
Un presupuesto amplio, pero una política fragmentada
La insuficiencia del sistema de cuidados no se explica únicamente por la falta de recursos. También responde a la manera en que se distribuyen las responsabilidades entre las instituciones públicas.
Guillermo Cejudo Ramírez, profesor-investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ha señalado que las políticas de cuidados funcionan mediante programas dispersos, diferenciados por edad, sector de atención y condiciones de acceso a la seguridad social. Esta estructura obliga a las personas y sus familias a identificar por cuenta propia qué institución puede proporcionarles el apoyo que necesitan.
Durante 2026, el Gobierno federal destinó 468 mil 641 millones de pesos a 47 programas presupuestarios relacionados con servicios de cuidados, distribuidos entre 27 instituciones. Sin embargo, solamente diez de esos programas estaban dirigidos específicamente a personas adultas mayores, según los datos presentados por Cejudo.
La existencia de numerosos programas no significa necesariamente que exista un sistema articulado. Una persona puede recibir una pensión, tener acceso a servicios médicos y, aun así, carecer de atención domiciliaria, rehabilitación, acompañamiento especializado o un centro de día cercano. Son prestaciones distintas que no siempre funcionan de manera coordinada.
La fragmentación también genera obstáculos administrativos. Las familias deben conocer los requisitos de cada institución, trasladarse a diferentes oficinas, presentar documentación y cumplir procedimientos que no necesariamente consideran las condiciones físicas, económicas o de movilidad de las personas mayores.
Como ha explicado el investigador del CIDE, el problema es que cada persona debe recorrer por su cuenta los caminos burocráticos para encontrar atención, en lugar de acceder a una oferta pública integrada que responda a sus necesidades.
El presupuesto de 2027 también plantea interrogantes
La discusión sobre el financiamiento adquiere relevancia ante el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027. En su análisis del Anexo Transversal 31, denominado Consolidación de una Sociedad de Cuidados, Oxfam México estima que los recursos presupuestados ascienden a aproximadamente 475 mil 900 millones de pesos.
Sin embargo, la organización advierte que el monto representa una disminución real de alrededor de 20 mil 400 millones de pesos respecto al presupuesto de 2026. También identifica reducciones importantes en determinadas partidas: entre ellas, una caída real del 72 % en programas presupuestarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, del 62 % en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y del 58 % en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Estas reducciones deben analizarse por institución y programa, pues no significan que todo el presupuesto nacional de cuidados haya disminuido en esa misma proporción. No obstante, sí muestran que el crecimiento de las necesidades sociales no necesariamente está acompañado por una expansión equivalente de los recursos disponibles.
La discusión resulta especialmente importante porque los cuidados abarcan mucho más que la atención a personas mayores. Incluyen servicios para niñas y niños, personas con discapacidad y población que, por enfermedad o dependencia, necesita asistencia. Por tanto, la distribución presupuestaria debe considerar las necesidades de cada grupo y evitar que las reducciones en un sector terminen trasladando responsabilidades adicionales a las familias.
Los centros de atención no cubren todas las necesidades
La infraestructura disponible también refleja las limitaciones del modelo actual. De acuerdo con las cifras presentadas por Adriana Sofía Oseguera Gamba, directora de Seguimiento a la Estrategia de Prevención de la Secretaría de las Mujeres, existen 162 centros públicos de atención a personas mayores, además de aproximadamente 1,500 establecimientos adicionales de carácter estatal y municipal.
La oferta federal incluye clubes de personas mayores, centros de día, residencias de larga estancia y espacios especializados. Sin embargo, la funcionaria reconoció que no todos los establecimientos están preparados para atender a personas con dependencia funcional ni cuentan con un modelo de atención centrado en las necesidades individuales.
La diferencia es importante. Un club de convivencia puede ofrecer actividades recreativas y espacios de socialización, pero no sustituye los servicios que requiere una persona con movilidad reducida, deterioro cognitivo o necesidad de supervisión permanente. Del mismo modo, una residencia de larga estancia no siempre es la alternativa adecuada para alguien que puede permanecer en su hogar si recibe asistencia domiciliaria y acompañamiento profesional.
La ENASIC 2022 confirma la limitada utilización de los servicios institucionales: entre las personas mayores sin discapacidad o dependencia, solamente el 0.2 % acudía a una casa de día, centro de atención, guardería de día u otro servicio de cuidados. Esto evidencia que la atención institucional todavía tiene una presencia reducida frente al cuidado proporcionado dentro de los hogares.
El Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados como respuesta
La construcción de una política integral requiere superar la idea de que cuidar a una persona mayor es una obligación exclusiva de sus familiares. El cuidado debe entenderse como una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, el sector privado y la sociedad, con mecanismos que reconozcan tanto los derechos de quienes necesitan atención como los de quienes la proporcionan.
En julio de 2026, la Secretaría de las Mujeres informó que había establecido una ruta de trabajo con los 32 sistemas estatales del DIF y las instancias de las mujeres de las entidades federativas para avanzar en la construcción territorial del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados. Entre las primeras acciones se contempló elaborar diagnósticos estatales que permitieran identificar necesidades y diseñar estrategias locales.
Este proceso representa un paso hacia la coordinación institucional, aunque su alcance dependerá de que se traduzca en responsabilidades definidas, financiamiento suficiente, infraestructura y servicios verificables. La creación de una estructura administrativa, por sí sola, no resolverá las dificultades que enfrentan las familias cuando necesitan atención inmediata.
El investigador Guillermo Cejudo plantea que una política integral debe establecer rutas claras de acceso, definir qué instituciones participarán, determinar sus responsabilidades y crear mecanismos de coordinación y evaluación. También considera indispensable contar con sistemas de información que permitan identificar las necesidades de la población, medir la calidad de los servicios y corregir las deficiencias.
Envejecer con dignidad exige cambiar la organización de los cuidados
El envejecimiento demográfico no debe interpretarse como una carga social, sino como el resultado de una transformación que obliga a adaptar las instituciones a una sociedad con mayor esperanza de vida. Las personas mayores no son únicamente receptoras de asistencia: también participan en la economía, transmiten conocimientos, sostienen redes familiares y contribuyen a sus comunidades.
El reto consiste en garantizar que esa etapa de la vida pueda transcurrir con autonomía, seguridad y dignidad. Para conseguirlo se necesitan servicios médicos adecuados, atención geriátrica, rehabilitación, espacios de convivencia, asistencia domiciliaria y centros especializados para quienes requieren cuidados permanentes.
También es indispensable reconocer el trabajo de millones de personas cuidadoras, principalmente mujeres, que sostienen una parte considerable de la atención cotidiana sin recibir remuneración ni formación suficiente. Profesionalizar los cuidados, ampliar las opciones de apoyo y distribuir de manera más equitativa las responsabilidades no solo beneficiaría a las personas mayores, sino también a las familias que actualmente absorben casi todo el esfuerzo.
México todavía tiene una oportunidad para anticiparse a las consecuencias más profundas del envejecimiento poblacional. Las proyecciones demográficas indican que el tiempo para construir una respuesta institucional es limitado. Si el país espera a que la demanda de cuidados alcance su punto máximo, tendrá que enfrentar una presión mucho mayor sobre los servicios de salud, los presupuestos públicos y los hogares.
La verdadera medida de una política de envejecimiento no será únicamente el número de pensiones entregadas ni la cantidad de centros inaugurados. Deberá evaluarse por la posibilidad real de que una persona mayor reciba atención cuando la necesite, conserve su autonomía hasta donde sea posible y no dependa exclusivamente de la disponibilidad económica o del sacrificio personal de sus familiares. Envejecer con dignidad debe ser un derecho garantizado, no una posibilidad reservada para quienes pueden pagar cuidados privados o cuentan con una familia capaz de proporcionarlos.
