Un informe federal reconoce que el monumento de 76 metros alteraría las vistas y relaciones históricas de al menos 37 sitios, pero concluye que el proyecto debe mantenerse en Memorial Circle por considerar que su ubicación es parte esencial de su propósito.
El ambicioso arco triunfal que Donald Trump pretende levantar en Washington se encuentra ante una contradicción difícil de pasar por alto. El Servicio de Parques Nacionales reconoce que la estructura tendría efectos adversos sobre decenas de lugares históricos de la capital estadounidense, pero, al mismo tiempo, considera que el proyecto debe permanecer en el sitio elegido.
El informe federal, de 133 páginas y elaborado dentro del proceso de revisión histórica, concluye que el arco de 250 pies, unos 76 metros, modificaría relaciones visuales y espaciales que forman parte del significado de varios monumentos de Washington. La evaluación identifica 37 propiedades históricas que resultarían afectadas.
La ubicación propuesta es Memorial Circle, una rotonda situada junto al río Potomac, frente al Cementerio Nacional de Arlington y en el eje visual que conecta esa zona con el Monumento a Lincoln. Precisamente esa condición es la que convierte al emplazamiento en uno de los puntos más delicados del proyecto.
De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales, las características que hacen de Memorial Circle un lugar especialmente sensible para la conservación histórica son también las razones por las que el sitio resulta adecuado para el monumento que pretende construir la administración Trump. En consecuencia, trasladar el arco a otro punto de Washington o Virginia supondría, según la agencia, un proyecto conmemorativo diferente.
La conclusión resulta particularmente significativa porque el propio análisis reconoce que la estructura alteraría la continuidad del diseño de espacios emblemáticos de la capital y modificaría las perspectivas de monumentos que fueron concebidos para relacionarse visualmente entre sí.
Uno de los ejemplos más relevantes es el eje formado por el Monumento a Lincoln, el puente Memorial y Arlington House. Esa composición arquitectónica y paisajística fue concebida para establecer una conexión simbólica entre Washington y Virginia y, en una lectura histórica más amplia, entre el norte y el sur de Estados Unidos después de la Guerra Civil.
El arco también tendría presencia visual desde numerosos puntos de la capital. Entre ellos se encuentran zonas cercanas al Capitolio, Georgetown y el Pentágono. Su tamaño, por tanto, no limitaría su impacto al terreno donde sería construido, sino que modificaría la percepción de un paisaje urbano cuidadosamente diseñado durante décadas.
El informe identifica como algunos de los sitios con mayores afectaciones al Cementerio Nacional de Arlington, el corredor del Monumento a Lincoln y Arlington House, antigua residencia de Robert E. Lee. También advierte sobre efectos en otros lugares históricos y en las relaciones visuales que los conectan.
La dimensión del proyecto ha alimentado desde hace meses una disputa que va mucho más allá de una discusión arquitectónica. Veteranos, especialistas en conservación histórica y ciudadanos han cuestionado que una estructura de semejante tamaño pueda instalarse en un espacio asociado con algunos de los símbolos más importantes de la memoria nacional estadounidense.
Una demanda presentada por veteranos de la guerra de Vietnam y defensores de la conservación sostiene, entre otros argumentos, que el arco afectaría la experiencia de quienes visitan el Cementerio Nacional de Arlington y alteraría las vistas relacionadas con los espacios conmemorativos de la zona. Los críticos también han expresado dudas sobre la autoridad presidencial para impulsar un proyecto de esta magnitud sin una intervención más directa del Congreso.
La controversia ha adquirido así un matiz institucional. El Gobierno de Trump ha seguido avanzando mediante los procedimientos de aprobación de distintas agencias federales, mientras sus opositores intentan frenar el proyecto por la vía judicial.
La Comisión de Bellas Artes ya aprobó el proyecto y la Comisión Nacional de Planificación de la Capital le otorgó una aprobación preliminar. Esta última, que desempeña un papel central en la revisión de proyectos arquitectónicos y urbanísticos federales en Washington, todavía debe emitir su decisión definitiva.
El proyecto no apareció, sin embargo, en la agenda de la reunión de septiembre de esa comisión, pese a que se esperaba que ese encuentro pudiera convertirse en el siguiente momento clave para su aprobación.
El Servicio de Parques Nacionales también estudió alternativas. Entre ellas estuvieron construir una estructura más pequeña, trasladar el arco a otro lugar, eliminarlo por completo o retirar las estatuas previstas en su parte superior. Ninguna fue considerada adecuada porque, según la evaluación, no cumpliría con el propósito del proyecto o produciría otros efectos sobre propiedades históricas.
La agencia propuso en cambio diversas medidas de mitigación. Entre ellas figuran programas de manejo del paisaje y de interpretación histórica destinados a explicar las relaciones entre los monumentos y reducir parte del impacto cultural del nuevo elemento arquitectónico.
Pero hay una diferencia importante entre mitigar y evitar. El propio informe reconoce que las medidas destinadas a documentar, interpretar o compensar los daños después de que ocurran no eliminan la conclusión de que el proyecto producirá efectos adversos.
Para los conservacionistas, esa admisión constituye precisamente el centro del problema. Charles Birnbaum, de The Cultural Landscape Foundation, ha cuestionado que el Gobierno avance con el proyecto aun después de reconocer que transformará conexiones visuales y simbólicas entre algunos de los lugares más venerados de Washington.
La organización Public Citizen, que representa a los demandantes en el litigio, también considera que el informe refuerza los argumentos de quienes sostienen que un proyecto de esta escala debería contar con una decisión del Congreso.
Trump presentó por primera vez la idea del arco en 2025 y la administración difundió los planes arquitectónicos durante 2026. Desde entonces, la iniciativa se ha convertido en uno de los proyectos más controvertidos de su intento de modificar la imagen monumental de Washington.
El nuevo informe no significa que el arco tenga vía libre definitiva. La aprobación de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital continúa pendiente y el litigio presentado por veteranos y especialistas en conservación sigue abierto. Pero sí representa un respaldo importante para la Casa Blanca, porque una dependencia federal reconoce los efectos históricos del proyecto y, aun así, considera que su construcción puede continuar en el lugar elegido.
La disputa deja, en el fondo, una pregunta que difícilmente puede resolverse únicamente con criterios de ingeniería o arquitectura: hasta dónde puede llegar un presidente al intentar dejar una marca personal sobre un paisaje que también funciona como memoria colectiva de una nación.
