El máximo tribunal estadounidense aceptó revisar la legalidad de la política de Donald Trump que impide solicitar asilo a determinados migrantes que cruzan irregularmente la frontera con México. El fallo podría definir los límites del poder presidencial frente a las protecciones migratorias reconocidas por el Congreso.
La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump para impedir que determinados migrantes que ingresan irregularmente por la frontera sur puedan solicitar asilo. La decisión, anunciada el viernes 13 de noviembre, coloca nuevamente en el centro del debate el alcance de las facultades presidenciales en materia migratoria y la vigencia de las garantías legales para quienes buscan protección internacional.
El caso, identificado como Mullin v. Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES), enfrenta al Gobierno federal con organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes. Los demandantes sostienen que la administración Trump rebasó sus atribuciones al establecer una prohibición generalizada que impide acceder al procedimiento de asilo, una protección contemplada en la legislación migratoria estadounidense.
La controversia comenzó el 20 de enero de 2025, cuando Trump, durante su primer día de regreso a la Casa Blanca, emitió una proclamación que invocó facultades presidenciales para suspender la entrada de personas por la frontera sur. La medida fue presentada como una respuesta a lo que su administración calificó como una situación de invasión y emergencia fronteriza.
Mediante esa disposición, las autoridades migratorias recibieron instrucciones para rechazar solicitudes de asilo de personas que cruzaran irregularmente la frontera, además de aplicar procedimientos acelerados de expulsión. El Gobierno argumentó que el presidente cuenta con amplias facultades para regular la entrada de extranjeros y adoptar medidas extraordinarias ante situaciones que considera una amenaza para la seguridad nacional.
Los tribunales inferiores cuestionaron la legalidad de la medida
La política fue impugnada por organizaciones de asistencia jurídica y defensa de migrantes. En julio de 2025, el juez federal Randolph Moss, del Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, resolvió que la administración no podía utilizar sus facultades presidenciales para sustituir los procedimientos migratorios establecidos por el Congreso ni eliminar unilateralmente el acceso a las protecciones previstas en la legislación federal.
El Gobierno apeló la resolución, pero el 24 de abril de 2026 un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó, en lo sustancial, el criterio favorable a los demandantes. El tribunal consideró que la proclamación y las directrices administrativas excedían las facultades del Ejecutivo cuando sustituían los procedimientos de expulsión previstos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Sin embargo, la resolución de los tribunales inferiores quedó suspendida en cuanto a sus efectos sobre el acceso al asilo mientras avanzaba el proceso de apelación. Por ello, la administración Trump ha mantenido la aplicación de las restricciones durante el litigio.
La aceptación del caso por la Corte Suprema no representa todavía una resolución sobre el fondo de la controversia. Los magistrados deberán examinar los argumentos del Gobierno y de las organizaciones demandantes antes de determinar si la política presidencial se ajusta al marco legal estadounidense.
El derecho de asilo frente a las facultades presidenciales
Uno de los principales puntos de discusión es la interpretación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La legislación federal establece, en términos generales, que una persona extranjera que se encuentra físicamente en Estados Unidos o llega a su territorio puede solicitar asilo, independientemente de su situación migratoria o de que haya ingresado por un punto de entrada autorizado.
Las organizaciones demandantes argumentan que el presidente no puede dejar sin efecto esas disposiciones mediante una proclamación ejecutiva. Sostienen que la facultad de suspender temporalmente la entrada de extranjeros no equivale a la autorización para eliminar los procedimientos de protección que el Congreso estableció para las personas que enfrentan persecución o amenazas en sus países de origen.
La administración Trump, por su parte, defiende la amplitud de las atribuciones presidenciales en materia de control fronterizo y seguridad nacional. Su argumento se apoya en la sección 212(f) de la legislación migratoria, que permite al presidente suspender la entrada de determinadas categorías de extranjeros cuando considere que su ingreso perjudica los intereses de Estados Unidos.
La Corte también deberá analizar una cuestión procesal relevante: si la legislación federal limita la capacidad de los tribunales inferiores para emitir resoluciones de alcance colectivo que impidan al Gobierno aplicar determinadas disposiciones migratorias. Este aspecto podría tener consecuencias más allá del propio caso, pues determinaría hasta dónde pueden llegar las medidas judiciales para proteger a grupos completos de personas afectadas por una política federal.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), organización que participa en la impugnación, celebró que el máximo tribunal aceptara revisar el caso. Sostuvo que el presidente no tiene facultades para anular unilateralmente las protecciones que el Congreso reconoció a quienes huyen de situaciones de peligro.
Una decisión con repercusiones para México
El litigio tiene una dimensión particular para México, debido a que las restricciones se aplican en la frontera compartida por ambos países. Las personas que intentan llegar a territorio estadounidense para solicitar protección pueden quedar expuestas a procedimientos de expulsión sin que sus circunstancias sean examinadas mediante el mecanismo ordinario de asilo.
La controversia también debe entenderse dentro de una política migratoria más amplia, orientada a acelerar deportaciones, limitar las vías de ingreso y reducir las posibilidades de permanencia de personas extranjeras en Estados Unidos. Algunas de estas medidas han enfrentado impugnaciones judiciales por posibles conflictos con las garantías legales y los procedimientos establecidos en la legislación federal.
Es importante distinguir el asilo de otras formas de protección internacional. Aunque las restricciones impiden acceder al procedimiento ordinario de asilo en los supuestos contemplados por la proclamación, existen otras figuras, como la suspensión de expulsión y la protección prevista por la Convención contra la Tortura, que mantienen obligaciones específicas para las autoridades estadounidenses. El alcance de esas garantías también ha sido objeto de controversias judiciales.
La Corte Suprema prevé escuchar los argumentos del caso durante la primavera de 2027 y emitir una resolución antes de concluir junio, de acuerdo con las previsiones difundidas tras aceptar el expediente. Su decisión establecerá un criterio relevante sobre la relación entre las facultades presidenciales, las atribuciones del Congreso y el derecho de las personas migrantes a solicitar protección.
El fallo será especialmente importante porque definirá si una administración puede utilizar una declaración de emergencia fronteriza para restringir derechos y procedimientos reconocidos por la legislación federal. Para México, el resultado tendrá implicaciones directas en la dinámica fronteriza y en las condiciones que enfrentan quienes buscan protección en Estados Unidos.
Más allá de la disputa entre el Ejecutivo y el Poder Judicial estadounidense, el fondo del asunto plantea una cuestión de principio: la política migratoria puede ser objeto de decisiones de seguridad y control territorial, pero esas decisiones deben sujetarse a la ley. La protección de quienes huyen de la persecución no puede depender exclusivamente de la voluntad política de un presidente ni quedar al margen de los procedimientos que el propio Congreso estableció.
