Organizaciones españolas y europeas cuestionan que las estadísticas oficiales de España no identifiquen de manera específica los delitos de odio contra los cristianos, pese a que sí desglosan categorías como el antisemitismo y la islamofobia. La denuncia adquiere relevancia después de que la OSCE registrara 188 incidentes comunicados por organizaciones civiles durante 2025, de los cuales la mayoría tuvo motivación anticristiana.
La forma en que un Estado registra la violencia y la discriminación también revela cuáles son sus prioridades institucionales. No basta con reconocer que existen delitos de odio: es necesario identificar a quiénes afectan, cuáles son sus motivaciones y qué mecanismos permiten prevenirlos. Bajo esa premisa, organizaciones defensoras de la libertad religiosa han cuestionado al Gobierno de España por mantener una clasificación estadística que, a su juicio, invisibiliza una parte importante de las agresiones contra las comunidades cristianas.
La denuncia fue retomada por el Observatorio sobre Intolerancia y Discriminación contra los Cristianos en Europa (OIDAC), en su informe anual correspondiente a 2025, publicado el 16 de noviembre de 2026. El organismo advierte que las estadísticas españolas distinguen entre delitos de odio antisemitas, antimusulmanes y otros relacionados con la religión, pero no cuentan con una categoría específica para identificar los ataques anticristianos.
El señalamiento no significa que España carezca de registros sobre violencia motivada por creencias religiosas. El problema está en la clasificación: los hechos contra cristianos pueden quedar incorporados en una categoría general, sin que las estadísticas permitan conocer cuántos corresponden específicamente a esa motivación.
Los registros oficiales y la información de la sociedad civil
El informe del Ministerio del Interior español sobre delitos e incidentes de odio en 2025 contabilizó 2,417 hechos conocidos por las autoridades, de los cuales 2,242 fueron delitos y 175 correspondieron a infracciones administrativas y otros incidentes. Dentro de las categorías relacionadas con la religión, el documento registró 69 hechos de antisemitismo, 35 de islamofobia y 75 bajo el rubro general de «creencias o prácticas religiosas».
La ausencia de un desglose específico para los cristianos es el centro de la controversia. Los 75 hechos relacionados con creencias o prácticas religiosas no permiten determinar cuántos tuvieron como víctimas a cristianos, musulmanes de otras denominaciones, integrantes de otras confesiones o personas afectadas por distintas manifestaciones de intolerancia religiosa.
El contraste aparece en los datos comunicados a la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE-ODIHR). Para España, este organismo recibió información de la sociedad civil sobre 188 incidentes de odio durante 2025. La mayoría estuvo motivada por prejuicios anticristianos y aproximadamente ocho de cada diez de esos ataques se dirigieron contra propiedades, principalmente iglesias católicas, imágenes religiosas y monumentos.
El registro también recoge agresiones físicas, amenazas e intimidaciones contra integrantes del clero y comunidades cristianas. La diferencia entre ambas fuentes resulta significativa: mientras la estadística gubernamental no permite identificar de manera separada los ataques anticristianos, la información aportada por organizaciones civiles sí muestra esa motivación como una de las principales categorías documentadas.
Sin embargo, es necesario distinguir las metodologías. Los 188 incidentes comunicados a la OSCE proceden de organizaciones de la sociedad civil y no constituyen una estadística policial nacional ni un censo exhaustivo de todos los delitos cometidos. Tampoco deben sumarse directamente a los datos del Ministerio del Interior, porque corresponden a sistemas de recopilación diferentes y pueden existir coincidencias entre los casos.
Una tendencia europea que exige atención
La controversia española se produce en un contexto europeo preocupante. El informe 2026 del OIDAC identificó 2,465 delitos e incidentes de odio contra cristianos en Europa durante 2025. La cifra supera los 2,211 registrados en 2024 y los 2,444 de 2023, aunque el propio observatorio aclara que su metodología utiliza la cifra más alta disponible para cada país con el propósito de evitar sumar registros gubernamentales y civiles potencialmente superpuestos.
Uno de los datos más relevantes es el incremento de las agresiones contra personas. Los ataques físicos, amenazas y actos de acoso pasaron de 274 en 2024 a 395 en 2025, un aumento aproximado del 44 por ciento. Francia, Reino Unido y Alemania concentraron las cifras más elevadas, mientras que el documento también identificó agresiones graves en otros países europeos.
El informe no se limita a los ataques contra personas y edificios religiosos. También aborda restricciones que, según el OIDAC, afectan la libertad de culto, la expresión de convicciones religiosas, la autonomía de las instituciones eclesiásticas, la objeción de conciencia y la educación religiosa. Estas situaciones deben analizarse caso por caso, distinguiendo entre una restricción legítima establecida por la ley y una medida discriminatoria contra alguien por sus creencias.
La exigencia de igualdad ante la protección institucional
El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia de España también cuestionó la clasificación utilizada por el Ministerio del Interior. Su presidenta, María García, sostuvo que si las autoridades identifican por separado el antisemitismo y la islamofobia, deberían aplicar el mismo criterio a la cristianofobia. La organización argumenta que no solicita un privilegio para los cristianos, sino un reconocimiento estadístico equivalente al que reciben otras comunidades religiosas.
La petición plantea un asunto de fondo para cualquier democracia: la igualdad en la protección de los derechos no debe depender de la religión, del número de creyentes ni de la posición cultural que una confesión haya ocupado históricamente. Una agresión contra una iglesia, una mezquita o una sinagoga debe investigarse con el mismo rigor cuando exista una motivación de odio religioso.
Por ello, la discusión no debería convertirse en una competencia entre comunidades para determinar cuál sufre más discriminación. El reconocimiento de la violencia antisemita o antimusulmana no resta importancia a las agresiones anticristianas, del mismo modo que visibilizar estas últimas no justifica minimizar las que padecen otras confesiones.
La solicitud del OIDAC de establecer una coordinación europea específica contra el odio anticristiano se inscribe en esa discusión. El organismo propone que exista una figura institucional con mandato y recursos comparables a los mecanismos europeos destinados a combatir el antisemitismo y el odio antimusulmán.
En última instancia, las estadísticas no son simples instrumentos administrativos: permiten dimensionar los problemas, orientar políticas públicas y evaluar si las instituciones cumplen con su responsabilidad. Cuando una categoría demasiado amplia impide reconocer a las víctimas y sus circunstancias, el Estado pierde capacidad para comprender y combatir el fenómeno.
España tiene ante sí una oportunidad para mejorar sus mecanismos de registro sin establecer jerarquías entre religiones. La libertad religiosa no se defiende seleccionando qué comunidades merecen mayor visibilidad, sino garantizando que ninguna quede fuera de la protección pública. Porque aquello que no se identifica con precisión difícilmente puede prevenirse, investigarse y sancionarse con la eficacia que exige un Estado democrático.


