Islandia acudió este sábado a las urnas para decidir si reanuda las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, en una consulta marcada por el costo de vida, la defensa de la pesca y un nuevo escenario geopolítico en el Atlántico Norte.
Más de una década después de que las negociaciones con la Unión Europea quedaran suspendidas, los islandeses regresaron a las urnas para decidir si su país vuelve a sentarse frente a Bruselas. La pregunta parece sencilla, pero detrás de ella se encuentra uno de los debates políticos más delicados de la historia reciente de la nación nórdica: cuánto está dispuesta a ceder Islandia en materia de soberanía a cambio de mayor estabilidad económica y una relación más estrecha con Europa.
El referendo no decide la entrada de Islandia en la Unión Europea. Lo que está en juego es si el Gobierno podrá reanudar formalmente las conversaciones de adhesión. De acuerdo con la Comisión Electoral Nacional de Islandia, el resultado de la consulta tiene carácter consultivo. Si triunfa el «sí», comenzaría un proceso de negociación que posteriormente tendría que desembocar en otro referendo para decidir sobre una eventual incorporación al bloque.
La consulta llega después de un proceso que comenzó tras la crisis financiera de 2009, cuando Islandia solicitó su ingreso a la Unión Europea. Las negociaciones avanzaron durante varios años, pero fueron suspendidas en 2013 después del cambio de Gobierno y el regreso de una postura más euroescéptica. El propio Gobierno islandés ha confirmado que aquella solicitud nunca fue retirada formalmente y que las negociaciones quedaron simplemente en pausa.
Ahora el escenario es distinto. Las encuestas previas mostraban una sociedad prácticamente dividida, con una ligera ventaja para quienes se oponen a reabrir las conversaciones. Una medición de Gallup citada por Reuters y otros medios situaba el «no» en 51,6 por ciento y el «sí» en 48,4 por ciento, una diferencia suficientemente estrecha como para mantener la incertidumbre hasta el cierre de las urnas.
Y es que para muchos islandeses la discusión no se limita a Europa. También tiene que ver con el dinero que cuesta vivir en el país. Islandia ya forma parte del Espacio Económico Europeo y del espacio Schengen, por lo que sus ciudadanos disfrutan de un amplio acceso al mercado único europeo sin ser miembros de la Unión. Precisamente por eso, los partidarios de mantener la situación actual preguntan qué beneficios adicionales justificarían aceptar las obligaciones de pertenecer al bloque.
Uno de los argumentos a favor está relacionado con la moneda. Islandia conserva la corona islandesa, una divisa que ha mostrado episodios de volatilidad y que convive con tasas de interés elevadas. Según un análisis citado por Reuters, el Ministerio de Finanzas y Asuntos Económicos ha considerado que los costos de mantener una moneda propia podrían superar sus beneficios y que una eventual adopción del euro podría reducir ciertos costos financieros y de transacción.
Para una familia que enfrenta una hipoteca cara, la discusión deja de ser abstracta. La posibilidad de acceder en el futuro a condiciones monetarias más estables puede resultar mucho más tangible que cualquier debate institucional sobre Bruselas. Al mismo tiempo, adoptar el euro no sería automático por el simple hecho de iniciar negociaciones y requeriría cumplir las condiciones correspondientes.
El otro gran obstáculo tiene nombre propio: pesca.
La industria pesquera es uno de los pilares de la economía islandesa y el control de sus aguas representa una cuestión especialmente sensible. Al ingresar a la Unión Europea, Islandia tendría que integrarse a la Política Pesquera Común, lo que alimenta el temor entre los opositores a perder margen de decisión sobre las cuotas, los recursos marinos y el acceso de otras flotas a sus aguas.
Medios como Al Jazeera y The Guardian han identificado precisamente la pesca y la soberanía como algunos de los principales puntos de tensión de la consulta. Para el sector pesquero, no se trata únicamente de una cuestión comercial, sino de conservar el control sobre un recurso estratégico en un país donde las condiciones geográficas hacen que determinadas actividades económicas tengan un peso mucho mayor que en otras naciones europeas.
Los defensores de la negociación, en cambio, sostienen que Islandia tendría la oportunidad de sentarse en la mesa y establecer sus condiciones antes de tomar una decisión definitiva. El primer referendo, por tanto, no obliga al país a ingresar en la Unión Europea; abre la puerta a negociar.
Hay además un elemento que hace que esta consulta sea diferente a la de hace más de una década: la seguridad.
La guerra de Rusia contra Ucrania y la creciente importancia estratégica del Ártico han modificado el entorno de seguridad europeo. Islandia es miembro fundador de la OTAN, pero no cuenta con fuerzas armadas permanentes y depende de la alianza atlántica y de su relación de defensa con Estados Unidos.
En este contexto, las tensiones alrededor de Groenlandia también han entrado en el debate. Las declaraciones y amenazas de Donald Trump respecto de la isla autónoma perteneciente al Reino de Dinamarca han provocado inquietud entre algunos islandeses y han reavivado preguntas sobre la confiabilidad futura del paraguas de seguridad estadounidense.
El País y Al Jazeera coinciden en señalar que las transformaciones geopolíticas del Atlántico Norte han dado una nueva dimensión al debate europeo. La cuestión ya no es solamente si Islandia necesita un mercado más amplio o una moneda más estable, sino también cómo quiere posicionarse una pequeña nación del Atlántico Norte frente a un entorno internacional cada vez más imprevisible.
Para la Unión Europea, el resultado también tiene importancia. Islandia ya está profundamente vinculada al mercado comunitario, pero su eventual adhesión ampliaría la presencia europea en el Atlántico Norte y reforzaría el peso del bloque en una región de creciente importancia estratégica.
Sin embargo, incluso una victoria del «sí» no resolvería las principales diferencias. La pesca, la soberanía, la agricultura, la moneda y las condiciones económicas tendrían que ser negociadas durante un proceso que podría prolongarse durante años. Y al final, los islandeses volverían a tener la última palabra.
Por eso, la votación de este sábado debe entenderse como el comienzo de una posible nueva etapa, no como una decisión definitiva sobre la pertenencia de Islandia a la Unión Europea. El país no está eligiendo todavía entre Reikiavik y Bruselas. Está decidiendo si quiere volver a explorar ese camino.
