La Conferencia Episcopal Española presentó su primer informe sobre hechos que podrían constituir delitos contra la libertad religiosa de los católicos, con 131 incidentes registrados durante 2025. Aunque los robos concentran la mayor parte de los casos, el documento también recoge vandalismo, amenazas, agresiones, profanaciones y expresiones ofensivas. La Iglesia reconoce que el registro todavía es incompleto, pero considera necesario comenzar a documentar una realidad que, hasta ahora, no había recibido suficiente atención institucional.

La Oficina para la Libertad Religiosa de la Conferencia Episcopal Española (CEE) presentó el 19 de noviembre un informe que busca identificar, clasificar y visibilizar actos contra la libertad religiosa de los católicos en España. El documento contabiliza 131 hechos registrados durante 2025 y constituye el primer ejercicio de recopilación sistemática impulsado por este organismo episcopal.

El director de la oficina, Rafael Vázquez, explicó que la iniciativa busca contribuir a la defensa de un derecho fundamental y promover una convivencia basada en el respeto a las creencias religiosas. La presentación se realizó ante los obispos reunidos en la Asamblea Plenaria, donde, según el responsable, el documento generó conciencia sobre la necesidad de que la Iglesia también atienda este tipo de situaciones.

La mayoría de los incidentes recopilados corresponde a robos, aunque el informe incluye diferentes expresiones de violencia, hostilidad y ataques contra personas, símbolos y espacios religiosos.

Robos, vandalismo y profanaciones entre los incidentes registrados

De los 131 hechos documentados, 56 corresponden a robos, una cifra que representa la categoría más numerosa. El registro también incluye 12 casos de otras formas de vandalismo, 11 relacionados con difamación desde la libertad de expresión y nueve casos en cada una de las categorías de amenazas, ataques contra lugares de culto y profanaciones de tumbas o imágenes religiosas.

Asimismo, se contabilizaron seis casos de difamación desde la libertad artística, siete de asalto físico y siete de profanación de sagrarios. El informe no registró homicidios ni incendios intencionados dentro de las categorías consideradas.

Las cifras reflejan una diversidad de situaciones que no necesariamente tienen la misma naturaleza jurídica ni responden a idénticas motivaciones. Un robo cometido en un templo, una agresión física, una amenaza y una expresión artística controvertida requieren mecanismos de investigación y valoración distintos. Por ello, el propio proceso de clasificación representa uno de los retos del informe.

Ricardo García, colaborador de la Oficina para la Libertad Religiosa, reconoció que la tipificación de los hechos no es sencilla y que puede presentar errores. Esta advertencia resulta importante, porque la recopilación de incidentes no equivale automáticamente a la acreditación judicial de delitos ni permite atribuir todos los casos a una motivación de odio religioso.

Un informe todavía incompleto

La Conferencia Episcopal reconoció que el documento no es exhaustivo. Su elaboración se apoyó principalmente en hechos publicados en medios de comunicación y en la información remitida por algunas diócesis, sin contar todavía con los datos de todas las comunidades eclesiásticas del país.

Rafael Vázquez calificó el informe como significativo, aunque limitado, y expresó la intención de mejorar su alcance para futuras ediciones. La oficina también ha comenzado a trabajar con responsables diocesanos, incluidos cancilleres, para proporcionar formación básica sobre cómo documentar y denunciar estos incidentes, así como sobre los protocolos de actuación recomendados por las fuerzas de seguridad.

El director del organismo señaló además que dentro de la Iglesia ha existido cierta tendencia a minimizar las ofensas o evitar denunciarlas, una actitud que, en su opinión, ha contribuido a que algunos hechos no reciban el seguimiento necesario. El objetivo ahora es promover una cultura de documentación, denuncia y protección, sin caer en el alarmismo.

La diferencia entre los 131 hechos recopilados por la CEE y los 173 ataques identificados por el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia durante el mismo año también pone de manifiesto la importancia de establecer criterios comunes de registro. Las cifras no deben interpretarse como una contradicción automática, pues las metodologías, categorías y mecanismos de recopilación pueden ser diferentes.

¿Existe cristianofobia en España?

El informe también reabre el debate sobre el reconocimiento institucional de la hostilidad contra los cristianos. Ricardo García señaló que las estadísticas oficiales españolas contemplan categorías específicas para hechos dirigidos contra comunidades judías y musulmanas, mientras que los ataques contra cristianos no cuentan con una clasificación equivalente que permita identificarlos de manera sistemática.

La cuestión ha adquirido relevancia en el ámbito europeo, donde el Parlamento Europeo ha planteado la necesidad de impulsar mecanismos de seguimiento de la cristianofobia, en línea con otras iniciativas destinadas a combatir la intolerancia religiosa.

Consultado sobre si existe cristianofobia en España, Rafael Vázquez reconoció que hay ofensas y ataques contra cristianos por razón de su fe, aunque evitó establecer una definición más amplia que pudiera implicar una interpretación ideológica o estructural del fenómeno.

El debate también coincide con la incorporación del término «cristianofobia» al diccionario de la Real Academia Española, definido como aversión hacia el cristianismo, los cristianos o lo cristiano. La inclusión aporta reconocimiento lingüístico a un concepto, aunque no constituye por sí misma una clasificación jurídica ni demuestra la existencia de un fenómeno con determinadas dimensiones estadísticas.

La libertad religiosa también exige rigor y protección

La presentación de este primer informe representa un paso para la Iglesia española en la identificación de hechos que afectan a sus comunidades y en la construcción de mecanismos de denuncia. Sin embargo, su alcance dependerá de que las futuras ediciones incorporen información más amplia, criterios verificables, categorías consistentes y datos que permitan distinguir con claridad los delitos acreditados, las denuncias, los incidentes y las expresiones de hostilidad.

Defender la libertad religiosa implica proteger a las personas frente a amenazas, agresiones, discriminación y ataques motivados por sus creencias. También exige preservar las garantías jurídicas, la libertad de expresión y la distinción entre una manifestación crítica, por incómoda que resulte, y una conducta que efectivamente vulnere derechos o constituya un delito.

Documentar estas agresiones es necesario. Hacerlo con rigor es igualmente indispensable. La libertad religiosa no debe depender de la simpatía que una sociedad tenga hacia determinada confesión, sino del reconocimiento de un derecho fundamental que protege tanto a quienes creen como a quienes no profesan religión alguna. El desafío para España será convertir este primer registro en una herramienta confiable que permita prevenir la intolerancia, proteger a las víctimas y fortalecer una convivencia democrática en la que ninguna persona sea atacada por sus convicciones.