Una reforma vetada por Lula y respaldada por el Congreso podría beneficiar a Bolsonaro si supera la revisión constitucional del Supremo
Notipress.- Diciembre será determinante para el futuro penitenciario de Jair Bolsonaro, cuya condena podría experimentar cambios importantes sin quedar anulada. El Supremo de Brasil deberá resolver si una ley aprobada por el Congreso permite reducir las penas por delitos vinculados al intento golpista.
El expresidente brasileño podría pasar de siete años a aproximadamente dos años y tres meses en régimen cerrado, según estimaciones judiciales difundidas en Brasil. Esa posibilidad surge después de la derrota electoral de su hijo Flávio Bolsonaro, quien había prometido sacar a su padre de prisión si ganaba la presidencia.
Actualmente, Bolsonaro cumple su condena bajo prisión domiciliaria por problemas de salud, después de recibir sentencia en septiembre de 2025. Su situación podría cambiar nuevamente si los magistrados consideran constitucional la denominada Ley de Dosimetría, cuya aplicación permanece suspendida desde mayo.
Cómo funciona la ley que podría reducir la condena
La Ley de Dosimetría modifica los criterios utilizados para calcular las penas de personas condenadas por delitos contra el Estado democrático de derecho. Su principal cambio consiste en impedir la acumulación de determinadas condenas cuando los delitos presentan características semejantes.
En el caso de Bolsonaro, esta disposición afectaría las penas por intento de golpe de Estado y abolición violenta del orden democrático. Además, facilitaría el acceso a regímenes penitenciarios menos estrictos, sin eliminar los delitos cometidos ni anular las sentencias judiciales.
De aprobarse su aplicación, el expresidente podría abandonar el régimen cerrado hacia finales de 2027 y continuar cumpliendo su condena bajo otras modalidades penitenciarias. Sin embargo, ese escenario dependerá tanto de la decisión constitucional como del posterior cálculo judicial de los tiempos de cumplimiento.
La reforma también podría beneficiar a otros condenados por la conspiración posterior a las elecciones presidenciales de 2022 y los acontecimientos de enero de 2023. Más de 1.500 personas fueron procesadas por el asalto a las sedes de los tres poderes brasileños, aunque no todas recibieron penas de prisión.
Del indulto prometido por Flávio a la decisión del Supremo
Durante la campaña presidencial, Flávio Bolsonaro aseguró que una de sus primeras decisiones como mandatario sería liberar a su padre. Sin embargo, perdió la segunda vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva, quien consiguió un cuarto mandato presidencial.
Ahora, la posible reducción de las condiciones de reclusión depende de una reforma aprobada por el Congreso en diciembre de 2025. Lula vetó inicialmente la legislación, pero los parlamentarios anularon posteriormente esa decisión y permitieron su promulgación en mayo.
El magistrado Alexandre de Moraes suspendió provisionalmente sus efectos tras recibir impugnaciones que cuestionaban la compatibilidad de la norma con la Constitución brasileña. Mientras el Congreso defendió su validez, la Abogacía General de la Unión cuestionó aspectos de su aprobación y contenido.
Por su parte, la Fiscalía General sostuvo que la reforma respeta la Constitución porque modifica criterios de cumplimiento sin eliminar delitos ni condenas. La votación de diciembre determinará si esa modificación puede aplicarse a Bolsonaro y a otros sentenciados por los acontecimientos golpistas.


