Mérida presume tranquilidad, crecimiento y calidad de vida, pero sus calles y carreteras cuentan una historia cada vez más preocupante. Los accidentes viales se han convertido en una amenaza cotidiana que cobra vidas, deja familias destrozadas y evidencia que la seguridad de quienes transitan por la ciudad sigue sin ser una prioridad efectiva.
Hay tragedias que, de tanto repetirse, corren el riesgo de convertirse en parte del paisaje. Un motociclista que pierde la vida, un peatón atropellado, un automóvil destrozado contra un poste o una familia que no llega a su destino. La noticia aparece, circula unas horas en redes sociales, genera indignación y después desaparece, desplazada por el siguiente accidente. Sin embargo, detrás de cada reporte hay una vida que terminó y una familia obligada a enfrentar una ausencia irreparable.
Lo que está ocurriendo en Mérida y en las vialidades de Yucatán no puede seguir interpretándose como una sucesión de hechos aislados. La siniestralidad vial se ha convertido en un problema de seguridad pública que exige atención urgente, porque las cifras revelan una realidad que contradice la imagen de tranquilidad con la que frecuentemente se vende nuestra ciudad.
De acuerdo con los registros del ingeniero René Flores Ayora, auditor en Seguridad Vial, hasta mediados de noviembre de 2026 se contabilizaban alrededor de 218 personas fallecidas en siniestros de tránsito en Yucatán, cifra que posteriormente fue reportada en 219 víctimas por otros medios. Entre los fallecidos, los motociclistas representan el grupo más golpeado, con más de un centenar de muertes. Le siguen conductores, peatones, acompañantes y ciclistas. No se trata de números fríos, sino de personas que salieron de casa sin imaginar que no regresarían.
El dato más alarmante es precisamente la vulnerabilidad de quienes se desplazan en motocicleta. Su crecimiento en Mérida responde, en buena medida, a necesidades económicas, laborales y de transporte. Para muchos trabajadores representa la posibilidad de llegar a tiempo, ahorrar dinero y recorrer distancias que el transporte público no siempre resuelve de manera eficiente. Pero esa accesibilidad tiene un costo cuando las calles no ofrecen condiciones seguras, los conductores no respetan las normas y la velocidad se convierte en una amenaza constante.
El Periférico de Mérida es uno de los ejemplos más evidentes de esta problemática. Durante 2026, esta vialidad ha acumulado más de dos decenas de muertes, entre peatones, motociclistas, ciclistas, conductores y pasajeros. Su diseño, las velocidades de circulación, las incorporaciones, los cruces y la falta de protección en determinados tramos convierten algunos puntos en auténticos espacios de riesgo. No basta con advertir que se trata de una vía peligrosa; lo verdaderamente urgente es intervenirla.
Pero el problema tampoco se limita al Periférico. En avenidas, calles de colonias, cruces, zonas comerciales y entornos escolares se repiten conductas que ponen en peligro a todos: exceso de velocidad, uso del celular mientras se conduce, consumo de alcohol, invasión de pasos peatonales, maniobras imprudentes, falta de distancia entre vehículos y desprecio por las señales de tránsito. La imprudencia existe y debe sancionarse, pero sería cómodo y profundamente irresponsable reducir toda la crisis a la falta de cultura vial de los ciudadanos.
También hay que hablar de la ciudad que estamos construyendo. Mérida crece, se expande y recibe cada vez más vehículos, mientras miles de personas tienen que desplazarse diariamente entre fraccionamientos, centros de trabajo, escuelas, hospitales y zonas comerciales. En muchos sectores, caminar resulta incómodo o peligroso; cruzar una avenida implica esperar, correr o confiar en que los automovilistas se detendrán; utilizar una bicicleta significa compartir espacios con vehículos que circulan a velocidades muy superiores. Y es que una ciudad no se vuelve moderna solamente porque construya más calles o permita que circulen más automóviles.
La seguridad vial también depende de las decisiones públicas. De la calidad de las banquetas, de los cruces, de la iluminación, de los señalamientos, de la regulación de velocidades, de la infraestructura para ciclistas y motociclistas y, por supuesto, de la vigilancia efectiva. Si una vialidad permite que los vehículos circulen a velocidades que hacen prácticamente imposible sobrevivir a un atropellamiento, si los cruces son insuficientes o si los puntos de riesgo permanecen sin intervención, entonces el problema no puede atribuirse exclusivamente a quien conduce.
En noviembre, durante la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito, colectivos ciudadanos y especialistas insistieron en la necesidad de reducir la velocidad y exigir mejores condiciones de movilidad. El llamado no es menor. La velocidad determina no solamente la posibilidad de evitar un choque, sino también la gravedad de sus consecuencias. Por eso, respetar los límites establecidos en zonas escolares, hospitales, colonias, avenidas y carreteras puede marcar la diferencia entre un incidente y una muerte.
La tragedia, sin embargo, es que seguimos discutiendo estas medidas después de que alguien pierde la vida. Seguimos contando víctimas, compartiendo fotografías de accidentes y expresando indignación, pero pocas veces mantenemos la presión suficiente para exigir que las autoridades modifiquen las condiciones que hacen posible que estos hechos se repitan. La prevención no puede depender de campañas ocasionales ni de recomendaciones que se olvidan al terminar el anuncio institucional.
Una ciudad segura no es aquella que tiene más patrullas, ni la que presume estadísticas de tranquilidad, ni aquella donde los accidentes se consideran inevitables. Es una ciudad que protege a quienes la habitan, que entiende que el espacio público pertenece a todos y que no privilegia la velocidad sobre la vida. Es también una sociedad que asume su responsabilidad, que respeta las reglas y que deja de justificar la imprudencia como si llegar cinco minutos antes valiera más que la integridad de otra persona.
Mérida necesita reconocer que enfrenta una crisis de seguridad vial. Necesita autoridades que dejen de reaccionar solamente ante la tragedia, ciudadanos que conduzcan con responsabilidad y una política de movilidad que coloque la vida en el centro de sus decisiones. No podemos acostumbrarnos a que cada semana haya una nueva víctima, ni aceptar que las muertes en calles y carreteras sean el precio inevitable del crecimiento.
Porque detrás de cada accidente hay alguien que no volverá a casa. Y mientras esa realidad siga siendo tratada como una estadística más, Mérida continuará creciendo, sí, pero sin resolver una de sus contradicciones más dolorosas: ser una ciudad que presume calidad de vida mientras salir a la calle puede convertirse, para demasiadas personas, en un riesgo mortal.


