Las autoridades reportan multas, operativos de alcoholimetría, vigilancia, cursos y acciones de prevención; sin embargo, las muertes en accidentes viales continúan acumulándose en Yucatán. La pregunta ya no es cuántas acciones se realizan, sino qué tan efectivas están siendo para evitar que las personas pierdan la vida en las calles y carreteras.

En materia de seguridad vial, las autoridades suelen tener una respuesta inmediata cuando se les cuestiona sobre los accidentes: operativos, multas, filtros de alcoholimetría, campañas de concientización y vigilancia policial. Todo parece estar en marcha. Hay cifras, reportes, estrategias y acciones institucionales que buscan transmitir la idea de que el problema se está atendiendo. Sin embargo, cuando uno observa el número de personas que continúan perdiendo la vida en las vialidades de Yucatán, resulta inevitable preguntarse si estamos frente a una estrategia realmente efectiva o ante una política que, pese a sus esfuerzos, no está logrando cambiar la realidad.

La preocupación no es menor. De acuerdo con los registros del auditor en Seguridad Vial René Flores Ayora, difundidos por Novedades Yucatán el 16 de noviembre, en el estado se contabilizaban 218 personas fallecidas en siniestros viales durante 2026. De ellas, 114 eran motociclistas. El Periférico de Mérida acumulaba 25 víctimas mortales en ese mismo periodo, mientras otras publicaciones reportaban hasta 28 fallecimientos en esa vialidad al corte del 7 de noviembre, según las actualizaciones del registro. Más allá de las diferencias de corte estadístico, el problema es evidente y no admite discursos complacientes.

Ahora bien, sería injusto afirmar que las autoridades no hacen nada. El primer informe de gobierno de Yucatán documenta acciones importantes en materia de vigilancia y control vial. Durante 2025, la Secretaría de Seguridad Pública reportó 65 mil 792 boletas de infracción en Mérida y su periferia, 528 operativos de alcoholimetría que derivaron en mil 810 detenciones por conducir en estado de ebriedad, además de 365 operativos por exceso de velocidad en el Periférico, donde se emitieron 6 mil 525 infracciones.

El mismo informe señala que se repararon mil 535 semáforos, se instalaron 2 mil 269 señalizaciones reflejantes y se atendieron 114 trabajos prioritarios de ingeniería de tránsito. Son acciones que deben reconocerse porque forman parte de las obligaciones institucionales de garantizar la seguridad en las vialidades. No obstante, reconocerlas no significa que debamos dejar de cuestionar sus resultados, ni asumir que la cantidad de operativos realizados es suficiente para demostrar que existe una política eficaz.

Y es precisamente ahí donde comienza el problema. Una multa no es, por sí misma, una medida de prevención; un operativo no garantiza que una vialidad sea segura; una campaña de concientización no sustituye una infraestructura adecuada, y reparar un semáforo no resuelve necesariamente los riesgos de un cruce mal diseñado. Las acciones pueden ser necesarias, pero su efectividad debe medirse en función de aquello que realmente importa: la disminución de accidentes, lesiones graves y fallecimientos.

En el Periférico de Mérida, por ejemplo, las advertencias sobre su peligrosidad llevan tiempo presentes. Especialistas en ingeniería vial han señalado la necesidad de revisar accesos, salidas, zonas de entrecruzamiento, límites de velocidad y elementos de protección. Entre las propuestas se encuentran instalar radares, fortalecer la vigilancia, colocar barreras metálicas y realizar una reingeniería de los puntos de mayor riesgo. Cuando una vialidad acumula año tras año víctimas mortales, no basta con exhortar a los conductores a manejar con precaución. Es indispensable intervenir sobre las condiciones que hacen que un accidente pueda convertirse en una tragedia.

La política de seguridad vial tampoco puede reducirse a perseguir conductores que exceden la velocidad o manejan bajo los efectos del alcohol. Por supuesto que esas conductas deben sancionarse; nadie puede defender la irresponsabilidad al volante. Pero también es necesario preguntarse por qué tantas vialidades permiten velocidades peligrosas, por qué existen cruces donde los peatones quedan expuestos, por qué la infraestructura para ciclistas es insuficiente y por qué los motociclistas continúan desplazándose en condiciones de vulnerabilidad.

La responsabilidad de quien conduce no desaparece, pero tampoco puede convertirse en una excusa para que el gobierno evite revisar el diseño de las calles, la planeación urbana y las condiciones de movilidad. La seguridad vial es una responsabilidad compartida, aunque las obligaciones de las autoridades son particularmente importantes porque tienen la facultad, los recursos y la capacidad de transformar el entorno en el que millones de personas se desplazan diariamente.

Además, existe una cuestión que debería ser fundamental en cualquier estrategia pública: la transparencia. La ciudadanía necesita conocer no solamente cuántas multas se levantaron o cuántos operativos se realizaron, sino cuántos accidentes ocurrieron en las zonas intervenidas, cuántas personas resultaron lesionadas, cuántas fallecieron y si las medidas aplicadas consiguieron reducir los riesgos. ¿Cuáles son las vialidades con mayor incidencia? ¿Qué puntos han sido identificados como peligrosos? ¿Qué presupuesto se ha destinado a corregirlos? ¿Cuáles son las metas de reducción de muertes y lesiones para este año? ¿Quién evalúa los resultados?

Si las autoridades cuentan con información suficiente para desplegar operativos, también deberían contar con mecanismos para evaluar sus resultados. No se trata de exigir estadísticas por simple burocracia, sino de establecer una política pública que permita saber qué funciona, qué debe corregirse y dónde es urgente intervenir. De lo contrario, corremos el riesgo de repetir las mismas acciones, año tras año, mientras las cifras de víctimas siguen alimentando una estadística que parece no generar suficiente presión para cambiar las cosas.

La seguridad vial requiere prevención, vigilancia y sanción, pero también infraestructura, tecnología, planeación y voluntad política. Requiere que los límites de velocidad se respeten y se hagan cumplir, que los cruces sean seguros, que las vialidades estén correctamente señalizadas, que existan condiciones para caminar y utilizar bicicleta, que los motociclistas cuenten con protección adecuada y que los puntos de mayor riesgo reciban atención prioritaria. Y, sobre todo, exige que la vida humana deje de ser una variable secundaria en las decisiones de movilidad.

Las autoridades de Yucatán tienen frente a sí un problema que no puede resolverse únicamente con anuncios ni con estadísticas de actividad. Los operativos son necesarios, las campañas son importantes y las sanciones tienen un propósito legítimo, pero ninguna de estas acciones debería presentarse como un logro definitivo mientras los accidentes mortales continúen ocurriendo con esta frecuencia.

Gobernar también significa reconocer cuando las medidas implementadas no son suficientes. Significa corregir, invertir, modificar estrategias y rendir cuentas. La seguridad vial no puede convertirse en una política que se evalúe por el número de patrullas desplegadas, infracciones levantadas o cursos impartidos, sino por su capacidad para evitar que una persona muera mientras intenta llegar a su trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o regresar a casa.

Porque al final, detrás de cada operativo hay una obligación de prevenir; detrás de cada multa, una responsabilidad de corregir conductas; detrás de cada campaña, un compromiso de proteger vidas. Y si las muertes continúan acumulándose, la pregunta que debe hacerse el gobierno no es cuántas acciones ha realizado, sino qué más está dispuesto a hacer para que la siguiente víctima no sea alguien que simplemente salió de casa y nunca regresó.