Mérida vive una expansión urbana acelerada que ha transformado su territorio, multiplicado los desplazamientos y aumentado la presión sobre sus vialidades. Sin embargo, detrás de los nuevos fraccionamientos, centros comerciales y avenidas, existe una pregunta que pocas veces se plantea con suficiente seriedad: ¿estamos construyendo una ciudad para que las personas vivan mejor o simplemente una ciudad donde cada vez se necesitan más vehículos para sobrevivir a la distancia?

Mérida está creciendo. Basta recorrer el norte, el poniente o las zonas periféricas de la ciudad para observar cómo antiguos terrenos se transforman en fraccionamientos, plazas comerciales, desarrollos habitacionales y nuevas vialidades. La ciudad se expande, sus límites urbanos parecen desplazarse constantemente y cada vez son más las personas que viven lejos de sus centros de trabajo, escuelas, hospitales o servicios básicos. El crecimiento, por supuesto, no es negativo en sí mismo. Una ciudad que atrae población, inversión y oportunidades tiene posibilidades de desarrollo; el problema aparece cuando ese crecimiento no viene acompañado de una planeación capaz de garantizar condiciones dignas, accesibles y seguras para quienes la habitan.

Y es que Mérida no solamente está creciendo en población, también lo está haciendo en territorio. De acuerdo con información publicada por Gaceta UNAM en enero de 2026, la zona metropolitana pasó de aproximadamente 800 mil habitantes en el año 2000 a 1.3 millones en 2020. En ese mismo periodo, la superficie construida prácticamente se duplicó, al pasar de 21 mil 103 a 42 mil 186 hectáreas. El investigador Adrián Guillermo Aguilar Martínez, del Instituto de Geografía de la UNAM, advierte que este proceso está acompañado de una expansión hacia las periferias, desarrollos dispersos y una creciente fragmentación del espacio urbano.

Las consecuencias de esta expansión no son difíciles de entender. Cuando la vivienda se construye lejos de los centros de empleo, de los servicios y de las principales actividades económicas, las personas necesitan recorrer distancias mayores. Cuando las colonias no cuentan con suficiente conectividad, el automóvil y la motocicleta dejan de ser una opción para convertirse en una necesidad. Y cuando el transporte público no responde de manera eficiente a esas nuevas distancias, miles de ciudadanos terminan resolviendo su movilidad como pueden, muchas veces en condiciones de riesgo.

En ese contexto, el crecimiento del parque vehicular y la multiplicación de motocicletas no pueden sorprendernos. Son, en buena medida, consecuencia de una ciudad que se expande más rápido de lo que logra organizar sus sistemas de movilidad. La motocicleta se ha convertido en una alternativa económica para trabajadores, estudiantes, repartidores y familias que necesitan trasladarse diariamente. Pero también representa una mayor exposición a accidentes cuando se circula por vialidades diseñadas para velocidades elevadas, con cruces conflictivos, incorporaciones peligrosas y escasa protección para quienes utilizan vehículos de menor tamaño.

El Anillo Periférico de Mérida se ha convertido en una expresión de estas contradicciones. Es una vialidad indispensable para conectar distintos puntos de la ciudad y de su zona metropolitana, pero también concentra riesgos que se han evidenciado con el número de accidentes y personas fallecidas. Su funcionamiento no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de la fluidez vehicular. También es necesario preguntarse cómo se incorporan los vehículos, qué condiciones existen para cruzarlo, qué protección tienen los peatones, dónde se encuentran los puntos de mayor riesgo y qué alternativas de transporte se ofrecen a quienes no cuentan con automóvil.

En marzo de 2026, especialistas del Observatorio de Movilidad Sustentable de Mérida advirtieron, en declaraciones recogidas por PorEsto!, que el crecimiento urbano estaba rebasando las condiciones de infraestructura del Periférico y que era necesario atender sus rezagos estructurales antes de continuar impulsando nuevos proyectos viales. La advertencia merece atención. No se trata de oponerse a las obras ni de negar la necesidad de mejorar la conectividad, sino de cuestionar una lógica que durante décadas ha intentado resolver los problemas de movilidad aumentando la capacidad para los automóviles, sin necesariamente modificar las condiciones que producen cada vez más desplazamientos.

Porque construir una avenida más amplia puede aliviar temporalmente el congestionamiento, pero si las distancias entre vivienda, trabajo, escuela y servicios siguen aumentando, la demanda de viajes continuará creciendo. Es una dinámica que termina reproduciéndose: más vehículos, más tráfico, más infraestructura, más expansión y, nuevamente, más vehículos. La ciudad se convierte en una maquinaria que obliga a sus habitantes a pasar cada vez más tiempo desplazándose, mientras caminar, utilizar bicicleta o depender del transporte público se vuelve una alternativa complicada para muchas personas.

El problema también tiene una dimensión profundamente desigual. No todos vivimos la ciudad de la misma manera. Quien conduce un automóvil tiene, en términos generales, mayor protección ante un accidente que un motociclista, un ciclista o un peatón. Quien vive en una zona con servicios cercanos puede resolver buena parte de sus necesidades sin recorrer grandes distancias, mientras que quien habita en una periferia desconectada depende de transporte, combustible, tiempo y dinero para llegar a prácticamente cualquier lugar. La movilidad, por lo tanto, no es solamente un asunto de tránsito: también es un problema de acceso a oportunidades y de desigualdad urbana.

Una ciudad que obliga a sus habitantes a desplazarse grandes distancias para trabajar, estudiar, comprar alimentos o acceder a servicios está trasladando parte de sus costos de planeación a las familias. Esas horas perdidas en el tráfico, el gasto en combustible, el mantenimiento de una motocicleta o un automóvil y el riesgo de sufrir un accidente forman parte de una carga cotidiana que pocas veces aparece cuando se anuncian nuevos desarrollos inmobiliarios o proyectos de infraestructura.

El propio Ayuntamiento de Mérida ha reconocido la necesidad de replantear el crecimiento urbano. En febrero de 2025, al iniciar el proceso de elaboración del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, señaló que la expansión dispersa y desordenada había generado desafíos en materia de conectividad, servicios públicos, seguridad y desarrollo territorial. El documento planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo de ciudad compacta, resiliente, accesible y con mayor equidad en el acceso a los servicios.

En agosto de 2026, el Cabildo aprobó el nuevo Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, un instrumento que busca establecer la ruta para el crecimiento de Mérida durante los próximos años. No obstante, su aprobación no representa por sí misma una solución. El verdadero desafío será que sus objetivos se traduzcan en decisiones concretas sobre usos del suelo, desarrollo inmobiliario, infraestructura, transporte, protección del espacio público y seguridad vial, y que esas decisiones puedan ser evaluadas por la ciudadanía.

Por otra parte, el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Mérida, cuya actualización fue presentada por el IMPLAN en 2024, reconoce que las condiciones de movilidad han cambiado de manera evidente y que todavía no se alcanza la visión planteada. Entre sus líneas de acción contempla integrar la planeación urbana con las necesidades de movilidad, mejorar la infraestructura, incorporar criterios de accesibilidad, fortalecer la intermodalidad y desarrollar intervenciones que permitan una circulación más segura para los distintos usuarios de la ciudad.

También el Gobierno del Estado ha comenzado a plantear una respuesta metropolitana. En julio de 2026 se realizaron foros de consulta para construir el Plan de Agua, Vialidades y Seguridad de Mérida y su zona metropolitana, en los que se reconoció la presión que el crecimiento demográfico y vehicular está ejerciendo sobre los servicios y la infraestructura. Posteriormente, se presentó el Plan Bienestar Metropolitano, que contempla una inversión de 4 mil 490.9 millones de pesos en un horizonte de tres años, de los cuales cerca de mil 600 millones se destinarían a la Red Metropolitana de Vialidades Seguras. Entre las acciones anunciadas se encuentran la modernización de intersecciones, la rehabilitación de pasos superiores vehiculares, iluminación y obras de infraestructura peatonal.

Son proyectos que, en principio, responden a necesidades reales. Sin embargo, su éxito dependerá de algo más que del presupuesto anunciado o de la cantidad de obras ejecutadas. Será necesario comprobar si reducen los tiempos de traslado, mejoran la conectividad entre municipios, disminuyen los accidentes, protegen a peatones y motociclistas y ofrecen alternativas para quienes no utilizan automóvil. De lo contrario, corremos el riesgo de invertir millones de pesos en infraestructura que alivie un problema inmediato, pero deje intactas las causas de fondo.

Mérida necesita una visión de ciudad que deje de colocar al automóvil en el centro de todas las decisiones. Necesita transporte público eficiente, rutas conectadas, banquetas continuas, cruces seguros, infraestructura ciclista protegida, calles accesibles y una planeación que acerque la vivienda a los servicios, al empleo y a los espacios públicos. Necesita, además, que los nuevos desarrollos inmobiliarios no se autoricen únicamente por su viabilidad comercial, sino también por su impacto en la movilidad, el entorno, los servicios y la calidad de vida de quienes vivirán en ellos.

El crecimiento urbano no debe medirse exclusivamente por la cantidad de viviendas construidas, los kilómetros de carretera, la inversión inmobiliaria o el número de vehículos que circulan. También debe medirse por el tiempo que una persona tarda en llegar a su trabajo, por la seguridad con la que un niño puede cruzar una calle, por la posibilidad de que un adulto mayor camine sin obstáculos, por el acceso al transporte público y por la cantidad de vidas que se protegen en cada decisión de infraestructura.

Mérida tiene la oportunidad de corregir el rumbo, pero para hacerlo necesita reconocer que el modelo de expansión que ha seguido genera costos que ya son visibles. Los accidentes viales, el congestionamiento, la dependencia del automóvil, la desigualdad en el acceso a la ciudad y la presión sobre los servicios públicos no son problemas independientes. Son síntomas de una misma realidad: el crecimiento urbano no siempre ha estado acompañado de una planeación que coloque a las personas por encima de los intereses de la circulación vehicular y del desarrollo inmobiliario.

Una ciudad verdaderamente moderna no es aquella que construye más avenidas ni la que permite que los automóviles circulen más rápido. Es aquella donde sus habitantes pueden desplazarse con seguridad, donde las distancias no condenan a las familias a perder horas de su vida en el tráfico y donde caminar, utilizar bicicleta o transporte público no significa exponerse al peligro o resignarse a un servicio deficiente.

Mérida seguirá creciendo. La pregunta es si seremos capaces de ordenar ese crecimiento antes de que sus consecuencias sean todavía más difíciles de corregir. Porque una ciudad puede multiplicar sus fraccionamientos, levantar nuevas plazas, ampliar sus vialidades y atraer inversiones; pero si no garantiza que las personas puedan vivir, trabajar y desplazarse con seguridad, entonces estaremos confundiendo desarrollo con expansión, progreso con construcción y modernidad con una interminable fila de automóviles.

El futuro de Mérida no debería decidirse por la velocidad con la que circulan sus vehículos, sino por la calidad de vida de quienes la habitan. Y esa calidad de vida comienza, precisamente, por el derecho de todos a llegar a casa sin que el trayecto se convierta en una amenaza.