A 77 años de su instauración, la gratuidad universitaria enfrenta recortes presupuestarios y nuevas controversias sobre el acceso
Notipress.- Argentina conmemora este domingo 22 de noviembre los 77 años de una decisión que transformó el acceso a la educación superior. Sin embargo, el aniversario llega en medio de una disputa entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas por su financiamiento.
La historia comenzó el 22 de noviembre de 1949, cuando el presidente Juan Domingo Perón firmó el Decreto 29.337 y eliminó los aranceles universitarios. Hasta entonces, estudiar en alguna de las seis universidades nacionales requería pagar cuotas que variaban según la carrera y la institución.
Esta medida amplió las posibilidades educativas de sectores trabajadores y familias con menores ingresos, aunque los estudiantes todavía debían afrontar otros gastos. La matrícula pasó de aproximadamente 47.000 alumnos en 1945 a 138.000 en 1955, en un período marcado también por transformaciones sociales y económicas.
¿Quién puede estudiar gratis en Argentina?
Actualmente, los argentinos y los extranjeros con residencia permanente pueden cursar carreras de grado en universidades públicas nacionales sin pagar matrícula. Sin embargo, las condiciones para otros estudiantes extranjeros cambiaron durante la administración de Milei, reabriendo una controversia sobre los límites de la gratuidad.
En mayo de 2025, el Decreto 366 modificó la legislación educativa y migratoria para permitir que las universidades cobren aranceles a extranjeros sin residencia permanente. La disposición no obliga a establecer esos pagos, sino que deja la decisión en manos de cada institución.
Hasta los últimos reportes citados, las universidades nacionales no habían implementado esos cobros, pese a contar con autorización legal. Por lo tanto, la posibilidad de cobrar no significa que todos los estudiantes extranjeros deban pagar actualmente por sus estudios.
El debate volvió a intensificarse en noviembre de 2026, cuando legisladores de La Libertad Avanza presentaron una iniciativa similar en la provincia de Buenos Aires. El proyecto propone establecer aranceles para extranjeros sin residencia permanente en universidades provinciales, aunque todavía debe atravesar el proceso legislativo.
El conflicto por los fondos que enfrenta a Milei con las universidades
Mientras continúa la discusión sobre los aranceles, el financiamiento público constituye el principal foco del enfrentamiento entre las autoridades universitarias y el Ejecutivo. Las universidades nacionales dependen de recursos estatales para sostener salarios, investigación, infraestructura y actividades académicas, independientemente de que sus estudiantes paguen matrícula.
Los recursos universitarios perdieron valor frente a la inflación tras la implementación de las políticas de ajuste fiscal del Gobierno de Milei. Según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, el presupuesto universitario representaría apenas el 0,428% del producto interno bruto en 2026.
En 2025, el Congreso aprobó una ley destinada a actualizar las partidas presupuestarias y los salarios del sector universitario. Aunque el Parlamento rechazó el veto presidencial, el Gobierno condicionó su aplicación a que se identificaran los recursos necesarios para financiarla.
La controversia llegó a los tribunales, donde distintas resoluciones ordenaron aplicar la normativa, mientras el Ejecutivo presentó un recurso ante la Corte Suprema. Entretanto, las universidades mantienen sus reclamos por el deterioro salarial y los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento.
Así, el aniversario de la gratuidad universitaria encuentra a Argentina ante dos discusiones relacionadas: quién puede acceder sin pagar y cómo sostener económicamente ese derecho. La enseñanza gratuita continúa vigente, pero su financiamiento y las condiciones de acceso siguen enfrentando posiciones políticas e institucionales.


