La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró en la Ciudad de México el Centro Nacional de Atención Agraria y el nuevo Archivo General Agrario, instalaciones que concentran servicios y documentos fundamentales para la propiedad social y la historia de la tierra en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este sábado el Centro Nacional de Atención Agraria y el Archivo General Agrario en la Ciudad de México, un complejo que reúne en un mismo espacio al Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y el propio archivo especializado en la memoria documental del campo mexicano.
Durante el acto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano destacó que el nuevo inmueble busca facilitar la atención a ejidatarios, comuneros y demás sujetos agrarios, además de ofrecer mejores condiciones para conservar un acervo que resulta esencial para comprender la historia de la propiedad social en el país.
El Archivo General Agrario cuenta con más de 45 mil metros lineales de documentación y es considerado por el Gobierno de México como el segundo archivo federal más importante después del Archivo General de la Nación. Su colección reúne millones de documentos relacionados con la tenencia de la tierra, procesos de dotación, restitución, ampliación y expropiación.
El acervo no pertenece únicamente al pasado. Sus documentos tienen una utilidad práctica para comunidades, ejidos, autoridades, investigadores y personas que necesitan acreditar o consultar antecedentes relacionados con la propiedad social. El Registro Agrario Nacional señala que el archivo también conserva cientos de miles de planos vinculados con distintos procesos de regularización y certificación de derechos.
La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, recordó que el proyecto comenzó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que el predio fue donado cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
La nueva sede representa, por ello, la conclusión de un proyecto que durante años estuvo acompañado por retrasos y cuestionamientos. El Universal documentó que el traslado del archivo y la puesta en operación de las nuevas instalaciones enfrentaron dificultades, incluido un prolongado periodo en el que investigadores y usuarios tuvieron un acceso limitado al acervo.
El Gobierno federal había informado anteriormente que la construcción implicó una inversión superior a los 2 mil 600 millones de pesos y que el proyecto contempla espacios destinados no solo al resguardo documental, sino también a la atención pública y a actividades culturales.
La dimensión del archivo ayuda a entender el alcance de la obra. De acuerdo con información oficial del Registro Agrario Nacional, el AGA conserva documentos que abarcan varios siglos de historia, incluidos materiales que datan desde el siglo XVI. Su función consiste en custodiar, conservar, clasificar, digitalizar y administrar la documentación relacionada con la propiedad social.
En ese sentido, el nuevo centro busca que una persona que necesite realizar un trámite o consultar un expediente agrario pueda encontrar en un mismo lugar a las instituciones encargadas de diferentes partes del proceso. Es una concentración que, al menos en el diseño institucional, pretende reducir traslados y hacer más directa la relación entre el Estado y las comunidades rurales.
La inauguración también ocurre dentro de una estrategia más amplia del Gobierno de Sheinbaum para fortalecer la atención al sector agrario. La Procuraduría Agraria ha planteado la simplificación y digitalización de trámites y la creación de centros de atención agraria en distintas regiones del país, con la intención de acercar asesoría y acompañamiento a ejidos y comunidades.
La importancia de esta infraestructura se explica por el peso de la propiedad social en México. Los datos oficiales del Registro Agrario Nacional señalan que los núcleos agrarios ocupan una parte sustancial del territorio nacional y que la documentación que los respalda constituye una pieza fundamental para garantizar la seguridad jurídica de la tierra.
En el acto participaron también la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; funcionarios de la Sedatu; representantes del Registro Agrario Nacional; el procurador agrario, Víctor Suárez Carrera; y responsables del Archivo General de la Nación y del Fondo Nacional de Fomento Ejidal.
La presencia conjunta de estas instituciones refleja uno de los objetivos centrales del proyecto: articular la atención agraria en lugar de mantener los servicios dispersos. Para quienes viven en ejidos y comunidades, una mejora de este tipo puede parecer administrativa, pero detrás de un expediente, un plano o una resolución puede estar la certeza jurídica sobre tierras que han pertenecido a una comunidad durante generaciones.
Uno de los elementos destacados por el Gobierno federal fue la incorporación al archivo de los decretos de restitución de tierras realizados durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, que, según la información proporcionada para la inauguración, corresponden a más de 60 mil hectáreas.
Este punto tiene un significado político particular porque la restitución y regularización de tierras forman parte del discurso con el que la actual administración busca reivindicar la propiedad social y reforzar su relación con el sector campesino. Al mismo tiempo, los expedientes que documentan esas decisiones pasan a formar parte de la memoria institucional del país.
El desafío ahora será que la nueva infraestructura se traduzca en servicios más ágiles y accesibles. El tamaño del archivo por sí solo no garantiza una atención eficiente: también serán determinantes la digitalización, la conservación adecuada de los documentos, la capacidad del personal y la facilidad con la que los ciudadanos puedan consultar los expedientes.
La verdad es que el valor del Archivo General Agrario va mucho más allá de almacenar papeles. Sus documentos permiten reconstruir conflictos por la tierra, procesos de reparto, decisiones gubernamentales y transformaciones profundas de las comunidades rurales. Para investigadores e historiadores, se trata de una fuente indispensable; para ejidatarios y comuneros, puede representar además una herramienta para defender derechos concretos.
Con la inauguración del Centro Nacional de Atención Agraria, el Gobierno federal da por concluida una etapa marcada por la construcción y el traslado del acervo. Comienza ahora otra, quizá menos visible pero más importante: demostrar que el nuevo espacio puede convertirse realmente en una puerta de acceso eficiente a la justicia, la memoria y la seguridad jurídica de la propiedad social mexicana.
