El caso Pegasus convirtió las sospechas de espionaje entre España y Marruecos en un asunto de seguridad nacional, pero la evidencia disponible obliga a separar cuidadosamente los hechos demostrados de las acusaciones que todavía no han podido atribuirse de manera concluyente.
En el mundo de la inteligencia, el silencio también puede ser una respuesta. No necesariamente porque esconda una conspiración, sino porque buena parte de la información relacionada con las operaciones de seguridad permanece clasificada. Precisamente ahí comienza el atractivo —y también el peligro— de una historia como la que desde hace años mantiene bajo tensión a España y Marruecos.
El episodio más serio salió a la luz en 2022, cuando el Gobierno español anunció que varios teléfonos de sus máximas autoridades habían sido comprometidos con Pegasus, el sofisticado programa espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group. De acuerdo con La Moncloa, el Centro Criptológico Nacional confirmó la infección de los teléfonos del presidente Pedro Sánchez, la ministra de Defensa Margarita Robles y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. También detectó un intento fallido contra el teléfono del entonces ministro de Agricultura, Luis Planas.
El hallazgo no era una sospecha construida a partir de mensajes anónimos en internet. Había análisis forenses de dispositivos y una denuncia presentada ante la Audiencia Nacional. Sin embargo, una pregunta permaneció en el centro del caso: ¿quién estaba detrás del ataque?
Y ahí aparece Marruecos.
El Parlamento Europeo recogió en su investigación sobre Pegasus que un reportaje de The Guardian había señalado a Marruecos como posible responsable del espionaje de más de 200 teléfonos españoles. La misma documentación parlamentaria recordó que Marruecos había rechazado esas acusaciones. Es una precisión fundamental: que un Estado aparezca señalado como posible autor no equivale a una atribución judicial definitiva.
La sospecha tampoco surgió en el vacío. Amnistía Internacional documentó desde 2019 evidencias forenses de ataques con Pegasus contra defensores de derechos humanos marroquíes y posteriormente confirmó la infección de teléfonos de la activista saharaui Aminatou Haidar. El patrón alimentó las preguntas sobre la capacidad y el eventual uso de herramientas de vigilancia por parte de estructuras vinculadas al Estado marroquí.
Pero el caso tiene una segunda cara, igualmente incómoda para España. El propio Gobierno confirmó que el Centro Nacional de Inteligencia había realizado actividades de vigilancia sobre dirigentes independentistas catalanes con autorización judicial. La diferencia jurídica es decisiva. La legislación española establece que las actuaciones del CNI que afecten al secreto de las comunicaciones requieren autorización previa de un magistrado del Tribunal Supremo.
La controversia, por tanto, no consiste simplemente en decidir quién espía a quién. El verdadero problema es la creciente dificultad para distinguir entre inteligencia legítima, vigilancia abusiva y operaciones clandestinas de Estados extranjeros. Pegasus hizo posible que un teléfono móvil —ese objeto que llevamos en el bolsillo desde que desayunamos hasta que nos acostamos— se transformara en una ventana extraordinariamente invasiva sobre la vida de una persona.
El Parlamento Europeo fue especialmente severo al analizar esta nueva realidad. En su informe sobre Pegasus señaló que existían indicios claros de que Marruecos y Ruanda, entre otros gobiernos, habían utilizado programas espía contra ciudadanos europeos de alto perfil, entre ellos el presidente del Gobierno y dos ministros españoles. Al mismo tiempo, la Eurocámara reclamó investigaciones profundas y mayores controles sobre este tipo de tecnología.
La dimensión geopolítica tampoco puede ignorarse. España y Marruecos mantienen una relación estratégica marcada por asuntos especialmente sensibles: migración, cooperación antiterrorista, comercio, energía y, sobre todo, el conflicto del Sáhara Occidental. Cuando una relación bilateral reúne tantos intereses cruzados, cualquier sospecha de espionaje adquiere un peso que va mucho más allá de un teléfono comprometido.
Sin embargo, conviene resistirse a la tentación de completar los espacios vacíos con teorías. La inteligencia funciona precisamente en esas zonas de incertidumbre. Un ataque confirmado demuestra que alguien consiguió entrar en un dispositivo; no necesariamente revela quién ordenó la operación. Confundir ambas cosas convierte una investigación seria en una historia de conspiraciones.
La verdad es que el caso Pegasus resulta inquietante precisamente porque no necesita adornos. Ya existe evidencia documentada de intrusiones, víctimas de alto nivel, herramientas capaces de penetrar teléfonos y una industria internacional de vigilancia cuya regulación ha preocupado a instituciones europeas y organizaciones de derechos humanos.
España y Marruecos pueden cooperar estrechamente y, al mismo tiempo, mantener intereses enfrentados. En geopolítica, ambas realidades pueden convivir. Por eso el episodio sigue siendo relevante: recuerda que las nuevas batallas entre Estados no siempre comienzan con soldados ni terminan con declaraciones públicas. Algunas ocurren en silencio, dentro de un teléfono, mientras su propietario continúa caminando sin saber que alguien puede estar mirando.
