El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial aprobó una nueva recomendación que sostiene que los Estados deben adoptar medidas de reparación por los daños históricos y las consecuencias actuales de la esclavitud, un pronunciamiento que puede dar mayor respaldo jurídico a las demandas de justicia de las personas afrodescendientes.
El debate internacional sobre las reparaciones por la esclavitud acaba de entrar en una nueva etapa. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas aprobó su Recomendación General número 40, dedicada a la justicia reparadora por los daños provocados por el colonialismo, la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada.
El documento sostiene que los Estados parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial tienen obligaciones que van más allá de combatir la discriminación en el presente. De acuerdo con Naciones Unidas, el comité considera que también deben afrontar las consecuencias que esas estructuras históricas continúan produciendo en las sociedades actuales.
La recomendación fue adoptada al cierre de la 118.ª sesión del CERD, celebrada en Ginebra. Naciones Unidas explicó que el texto busca situar la justicia reparadora dentro de la obligación general de los Estados de eliminar todas las formas de discriminación racial y garantizar una igualdad sustantiva.
El alcance de la propuesta es amplio. Las reparaciones no deberían limitarse a entregar dinero. El comité plantea una combinación de medidas económicas y no económicas, además de transformaciones estructurales orientadas a restaurar la dignidad, afrontar las desigualdades y evitar que las consecuencias de esas injusticias continúen reproduciéndose.
En ese paquete pueden entrar la restitución, la compensación, medidas de satisfacción, reformas institucionales, educación histórica, preservación de la memoria, mecanismos de verdad y garantías de no repetición. La idea central es que una deuda histórica de semejante magnitud difícilmente puede resolverse con un solo cheque o con un acto simbólico.
La importancia del pronunciamiento está también en su fundamento jurídico. El CERD no está creando un nuevo tratado internacional, sino interpretando las obligaciones contenidas en la Convención contra la Discriminación Racial, vigente desde 1969 y suscrita por un amplio número de Estados.
Reuters señaló que la recomendación cuestiona uno de los argumentos que durante años han utilizado algunos gobiernos para rechazar responsabilidades por hechos ocurridos siglos atrás: la idea de que la esclavitud no era ilegal bajo las normas internacionales contemporáneas de aquellos periodos. El comité sostiene que las obligaciones actuales contra la discriminación permiten abordar las consecuencias persistentes de aquellas prácticas.
Eso no significa que la ONU haya ordenado automáticamente a todos los países realizar pagos a los descendientes de personas esclavizadas. La recomendación general del CERD es un instrumento interpretativo y no equivale a una sentencia judicial internacional. Su importancia radica en ofrecer una referencia jurídica y política que puede ser utilizada en futuras discusiones, legislaciones y procedimientos relacionados con las reparaciones.
La propia ONU subraya que el texto pretende orientar la acción de los Estados. Su adopción fue resultado de un proceso que incluyó aportaciones de expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil, representantes estatales, instituciones nacionales de derechos humanos y comunidades de personas afrodescendientes.
La cuestión llega además en un momento en que el movimiento internacional por las reparaciones ha ganado fuerza. El 26 de marzo de 2026, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que calificó la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada como el «crimen más grave contra la humanidad». La resolución fue aprobada por 123 votos y abrió un nuevo espacio para discutir justicia reparadora, restitución y consecuencias históricas.
La decisión de la Asamblea General y la nueva recomendación del CERD son instrumentos diferentes, pero apuntan en una dirección similar. Naciones Unidas está pasando de una aproximación centrada principalmente en recordar la historia de la esclavitud a otra que pone mayor énfasis en sus efectos actuales y en las posibles respuestas de los Estados.
Ese cambio resulta especialmente relevante para África, el Caribe, América Latina y las comunidades afrodescendientes de Estados Unidos y Europa. La esclavitud no terminó simplemente cuando fueron aprobadas las leyes abolicionistas. Las desigualdades económicas, la discriminación racial y determinadas estructuras sociales desarrolladas durante los periodos colonial y esclavista han continuado afectando a generaciones posteriores.
Un análisis publicado por la London School of Economics señala precisamente que la discusión contemporánea sobre reparaciones se ha ampliado mucho más allá de la compensación económica. Educación, salud pública, restitución cultural, vulnerabilidad climática y condiciones de ciudadanía forman parte cada vez más de las demandas de justicia reparadora en África, el Caribe y América Latina.
La dimensión económica sigue siendo, por supuesto, uno de los puntos más delicados. En Estados Unidos, donde el debate sobre las reparaciones para los afroamericanos ha adquirido una nueva dimensión en distintos estados y ciudades, investigadores han planteado modelos que buscan responder a las desigualdades patrimoniales acumuladas durante generaciones.
Un estudio publicado en 2026 en la revista BMJ sostiene que un programa de reparaciones dirigido a cerrar la brecha patrimonial entre estadounidenses blancos y negros podría tener efectos también sobre desigualdades de salud y esperanza de vida. El trabajo propone un modelo concreto de compensación, aunque reconoce que el principal obstáculo para llevarlo a la práctica continúa siendo político.
La discusión, sin embargo, no se limita a Estados Unidos. En junio, Ghana acogió una conferencia consultiva entre representantes africanos y caribeños para impulsar una estrategia común sobre justicia reparadora. El gobierno ghanés presentó el encuentro como parte de un esfuerzo para pasar de las declaraciones simbólicas a una agenda internacional coordinada.
El Caribe tiene además su propio marco de referencia. La propuesta de diez puntos de la Comunidad del Caribe ha defendido durante años medidas que incluyen reparaciones financieras, cancelación de deuda, transferencia tecnológica, desarrollo educativo y sanitario, y reconocimiento formal de las consecuencias de la esclavitud y el colonialismo.
La nueva recomendación del CERD recoge precisamente esa visión amplia. Según Naciones Unidas, el objetivo no es solamente reparar un daño del pasado, sino enfrentar sus «consecuencias persistentes» y colocar las experiencias de las personas afrodescendientes en el centro de las políticas destinadas a combatir la desigualdad racial.
Para Pela Boker-Wilson, experta del comité y relatora de la recomendación, afrontar las injusticias históricas no puede separarse de la lucha contra la discriminación racial contemporánea. Su argumento resume el núcleo del documento: la historia deja de ser únicamente historia cuando sus efectos continúan condicionando la vida de millones de personas.
También existe una dimensión cultural y simbólica. El CERD plantea medidas destinadas a preservar la memoria histórica, abrir archivos, promover la educación y revisar las formas en que la esclavitud y el colonialismo son representados públicamente. En otras palabras, la reparación no necesariamente consiste únicamente en devolver lo perdido, sino también en reconocer qué ocurrió y cómo ese pasado sigue influyendo en el presente.
El desafío ahora será político. Una recomendación de un comité de expertos puede aportar argumentos jurídicos de peso, pero su aplicación depende de decisiones concretas de los gobiernos. Y ahí comienza la parte más complicada: determinar quién debe reparar, quiénes son los beneficiarios, cómo se cuantifican los daños y qué combinación de medidas puede considerarse suficiente.
Por ello, el pronunciamiento del CERD no cierra el debate. Lo hace más difícil de ignorar.
La nueva recomendación coloca las reparaciones por la esclavitud dentro de un marco internacional de derechos humanos y las conecta directamente con la igualdad racial. Es un paso significativo, aunque todavía distante de la adopción de programas concretos por parte de los Estados.
La cuestión que durante décadas fue planteada principalmente por organizaciones sociales, académicos y movimientos de afrodescendientes ocupa ahora un espacio cada vez más visible en las instituciones internacionales. Y es que, para Naciones Unidas, la discusión ya no se reduce a cuánto tiempo ha pasado desde la abolición de la esclavitud, sino a cuánto de sus consecuencias permanece todavía entre nosotros.
