El fotógrafo y creador de contenido Ricardo Zúñiga Rosas fue asesinado en Tehuitzingo, Puebla, días después de que ARTICLE 19 señalara que había denunciado amenazas relacionadas con sus publicaciones y críticas al gobierno municipal.
El asesinato de Ricardo Zúñiga Rosas volvió a colocar bajo presión la situación de la libertad de expresión en Puebla. El fotógrafo y creador de contenido, de 35 años, fue atacado con arma de fuego el sábado 29 de agosto dentro de su negocio en la comunidad de Santa Cruz Atopitlán, en el municipio de Tehuitzingo.
La organización ARTICLE 19 condenó el crimen y pidió a la Fiscalía General del Estado de Puebla realizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial. Una de sus principales exigencias es que las autoridades no descarten como línea de investigación la actividad informativa que desarrollaba Zúñiga ni las amenazas que había hecho públicas meses antes.
De acuerdo con información difundida por El Universal y corroborada por distintos medios locales, el ataque ocurrió dentro de un establecimiento de productos de limpieza propiedad de Zúñiga y su esposa. Las primeras versiones señalan que dos hombres llegaron al lugar y uno de ellos abrió fuego contra el fotógrafo antes de escapar.
La información disponible sobre la mecánica del ataque todavía presenta diferencias entre los primeros reportes. Mientras algunas publicaciones señalan que los agresores huyeron en motocicleta, La Jornada de Oriente reportó que se desplazaban en una camioneta. Esa discrepancia no ha sido resuelta públicamente por las autoridades y, por ello, no debe darse por confirmada una de las dos versiones.
Lo que sí coincide en los reportes consultados es que Zúñiga recibió un disparo en el tórax, fue auxiliado después del ataque y trasladado para recibir atención médica, pero falleció debido a las heridas. Hasta el cierre de las primeras informaciones difundidas sobre el caso no se habían reportado personas detenidas ni se había establecido oficialmente el móvil del homicidio.
La investigación adquiere una dimensión especialmente delicada por los antecedentes de amenazas. ARTICLE 19 informó que Zúñiga había denunciado en mayo que recibió advertencias después de publicar fotografías. En sus redes sociales relató que le habían pedido que dejara de involucrarse en asuntos políticos y que evitara cuestionar a la administración municipal.
La Jornada de Oriente documentó que el creador de contenido había señalado públicamente que las advertencias estaban relacionadas con publicaciones sobre asuntos del gobierno de Tehuitzingo, entre ellos obras públicas, recursos municipales y el manejo de un basurero. Según ese medio, Zúñiga incluso había expresado preocupación por las consecuencias que podrían derivarse si continuaba con ese tipo de contenidos.
Ese antecedente es precisamente el que ARTICLE 19 considera indispensable para esclarecer el homicidio. La organización no afirma que las amenazas sean necesariamente el motivo del asesinato, pero exige que esa posibilidad sea investigada de manera seria y que no quede relegada frente a otras hipótesis.
La diferencia es importante. En un caso de estas características, establecer una relación entre la labor informativa de una víctima y su asesinato requiere pruebas. No basta con la coincidencia temporal entre las amenazas y el crimen. Pero tampoco sería razonable ignorar una advertencia previa cuando la propia víctima había dejado constancia pública de ella.
ARTICLE 19 también pidió la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de que se adopten medidas para proteger a los familiares de Zúñiga.
La organización ha advertido en repetidas ocasiones que las amenazas contra periodistas y comunicadores pueden constituir señales tempranas de agresiones posteriores. En contextos locales, además, la presión puede adquirir una dimensión particularmente intensa porque quienes ejercen labores informativas suelen encontrarse muy cerca de los actores políticos y económicos sobre los que informan.
El caso de Tehuitzingo tiene justamente esa característica. Zúñiga no trabajaba necesariamente dentro de una redacción tradicional. Su actividad combinaba la fotografía con la creación de contenidos digitales y la difusión de información relacionada con su comunidad. Ese modelo de comunicación local se ha vuelto cada vez más relevante en México, pero también deja a sus protagonistas expuestos cuando sus publicaciones afectan intereses políticos o económicos.
Medios como N+ y Aristegui Noticias coincidieron en señalar que Zúñiga era conocido en la zona por sus contenidos sobre asuntos de la demarcación y que previamente había hecho públicas las advertencias que recibió. La información publicada por estos medios, sin embargo, no establece hasta ahora que alguna autoridad municipal haya ordenado o participado en el ataque.
Ese punto debe mantenerse con claridad mientras avanza la investigación. Las amenazas denunciadas por Zúñiga constituyen un antecedente que debe ser esclarecido, pero la responsabilidad penal solo puede determinarse a partir de una investigación formal y de pruebas que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales.
El asesinato también ocurre en un contexto nacional particularmente preocupante para quienes ejercen el periodismo. ARTICLE 19 ha documentado durante los últimos años agresiones, amenazas, intimidaciones y asesinatos contra periodistas y trabajadores de medios en México, además de advertir sobre los elevados niveles de impunidad en este tipo de delitos.
La violencia contra comunicadores tiene un efecto que va mucho más allá de la víctima. Cuando una persona es asesinada después de informar, fotografiar o cuestionar asuntos de interés público, el mensaje puede alcanzar a toda una comunidad. Otros comunicadores pueden optar por guardar silencio ante el temor de convertirse en el siguiente objetivo.
Por eso la exigencia de una investigación independiente no es un trámite burocrático. Es una condición para evitar que el miedo termine funcionando como una forma silenciosa de censura.
En el caso de Ricardo Zúñiga, las autoridades tienen varios elementos que deberán ser esclarecidos: quiénes participaron en el ataque, quién ordenó la agresión si se confirma la intervención de terceros, cuál fue el móvil y qué relación, en su caso, existe entre el homicidio y las amenazas que la víctima había denunciado.
También será necesario determinar con precisión las circunstancias del ataque y reconstruir sus últimas horas. Los primeros reportes periodísticos contienen diferencias sobre el vehículo utilizado por los agresores y sobre algunos detalles de la agresión, por lo que esas versiones deben permanecer bajo la categoría de información preliminar hasta que sean confirmadas por la autoridad investigadora.
La familia de Zúñiga enfrenta ahora no solamente la pérdida, sino también la incertidumbre de una investigación que apenas comienza. ARTICLE 19 ha pedido que se garantice su seguridad mientras se esclarece el crimen.
La verdad es que un asesinato de estas características no puede reducirse a una nota roja. Ricardo Zúñiga era fotógrafo, comerciante y creador de contenido, pero también utilizaba sus plataformas para hablar sobre asuntos de su comunidad. Si las amenazas que denunció estuvieron relacionadas con esa actividad y posteriormente fueron seguidas por un ataque mortal, la investigación tendría implicaciones directas para la libertad de expresión.
Por ahora, la Fiscalía de Puebla tiene la responsabilidad de esclarecer los hechos y evitar que el expediente termine acumulándose entre los casos sin resolver. La exigencia de ARTICLE 19 es concreta: investigar todas las líneas posibles, incluida la relacionada con el trabajo informativo de la víctima.
El asesinato ocurrido en Tehuitzingo deja así una pregunta que solo una investigación rigurosa puede responder: ¿fue Ricardo Zúñiga víctima de una violencia sin relación con su trabajo o su actividad pública estuvo detrás del ataque? Mientras no exista una respuesta sustentada en pruebas, ninguna de las dos hipótesis puede presentarse como un hecho.
