El Gobierno de México y empresarios gasolineros renovaron por seis meses el acuerdo voluntario para mantener la gasolina regular por debajo de 24 pesos y el diésel en un máximo de 27 pesos por litro, en medio de la volatilidad internacional del petróleo.
La presidenta Claudia Sheinbaum y representantes del sector gasolinero acordaron extender durante seis meses más el mecanismo con el que buscan contener el precio de los combustibles y evitar que las variaciones del mercado internacional terminen trasladándose de manera abrupta al bolsillo de los consumidores.
El convenio establece como referencia que la gasolina regular o Magna se mantenga por debajo de los 24 pesos por litro, mientras que el diésel tendrá un límite de 27 pesos. La renovación fue formalizada este lunes en Palacio Nacional y representa la continuidad de una estrategia que el Gobierno federal utiliza desde 2025 para moderar las presiones inflacionarias.
De acuerdo con información difundida por la Presidencia de la República, se trata de un acuerdo voluntario y no de un precio máximo impuesto por decreto. La propia Sheinbaum ha explicado que las estaciones que no participan pueden vender por encima de ese nivel, aunque el Gobierno y la Procuraduría Federal del Consumidor dan seguimiento a los precios mediante el programa Quién es quién en los precios.
La diferencia no es menor. En términos prácticos, el mecanismo busca que empresarios y autoridades compartan parte del esfuerzo para evitar aumentos pronunciados, en lugar de establecer una regulación obligatoria para todo el mercado.
La estrategia comenzó con la gasolina regular y posteriormente se extendió al diésel. Según información oficial, el acuerdo con los gasolineros para mantener la Magna por debajo de 24 pesos fue renovado en marzo y ahora vuelve a extenderse durante seis meses. El diésel, por su parte, fue incorporado a un esquema de contención de 27 pesos por litro.
El Gobierno también utiliza el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para amortiguar las variaciones internacionales. Es decir, cuando el precio del petróleo aumenta y amenaza con elevar el costo de los combustibles, Hacienda puede modificar el estímulo para reducir parte del impacto en el precio final.
La presidenta ha defendido esta combinación de instrumentos como una forma de proteger la economía familiar. En julio, Sheinbaum explicó que, sin los incentivos fiscales y los acuerdos con los empresarios, el precio de la gasolina podría haber alcanzado niveles considerablemente mayores. La estimación fue presentada por la mandataria como una muestra del costo que tendría trasladar íntegramente la volatilidad internacional al consumidor mexicano.
El contexto internacional ayuda a explicar la preocupación. El conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene bajo presión al mercado energético y ha afectado el tránsito de hidrocarburos por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas petroleras del planeta.
El País informó que el tráfico de buques por Ormuz continúa muy por debajo de los niveles previos a la guerra. Antes del conflicto, por esa vía transitaba alrededor de una quinta parte de los hidrocarburos comercializados en el mundo. La reducción del flujo y la incertidumbre sobre la seguridad de la navegación han mantenido elevada la sensibilidad de los mercados ante cualquier escalada militar.
Reuters reportó este lunes que la prolongación de la guerra también está reduciendo el margen de maniobra de Estados Unidos para responder a nuevas perturbaciones del mercado energético, debido a que sus reservas estratégicas de petróleo se encuentran en niveles históricamente bajos. El dato muestra que el problema no se limita a las decisiones de los gobiernos nacionales: la capacidad de reacción ante una nueva interrupción del suministro también se ha vuelto más limitada.
Para México, cualquier repunte internacional del petróleo puede convertirse en un problema doble. Por un lado, aumenta el costo de los combustibles; por otro, la gasolina y el diésel tienen efectos indirectos sobre el resto de la economía. El transporte de mercancías, el traslado de alimentos y el funcionamiento de numerosas actividades productivas dependen de ellos.
Por eso contener la gasolina no es únicamente una cuestión de cuánto paga un automovilista al llenar el tanque. También está relacionado con los costos que enfrentan transportistas, productores y comercios. Cuando el diésel aumenta de manera significativa, el efecto puede recorrer toda la cadena de distribución y terminar reflejándose en otros precios.
La estrategia, sin embargo, tiene un límite evidente: contener el precio no significa que desaparezca el costo internacional del combustible. Parte de esa diferencia puede absorberse mediante estímulos fiscales y otra parte mediante los acuerdos comerciales con los gasolineros. El desafío para Hacienda consiste en hacerlo sin generar una presión excesiva sobre las finanzas públicas.
La propia Sheinbaum ha insistido en que el mecanismo debe ser responsable para las empresas y para las finanzas del Gobierno. En una conferencia de julio, la presidenta explicó que el objetivo es mantener la gasolina regular alrededor de los 24 pesos aun cuando el petróleo registre aumentos, pero sin convertir el esquema en una carga fiscal insostenible.
El acuerdo también ha enfrentado algunos incumplimientos. En mayo, la mandataria reconoció que hubo reuniones con representantes del sector debido a estaciones que no estaban respetando voluntariamente el compromiso. El Gobierno respondió reforzando el seguimiento público de precios para identificar las diferencias entre establecimientos.
Según datos citados por el propio Gobierno, el acuerdo ha tenido una participación amplia. En marzo se informó que alrededor de 96 por ciento de las estaciones de servicio se habían adherido a la estrategia, una cobertura que permite explicar por qué el mecanismo tiene un impacto nacional aunque no sea jurídicamente obligatorio para todos los establecimientos.
La renovación llega, además, cuando la gasolina Premium permanece fuera de este esquema. El acuerdo se concentra en la Magna y el diésel, mientras que la Premium continúa respondiendo en mayor medida a las condiciones del mercado.
Los precios recientes muestran justamente esa diferencia. De acuerdo con las cifras de PETROIntelligence citadas por El Economista, durante la última semana de agosto la gasolina Premium promedió 28.56 pesos por litro, mientras la Magna se ubicó en 23.69 pesos y el diésel en 27.02 pesos.
El contraste permite observar el efecto que busca producir el acuerdo: la gasolina regular permanece debajo de la barrera de 24 pesos, mientras el diésel se mantiene prácticamente en el nivel pactado, aunque con diferencias entre estaciones y regiones.
La pregunta ahora es cuánto tiempo podrá mantenerse esta estabilidad si continúa la incertidumbre en los mercados petroleros. El Gobierno cuenta con el estímulo fiscal, la coordinación con los gasolineros y la capacidad de ajustar sus decisiones semana a semana. Pero ninguno de esos instrumentos puede controlar por completo lo que ocurre en los mercados internacionales.
Por ahora, la apuesta de Sheinbaum es clara: evitar que una crisis energética externa se convierta en un golpe directo para las familias mexicanas. La renovación del acuerdo ofrece un periodo adicional de certidumbre, aunque su eficacia seguirá dependiendo de una combinación delicada entre precios internacionales, recaudación fiscal, márgenes empresariales y estabilidad del suministro.
En otras palabras, los 24 pesos por litro no son una barrera contra el mercado mundial, sino un mecanismo para amortiguar sus golpes. Y mientras el petróleo siga sujeto a la incertidumbre geopolítica, esa diferencia puede resultar decisiva para millones de consumidores.
