Moscú rechazó las acusaciones de Pedro Sánchez sobre una supuesta campaña rusa de desinformación relacionada con la llegada masiva de migrantes a Ceuta y reclamó a España datos verificables que respalden sus señalamientos.
La crisis migratoria de Ceuta abrió este martes un nuevo frente diplomático entre España y Rusia. El Gobierno de Moscú exigió a Madrid que presente pruebas concretas de la supuesta participación rusa en una campaña de desinformación que, según el presidente Pedro Sánchez, habría contribuido a provocar la llegada masiva de migrantes al enclave español a finales de julio.
María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, cuestionó que España haya formulado acusaciones sin acompañarlas de información verificable. Durante una rueda de prensa, sostuvo que cualquier señalamiento debe estar respaldado por hechos, fechas, nombres y materiales que puedan ser comprobados.
La respuesta rusa llegó después de que Sánchez afirmara en una entrevista con la Cadena SER que Rusia e Israel, junto con una “internacional ultraderechista”, habrían difundido o amplificado contenidos engañosos sobre la política migratoria española. Según el mandatario, esa información habría aprovechado la interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente para alentar los cruces hacia Ceuta.
El señalamiento ha generado una disputa sobre algo fundamental: distinguir entre la existencia de desinformación en redes sociales y demostrar que esa actividad fue la causa directa de la llegada masiva de migrantes.
La Comisión Europea confirmó que había detectado actividad rusa de manipulación en internet relacionada con la crisis, pero introdujo un matiz importante. Según Guillaume Mercier, portavoz de la Comisión, esa actividad comenzó el 30 de julio, cuando ya se había producido el inicio de la entrada masiva. Por ello, Bruselas no estableció que la actividad rusa hubiera provocado el episodio migratorio.
Esta precisión también fue recogida por medios como EL ESPAÑOL y el Financial Times, que señalaron que las autoridades europeas habían identificado actividad de desinformación rusa después del comienzo de la crisis, pero no habían confirmado que esta fuera su detonante. En otras palabras, la manipulación digital y la organización de los cruces están siendo analizadas como fenómenos que no necesariamente tienen el mismo origen.
Rusia ha aprovechado precisamente esa diferencia para rechazar las acusaciones españolas. Zajárova sostuvo que Madrid no había presentado una queja formal por un supuesto ciberataque ante los canales diplomáticos correspondientes y cuestionó que las autoridades españolas hubieran acudido primero a los medios de comunicación.
El Kremlin también negó cualquier participación en la llegada de migrantes. La postura coincide con la respuesta del Gobierno israelí, que igualmente rechazó las acusaciones de Sánchez. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, calificó de falsas las declaraciones del presidente español y acusó a Madrid de intentar desviar la atención de sus propios problemas internos.
El episodio ha elevado la tensión diplomática en torno a una crisis que ya había provocado fuertes repercusiones dentro de España y de la Unión Europea. Más de 70 mil personas intentaron entrar irregularmente en Ceuta desde Marruecos durante los días 30 y 31 de julio, de acuerdo con reportes internacionales, en un episodio sin precedentes para la ciudad autónoma.
La magnitud de aquella llegada ha obligado a las autoridades españolas a reforzar la respuesta humanitaria, habilitar espacios para los recién llegados y adoptar nuevas medidas para atender a los menores. El Gobierno español anunció además un paquete extraordinario de apoyo económico para Ceuta, mientras las autoridades locales reclaman mayor respaldo del Estado.
El papel de Marruecos también permanece en el centro de la discusión. Sánchez ha defendido públicamente la cooperación de Rabat y ha descartado que las autoridades marroquíes hayan participado en la organización de la entrada masiva. La oposición española, sin embargo, cuestiona esa interpretación y considera difícil separar el episodio de la actuación de las autoridades del país vecino.
La discusión se complica todavía más por el contexto internacional. Sánchez vinculó sus acusaciones contra Rusia con la postura de su Gobierno frente a la invasión rusa de Ucrania y también relacionó las críticas de Israel con la posición española sobre la guerra de Gaza. Desde su perspectiva, la migración estaría siendo utilizada como una herramienta para generar presión política contra España y, por extensión, contra la Unión Europea.
Pero hasta ahora existe una diferencia entre lo que España sostiene políticamente y lo que las instituciones europeas han podido acreditar públicamente. La existencia de contenidos engañosos y actividad rusa en redes ha sido señalada por fuentes europeas; que esa operación haya desencadenado la entrada masiva en Ceuta es una afirmación que continúa sin quedar demostrada de manera pública.
Por eso la exigencia de Moscú tiene un componente político, pero también plantea una cuestión de fondo sobre la manera en que se atribuyen operaciones de desinformación. En una crisis tan sensible como la de Ceuta, identificar quién difundió un contenido no necesariamente permite establecer quién organizó un movimiento migratorio de semejante magnitud.
Mientras las investigaciones continúan, el intercambio de acusaciones añade una nueva dimensión a una crisis que comenzó como un episodio migratorio y rápidamente se convirtió en un problema humanitario, político y diplomático. España sostiene que hubo una campaña destinada a explotar la situación; Rusia exige pruebas. La evidencia disponible hasta ahora confirma actividad de desinformación, pero no permite establecer públicamente que Moscú haya provocado la llegada masiva de migrantes.
