La Corte Suprema de Estados Unidos permitió por cinco votos contra cuatro que continúe la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, aunque el fallo no resolvió si el proyecto es legal y el presidente del tribunal, John Roberts, advirtió que probablemente carece de autorización del Congreso.
Donald Trump obtuvo este lunes una importante victoria judicial en su proyecto para transformar la Casa Blanca. La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que continúen las obras del nuevo salón de baile que la administración construye en el lugar donde se encontraba el Ala Este, mientras la disputa legal permanece abierta en tribunales inferiores.
La decisión fue adoptada por una mayoría de cinco magistrados contra cuatro y, un detalle que resulta fundamental, no determinó que la construcción sea legal. La mayoría concluyó que el National Trust for Historic Preservation, organización que demandó al Gobierno, probablemente no tiene legitimación suficiente para mantener el litigio en los términos planteados.
El fallo surgió después de que un tribunal federal y posteriormente la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia ordenaran frenar la construcción sobre el nivel del suelo. Esas decisiones habían considerado que el grupo conservacionista tenía argumentos suficientes para cuestionar la autoridad con la que el Gobierno emprendió una transformación de semejante magnitud.
La Corte Suprema suspendió ahora esa orden y permitió que las obras continúen mientras el proceso judicial sigue su curso. En su resolución, los magistrados dejaron expresamente abierta la cuestión de fondo: no decidieron si la administración Trump tiene o no autoridad legal para construir el salón de baile.
Ese matiz fue precisamente uno de los aspectos destacados por el National Trust. Su presidente, Brent Leggs, lamentó la decisión, pero subrayó que la mayoría no se pronunció sobre la legalidad sustantiva del proyecto. La organización sostiene que Trump no puede alterar de esta manera una propiedad federal histórica sin una autorización expresa del Congreso.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se unió a los tres magistrados liberales en la disidencia. En una opinión especialmente crítica, sostuvo que la construcción es “probablemente ilegal” porque el Congreso no ha aprobado una ley que autorice expresamente una obra de estas características en terrenos federales del Distrito de Columbia.
El argumento de Roberts se apoya en una disposición federal que establece que no puede levantarse una edificación o estructura en parques o terrenos públicos federales del Distrito de Columbia sin autorización expresa del Congreso. Según el presidente del tribunal, el proyecto de Trump encaja precisamente en esa categoría y las facultades invocadas por el Gobierno no proporcionan la autorización requerida.
Los tribunales inferiores habían llegado a una conclusión similar. En agosto, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia determinó que el National Trust tenía legitimación para impugnar el proyecto y que probablemente prosperaría su argumento de que la administración carecía de autoridad legal para sustituir el Ala Este por un enorme complejo de nueva construcción.
La disputa no es únicamente jurídica. También gira alrededor de la transformación física de uno de los edificios más reconocibles de Estados Unidos. El proyecto contempla un salón de aproximadamente 90 mil pies cuadrados y se desarrolla después de la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, una estructura con más de un siglo de historia.
Trump ha defendido el salón como un espacio necesario para recibir grandes grupos de invitados en cenas de Estado, recepciones y otros acontecimientos oficiales. Su administración también sostiene que las instalaciones subterráneas vinculadas al proyecto cumplen funciones de seguridad nacional y protección presidencial.
De hecho, el proyecto es más amplio que el salón que ha acaparado los titulares. Incluye una infraestructura subterránea destinada a funciones de seguridad y comunicaciones, entre ellas instalaciones militares. La administración sostiene que estas características justifican que las obras no queden paralizadas mientras continúa la batalla judicial.
La mayoría de la Corte tomó en consideración ese argumento al evaluar los efectos de mantener detenida la construcción. Sin embargo, no convirtió esa consideración en una declaración definitiva sobre la autoridad presidencial para ejecutar el proyecto.
Trump celebró inmediatamente el fallo y afirmó que la obra podía avanzar sin nuevas contingencias ni amenazas legales inmediatas. Para el presidente, la decisión representa otro respaldo judicial a una iniciativa que considera parte de su legado arquitectónico y político en Washington.
Para los conservacionistas, el escenario es muy distinto. El temor es que el avance de las obras haga cada vez más difícil revertir cualquier daño si posteriormente un tribunal determina que el proyecto violó la ley. El propio litigio enfrenta así una carrera contra el tiempo: cuanto más avance la construcción, mayores pueden ser las consecuencias prácticas de una eventual decisión contraria al Gobierno.
La controversia también plantea una cuestión más amplia sobre la separación de poderes. Roberts considera que el Congreso tiene una autoridad especialmente amplia sobre las propiedades federales y que el presidente no puede sustituir esa facultad mediante una interpretación expansiva de sus competencias administrativas.
La mayoría, en cambio, resolvió el caso desde una cuestión procesal: si el demandante había demostrado un perjuicio suficientemente concreto para llevar el conflicto ante los tribunales federales. Al concluir que probablemente no lo hizo, la Corte despejó el camino para las obras sin pronunciarse definitivamente sobre el fondo.
Por ahora, el salón de baile seguirá creciendo en el corazón de la Casa Blanca. La Corte Suprema le ha dado a Trump margen para continuar, pero no le ha otorgado un certificado definitivo de legalidad. La pregunta que motivó la demanda del National Trust sigue, en esencia, sin respuesta: si el presidente necesitaba una autorización expresa del Congreso para construirlo.
