El gobernador de Sinaloa solicitó nuevamente separarse del cargo apenas un día después de haber retomado sus funciones, en medio de una creciente presión política y de las investigaciones que continúan abiertas por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Rubén Rocha Moya solicitó nuevamente licencia temporal con carácter indefinido como gobernador de Sinaloa, apenas unas horas después de haber retomado sus funciones, una decisión que evidenció el fuerte costo político que provocó su breve regreso al frente del gobierno estatal.
El mandatario sinaloense comunicó al Congreso local su intención de separarse nuevamente del cargo mediante un oficio en el que argumentó que “Sinaloa, la Nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”. Aunque no ofreció mayores explicaciones, la decisión ocurrió luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum, dirigentes de Morena y diversos legisladores marcaran distancia de su reincorporación al Ejecutivo estatal.
Rocha Moya había solicitado una primera licencia el pasado 1 de mayo, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara, junto con otros nueve funcionarios de su administración, por su presunta participación en una red de colaboración con integrantes del Cártel de Sinaloa. Desde entonces, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones correspondientes, mientras el Gobierno de México ha insistido en solicitar a las autoridades estadounidenses las pruebas que sustentan las acusaciones.
Su regreso al cargo, anunciado el 21 de agosto, sorprendió incluso al propio Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que conoció la decisión a través de las redes sociales y posteriormente publicó un mensaje en el que sostuvo que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación”. Sin mencionar directamente al gobernador, también advirtió que “el poder sin principios se vuelve arrogancia” y que los cargos públicos deben ejercerse con responsabilidad frente al país.
Las declaraciones presidenciales fueron interpretadas ampliamente como un deslinde político. A ellas se sumaron posicionamientos de Morena, de la Secretaría de Gobernación y de legisladores oficialistas, entre ellos el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, quien pidió públicamente al gobernador reconsiderar su decisión para permitir que las investigaciones continuaran sin generar mayores tensiones institucionales.
De acuerdo con información publicada por El País, el regreso de Rocha Moya provocó una inusual reacción dentro del oficialismo, que buscó dejar claro que la reincorporación había sido una decisión estrictamente personal y no una determinación respaldada por el Gobierno federal o por la dirigencia del partido. Analistas consultados por ese medio consideran que el episodio evidenció uno de los momentos de mayor tensión política para Morena desde el inicio del actual sexenio.
El Congreso de Sinaloa aún deberá formalizar el trámite correspondiente para autorizar la nueva licencia. Mientras tanto, el gobierno estatal continuará bajo la conducción de la administración provisional designada conforme a la legislación local, como ocurrió durante los más de tres meses en que Rocha Moya permaneció separado del cargo.
El caso mantiene además implicaciones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. La acusación presentada por el Departamento de Justicia estadounidense representa un hecho inédito al involucrar a funcionarios mexicanos en funciones por presuntos vínculos con el narcotráfico. No obstante, hasta el momento las autoridades mexicanas han reiterado que las investigaciones continúan y que cualquier determinación deberá sustentarse en pruebas y resoluciones judiciales.
La nueva solicitud de licencia reduce, al menos por ahora, la presión política generada por el fugaz retorno del gobernador. Sin embargo, el futuro jurídico y político de Rubén Rocha Moya seguirá dependiendo tanto del avance de las investigaciones de la Fiscalía General de la República como de la información que eventualmente compartan las autoridades estadounidenses dentro de los mecanismos de cooperación entre ambos países.
