Un índice desarrollado por WRI México revela que las mayores debilidades de pequeños productores rurales están relacionadas con la planeación, la gobernanza y el acceso efectivo a herramientas que podrían ayudarles a enfrentar sequías, degradación ambiental y otros impactos climáticos.
El cambio climático ya no es una amenaza distante para quienes viven del campo mexicano. Para miles de pequeños productores, las variaciones en las lluvias, las sequías, la degradación de los suelos y la falta de infraestructura pueden convertirse rápidamente en pérdidas de ingresos y alimentos. Sin embargo, un nuevo análisis de WRI México advierte que el problema no está únicamente en la exposición a esos fenómenos, sino también en la limitada capacidad que tienen algunas comunidades para prepararse y responder.
El Instituto de Recursos Mundiales, conocido como WRI por sus siglas en inglés, desarrolló junto con el consorcio SAbERES un índice diseñado para medir, a escala local, qué tan preparadas están las personas productoras rurales para adaptarse al cambio climático.
El estudio piloto fue aplicado en la Región Mixe y la Sierra Juárez, en Oaxaca, así como en Cunduacán, Tabasco. El resultado más relevante es que las condiciones pueden cambiar de manera considerable incluso entre comunidades que enfrentan problemas climáticos similares.
De acuerdo con WRI México, la metodología definitiva contempla 38 indicadores agrupados en seis dimensiones: natural, social, humana, económica, física y político-normativa. Esta precisión es importante porque la información difundida inicialmente señalaba 32 indicadores; el documento metodológico publicado por WRI establece que son 38, de los cuales 32 fueron ajustados a partir de literatura existente y seis fueron desarrollados específicamente para el índice.
El concepto de capacidad adaptativa tiene una explicación sencilla. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático señala que se refiere a la capacidad de sistemas, instituciones y personas para ajustarse a posibles daños, aprovechar oportunidades o responder a las consecuencias del cambio climático. En otras palabras, no basta con saber que llegará una sequía: también importa contar con agua, información, recursos, organización y alternativas para enfrentarla.
En México, esa diferencia puede ser determinante. Los pequeños productores suelen depender directamente de los recursos naturales y, cuando cuentan con pocos ahorros, infraestructura limitada o escaso acceso a asistencia técnica, tienen menos margen para absorber una mala temporada.
El caso de la Región Mixe, en Oaxaca, muestra con claridad esa vulnerabilidad. WRI encontró productores con niveles bajos o muy bajos de capacidad adaptativa, aunque también identificó casos con resultados considerablemente mejores dentro de la misma región.
Entre los problemas detectados aparecen caminos en malas condiciones, dificultades para acceder a agua potable, erosión de los suelos, falta de refugios y acceso insuficiente a información climática oportuna. La dimensión humana también presenta debilidades relacionadas con educación, capacitación y experiencia.
Pero existe otro problema menos visible y quizá más estructural: la distancia entre los instrumentos públicos de planeación y la realidad cotidiana de las comunidades.
WRI México encontró que la dimensión político-normativa fue la más débil en los contextos analizados. Esto significa que herramientas como los atlas de riesgo y los planes de ordenamiento territorial pueden existir formalmente, pero no necesariamente son conocidas, utilizadas o construidas con la participación de quienes trabajan la tierra.
La conclusión resulta incómoda, pero importante: el problema no sería únicamente la falta de políticas públicas, sino que muchas veces esas políticas no consiguen conectar con las necesidades concretas de las comunidades.
El contraste con la Sierra Juárez resulta especialmente revelador. En esta zona de Oaxaca, las actividades de manejo forestal y ecoturismo alcanzaron niveles muy altos de capacidad adaptativa. WRI relaciona ese resultado con más de tres décadas de experiencia en manejo sostenible del bosque, una organización comunitaria sólida, asesoría técnica constante y conocimientos tradicionales sobre ordenamiento territorial, plagas y manejo del fuego.
Es una diferencia que dice mucho. Dos comunidades pueden estar expuestas a un clima cambiante, pero no necesariamente cuentan con las mismas herramientas para enfrentarlo. La organización social, el conocimiento acumulado y la capacidad para tomar decisiones colectivas pueden convertirse en una especie de escudo frente a los impactos climáticos.
Los resultados de Cunduacán, Tabasco, muestran otra realidad. Entre los ocho productores ganaderos evaluados por el estudio hubo casos que fueron desde una capacidad adaptativa muy baja hasta una muy alta, aunque el conjunto presentó una tendencia hacia los niveles bajos.
La dependencia de la venta de ganado en pie, la poca diversificación de cultivos y pastos, así como la ausencia de prácticas suficientes de conservación de suelo y agua, incrementan la exposición ante las sequías. Además, solamente la mitad de los productores consultados señaló contar con algún tipo de ahorro para enfrentar un evento extremo.
El hallazgo coincide con una preocupación más amplia señalada por el IPCC: los pequeños productores son particularmente vulnerables porque los cambios en temperatura, precipitaciones y fenómenos extremos afectan directamente su productividad, sus ingresos y la seguridad alimentaria de sus hogares.
En ese escenario, la diversificación puede ser una herramienta decisiva. El propio estudio de WRI encontró que algunas comunidades agrícolas de la Región Mixe, particularmente aquellas vinculadas con el cultivo de agave y maíz, presentaron mejores resultados que varios productores dedicados al café. No significa que un cultivo garantice por sí mismo la adaptación, sino que las prácticas productivas, los recursos disponibles y la organización pueden modificar de manera sustancial la capacidad de respuesta.
La dimensión económica también tiene un peso evidente. Un productor que dispone de ahorro, crédito o distintas fuentes de ingreso puede tener más posibilidades de recuperarse después de una sequía o de un evento extremo que otro cuya economía depende de una sola actividad y que carece de recursos para invertir en infraestructura o modificar sus prácticas.
Por eso, la adaptación climática no puede reducirse a entregar semillas, construir obras o recomendar nuevas técnicas agrícolas. Requiere información, capacitación, acceso a financiamiento, infraestructura, organización comunitaria y políticas diseñadas de acuerdo con las características de cada territorio.
El Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático también parte de la necesidad de identificar territorialmente las condiciones de vulnerabilidad y sus distintos componentes. La existencia de este tipo de herramientas demuestra que México cuenta con información para orientar decisiones, aunque el reto sigue siendo convertir esos diagnósticos en acciones útiles en las comunidades.
El trabajo de WRI apunta precisamente hacia ese vacío. Su propuesta busca que la capacidad adaptativa pueda medirse de manera localizada y que los resultados sirvan para orientar programas públicos y estrategias de adaptación. La organización plantea que la metodología puede aplicarse en distintas regiones y actividades rurales, entre ellas agricultura, ganadería, manejo forestal y ecoturismo.
La dimensión del desafío es considerable. De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, existen en México alrededor de 3.5 millones de unidades productivas de hasta cinco hectáreas. En conjunto, esas unidades abarcan unos 5.9 millones de hectáreas y producen alrededor de 37.8 millones de toneladas de cultivos, de las cuales 32.4 millones se destinan al mercado.
Eso significa que hablar de pequeños productores no es hablar de un sector marginal. Son millones de unidades productivas que participan en la economía rural y en el abastecimiento de alimentos, pero cuya capacidad para resistir los efectos de un clima cada vez más cambiante puede estar limitada por factores que van mucho más allá de la parcela.
La lección central del índice SAbERES es, en ese sentido, bastante clara. La adaptación comienza en el territorio. Una comunidad que conoce sus riesgos, tiene información climática, conserva sus recursos naturales, diversifica sus actividades y participa en las decisiones que afectan su entorno tiene mejores posibilidades de responder cuando llega una emergencia.
El reto para las instituciones públicas será lograr que los instrumentos de planeación dejen de ser documentos que existen en oficinas y se conviertan en herramientas que realmente utilicen quienes enfrentan las consecuencias del cambio climático. Porque para un pequeño productor, una alerta climática que llega tarde o un plan territorial que nunca conoció pueden significar la diferencia entre prepararse o perder una cosecha.
