El Gobierno peruano declaró en emergencia cinco penales de alta peligrosidad durante 60 días y reforzará su vigilancia exterior con policías y militares para impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde las prisiones.
El Gobierno de Perú decidió elevar la presión contra las organizaciones criminales con una medida extraordinaria dirigida a cinco de los penales considerados más peligrosos del país. La presidenta Keiko Fujimori suscribió el decreto que establece el estado de emergencia durante 60 días en Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.
La decisión forma parte de la estrategia del Ejecutivo para recuperar el control de espacios penitenciarios donde, según las autoridades, integrantes de organizaciones criminales continúan coordinando actividades ilícitas hacia el exterior. El problema no es menor: el propio Gobierno sostiene que estos cinco establecimientos concentran cerca de la mitad de los internos vinculados con organizaciones criminales.
El Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM establece que la medida también abarcará el perímetro exterior de las cárceles, hasta un radio de 200 metros. En esa zona podrán desplegarse operativos permanentes de la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas, principalmente para impedir el ingreso de armas, teléfonos y otros objetos prohibidos, además de prevenir fugas y alteraciones del orden.
De acuerdo con información publicada por el diario oficial El Peruano, la intervención contempla también labores de inteligencia, controles de acceso y acciones sobre el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de los penales. El objetivo es cortar los canales que permiten mantener comunicación clandestina con el exterior.
La medida llega en un momento especialmente delicado para la seguridad peruana. El Gobierno ha señalado que desde algunas prisiones se dirigen delitos como extorsiones, secuestros y sicariato mediante equipos de telecomunicación no autorizados. En otras palabras, las autoridades buscan impedir que una celda pueda convertirse en una especie de centro de operaciones para una banda criminal.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, explicó que una de las prioridades será fortalecer la inteligencia penitenciaria y coordinarla con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Según reportó El Peruano, el funcionario sostuvo que las requisas por sí solas no son suficientes y que resulta indispensable conocer qué ocurre dentro de los centros de reclusión.
Otro de los objetivos anunciados es revisar la distribución de los internos. El Gobierno plantea evitar que personas con distintos niveles de peligrosidad compartan espacios y establecer criterios diferenciados para los beneficios penitenciarios, tomando en cuenta el delito cometido, la conducta y el nivel de riesgo.
Los cinco establecimientos fueron seleccionados precisamente por el nivel de peligrosidad que representan. Challapalca se encuentra en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Trujillo Varones, en La Libertad; mientras que Miguel Castro Castro y Ancón I están en Lima. El Comercio y la Agencia Andina confirmaron que los cinco centros forman parte de la declaratoria oficial de emergencia.
La intervención, sin embargo, tiene límites establecidos por el propio decreto. El Instituto Nacional Penitenciario mantendrá la administración y custodia interna de los establecimientos, mientras que la Policía, con respaldo militar, tendrá un papel reforzado en el perímetro exterior. Por ello, el Gobierno sostiene que la disposición no representa una militarización de las cárceles.
Durante la vigencia de la emergencia quedarán restringidos determinados derechos constitucionales en el perímetro de 200 metros, entre ellos la libertad de tránsito y de reunión, conforme a las condiciones establecidas en la norma. Al mismo tiempo, el Ejecutivo aseguró que deberán preservarse derechos como la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso.
La Defensoría del Pueblo también ha puesto atención sobre el alcance de las medidas extraordinarias. La institución anunció que vigilará que las acciones de seguridad se desarrollen sin menoscabar los derechos fundamentales de las personas.
La ofensiva penitenciaria se relaciona con una estrategia de seguridad más amplia impulsada por Fujimori desde el inicio de su administración. Según información publicada por El País, el Gobierno también solicitó al Congreso facultades legislativas durante 120 días para adoptar medidas contra la inseguridad y el crimen organizado.
El contexto explica la urgencia política. La delincuencia se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los peruanos y el Ejecutivo enfrenta presión para demostrar resultados frente al aumento de delitos violentos. El Gobierno ha presentado la situación penitenciaria como una pieza central del problema, al considerar que determinadas bandas mantienen capacidad operativa aun cuando sus principales integrantes están encarcelados.
El caso de Trujillo es particularmente ilustrativo. Las autoridades han relacionado a organizaciones criminales que operan en esa ciudad con hechos recientes de secuestro, asesinato y extorsión. La presencia del penal Trujillo Varones entre los establecimientos intervenidos refleja la intención de actuar no solamente sobre los delitos cometidos en las calles, sino también sobre las estructuras que presuntamente los coordinan desde prisión.
El desafío, sin embargo, va más allá de colocar vigilancia en los alrededores. El propio Gobierno reconoce problemas estructurales dentro del sistema penitenciario, entre ellos la sobrepoblación y la falta de personal. El Peruano señaló que las autoridades buscan aprovechar la emergencia para mejorar el control interno, fortalecer la inteligencia y reorganizar a los reclusos.
En este escenario, la declaratoria de emergencia representa la primera respuesta concreta del Ejecutivo para intervenir los puntos penitenciarios que considera más críticos. El resultado dependerá de algo más que patrullajes y decomisos: será necesario impedir que las organizaciones criminales recuperen sus canales de comunicación y, al mismo tiempo, mejorar de manera permanente la administración de las cárceles.
La apuesta de Keiko Fujimori es clara. Si las autoridades consiguen recuperar el control de estos cinco establecimientos y cortar la coordinación delictiva con el exterior, la medida podría convertirse en una pieza relevante de su política de seguridad. Pero si la emergencia termina reducida a operativos temporales, el problema de fondo permanecerá intacto.
