El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la segunda licencia de Rubén Rocha Moya, apenas unas horas después de que el gobernador revirtiera su regreso al cargo ante el creciente aislamiento político y las investigaciones abiertas en México y Estados Unidos.
La crisis política alrededor de Rubén Rocha Moya dio este domingo un nuevo giro. El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad su segunda solicitud de licencia, esta vez con carácter indefinido y por un periodo superior a 30 días, después de que el gobernador permaneciera apenas unas 34 horas nuevamente al frente del Ejecutivo estatal.
La decisión cierra, al menos por ahora, un episodio político tan breve como inusual. Rocha Moya había retomado la gubernatura el viernes 21 de agosto, después de más de tres meses separado del cargo. Sin embargo, el sábado comunicó que volvería a solicitar licencia y el domingo el Congreso formalizó la autorización.
La Diputación Permanente aprobó la solicitud y turnó el expediente a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, que deberá formular la propuesta para ocupar de manera interina la gubernatura. El Congreso convocó además a un periodo extraordinario para este lunes 24 de agosto, en el que está previsto avanzar en la designación y toma de protesta del nuevo titular interino.
El cambio ocurre después de que el propio Rocha Moya justificara su regreso como una decisión institucional. El Gobierno de Sinaloa informó el viernes que el mandatario había retomado sus funciones tras concluir la licencia solicitada en mayo y que durante su ausencia la administración había quedado bajo la responsabilidad interina de Yeraldine Bonilla Valverde.
Pero el retorno provocó una reacción política inmediata. La Secretaría de Gobernación informó que la reincorporación de Rocha Moya había sido una decisión de carácter personal y recordó que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con las diez personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellas el gobernador sinaloense.
La presidenta Claudia Sheinbaum también tomó distancia. Consultada sobre la nueva licencia, sostuvo que, así como Rocha Moya había decidido personalmente regresar, también había optado por retirarse, y consideró que esa decisión era lo mejor para Sinaloa. La mandataria negó además haber intervenido en el regreso del gobernador.
El trasfondo judicial es uno de los elementos que explican la dimensión política del caso. En abril, autoridades estadounidenses hicieron pública una acusación contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Los señalamientos corresponden a una acusación judicial y no equivalen por sí mismos a una condena.
Rocha Moya ha rechazado esas acusaciones y las ha calificado de falsas y carentes de sustento. En México, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones relacionadas con las personas señaladas por Estados Unidos. La Secretaría de Gobernación ha señalado, además, que corresponde a las instituciones competentes avanzar en esas indagatorias y que debe respetarse el debido proceso.
El episodio también expuso una distancia política poco habitual entre un gobernador en funciones y el partido que lo llevó al poder. Morena y el Gobierno federal se deslindaron públicamente de su decisión de regresar a la gubernatura, mientras distintos actores del oficialismo cerraron filas alrededor de Sheinbaum.
La consecuencia inmediata es institucional. Sinaloa deberá contar nuevamente con un gobernador interino mientras permanezca vigente la licencia de Rocha Moya. El Congreso estatal tiene previsto resolver este lunes quién asumirá esa responsabilidad y garantizar así la continuidad de la administración pública.
La situación llega, además, en un momento particularmente delicado para Sinaloa. La entidad enfrenta desde hace meses una fuerte presión derivada de la violencia del crimen organizado, además de las repercusiones económicas y sociales asociadas a la inseguridad. Por eso, el relevo no es un asunto meramente protocolario: para ciudadanos, empresas y autoridades locales significa saber quién tendrá las riendas del estado mientras se mantiene abierta una investigación de alto impacto político.
En cuestión de días, Rocha Moya pasó de anunciar su regreso a solicitar nuevamente licencia. La secuencia deja una señal evidente: el problema dejó de ser únicamente la permanencia de un gobernador en el cargo y se convirtió en una prueba para la capacidad del oficialismo de mantener cohesión política frente a un caso que involucra investigaciones nacionales, acusaciones estadounidenses y una entidad marcada por la violencia.
