El Gobierno de Nueva Zelanda presentó una iniciativa que obligaría a las principales plataformas digitales a impedir el acceso de menores de 16 años, aunque su aprobación enfrenta una fuerte oposición dentro de la propia coalición gobernante.
Nueva Zelanda abrió este lunes un nuevo frente en el debate internacional sobre la protección de los menores en internet. El Gobierno del primer ministro Christopher Luxon presentó ante el Parlamento un proyecto de ley que busca impedir que los menores de 16 años tengan acceso a determinadas redes sociales y trasladar la responsabilidad de aplicar la restricción directamente a las plataformas tecnológicas.
La iniciativa, denominada Online Safety Bill, contempla que servicios como Instagram, TikTok, Snapchat y Facebook adopten medidas razonables para comprobar que sus usuarios hayan cumplido los 16 años. Las empresas que incumplan podrían enfrentar sanciones de hasta el 10 % de sus ingresos mundiales.
El primer ministro Christopher Luxon justificó la propuesta por los riesgos que, según el Gobierno, enfrentan los adolescentes en las plataformas digitales. En un comunicado oficial, sostuvo que uno de cada tres jóvenes de entre 13 y 17 años pasa al menos cinco horas diarias en redes sociales y afirmó que la exposición a contenido dañino, diseños adictivos y presiones sociales está afectando su vida familiar, su salud mental, el sueño y la educación.
La ministra de Educación, Erica Stanford, subrayó un punto que resulta clave en el proyecto: los menores y sus familias no serían sancionados. La obligación legal recaería sobre las empresas responsables de las plataformas, que tendrían que establecer mecanismos para comprobar la edad de sus usuarios.
La propuesta contempla que esa verificación pueda apoyarse en distintos mecanismos tecnológicos, entre ellos información que ya poseen las plataformas, herramientas de estimación facial o documentos de identidad digitales. Esto abre, sin embargo, otro debate: cómo proteger a los menores sin convertir la verificación de edad en una nueva fuente de recopilación de datos personales.
El Gobierno neozelandés no parte completamente de cero. En octubre de 2025 ya había sido presentado en el Parlamento un proyecto de iniciativa parlamentaria para restringir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales. La nueva propuesta oficial amplía ese debate y coloca la responsabilidad directamente sobre las compañías tecnológicas.
Australia representa el antecedente más cercano. Desde el 10 de diciembre de 2025, las plataformas sujetas a la legislación australiana deben impedir que los menores de 16 años mantengan o creen determinadas cuentas de redes sociales. Las autoridades australianas también dejaron claro que las sanciones se dirigen a las plataformas y no a los menores ni a sus padres.
La experiencia australiana es precisamente uno de los principales argumentos utilizados por los defensores y detractores de la medida en Nueva Zelanda. Luxon sostiene que las primeras señales indican cambios en el comportamiento de los usuarios jóvenes. En cambio, el viceprimer ministro Winston Peters, líder de NZ First, ha calificado el modelo australiano de fracaso y considera que la responsabilidad principal debe permanecer en las familias.
El problema político es considerable. ACT y NZ First, ambos socios del Gobierno de coalición, ya han expresado su rechazo a la iniciativa. El opositor Partido Laborista tampoco ha comprometido su respaldo y ha planteado numerosas preguntas antes de decidir si apoyará el proyecto.
La aritmética parlamentaria hace que el futuro de la propuesta sea incierto. Además, el calendario electoral juega en su contra: Nueva Zelanda celebrará elecciones generales el 7 de noviembre de 2026 y el proyecto no tiene garantizado avanzar hasta una votación antes de que termine el actual periodo parlamentario.
Más allá de la disputa política, la discusión toca una preocupación que se repite en numerosos países: cuánto tiempo pasan los adolescentes conectados, qué contenidos encuentran y hasta dónde deben intervenir los gobiernos para limitar los riesgos digitales.
Los defensores de las restricciones consideran que las plataformas no pueden limitarse a recomendar a los padres que vigilen a sus hijos mientras sus propios sistemas están diseñados para mantener a los usuarios conectados. Los críticos, por el contrario, cuestionan la eficacia de las prohibiciones, la posibilidad de que los menores encuentren formas de evadir los controles y los riesgos que implica verificar la identidad o la edad de millones de personas.
La experiencia australiana muestra que el reto no termina con aprobar una ley. Las plataformas necesitan identificar a los usuarios que deben quedar excluidos, establecer sistemas de comprobación y responder ante posibles errores. Al mismo tiempo, las autoridades deben vigilar que esos mecanismos no generen una invasión desproporcionada de la privacidad.
Nueva Zelanda se suma así a una tendencia internacional que busca retrasar el ingreso de los menores a las redes sociales o imponer mayores obligaciones a las empresas tecnológicas. La iniciativa neozelandesa, sin embargo, todavía está lejos de convertirse en una prohibición efectiva. Antes deberá superar el debate parlamentario y, sobre todo, las diferencias que existen dentro de la propia coalición que gobierna el país.
La pregunta de fondo permanece abierta: si las redes sociales han cambiado la manera en que los adolescentes se relacionan, aprenden y consumen información, ¿quién debe asumir la responsabilidad de establecer los límites? Nueva Zelanda ha decidido llevar esa discusión al terreno de la ley. Ahora tendrá que demostrar que una restricción de edad puede proteger a los menores sin crear problemas todavía mayores.
