Los restos de 117 personas fueron inhumados en el Panteón San Rafael después de permanecer bajo resguardo del Servicio Médico Forense, pero las autoridades conservaron muestras genéticas y expedientes para que puedan ser identificados y entregados a sus familias en el futuro.
En Ciudad Juárez, 117 personas fueron sepultadas este viernes en el Panteón Municipal San Rafael después de permanecer durante meses o años bajo resguardo del Servicio Médico Forense sin que se lograra establecer plenamente su identidad o fueran reclamadas por sus familiares.
La inhumación fue realizada por la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte. Los cuerpos fueron colocados en fosas individuales dentro de un área destinada para este tipo de casos, de modo que cada sepultura pueda ser localizada posteriormente si aparece información que permita establecer la identidad de alguna de las personas.
El procedimiento no significa que las autoridades hayan cerrado los expedientes. Por el contrario, antes de la sepultura se integraron registros con información que puede resultar decisiva para una identificación futura, entre ella huellas dactilares, fotografías post mortem, características de la ropa, estudios odontológicos, resultados de necropsias y muestras para obtener perfiles genéticos.
De acuerdo con información de Servicios Periciales citada por medios locales, las 117 personas eran adultas. Ocho eran mujeres y 109 hombres. Entre los hombres, 65 fallecieron por causas naturales, tres en accidentes y 41 en circunstancias violentas.
La diferencia entre una sepultura individual dentro de un espacio destinado a cuerpos no identificados y una fosa colectiva resulta importante. Aunque coloquialmente se habla de una «fosa común», las autoridades señalaron que cada cuerpo quedó registrado y depositado de manera individual, con una clave que permite conocer su ubicación.
En otras palabras, la sepultura no representa necesariamente el punto final. Si una familia obtiene información que permita relacionar a una persona desaparecida con alguno de estos cuerpos, los registros forenses pueden utilizarse para avanzar en la identificación y posteriormente iniciar el procedimiento legal para recuperar los restos.
El perito coordinador de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en la Zona Norte, Héctor Jácome Hernández, explicó que el trabajo de identificación comienza mucho antes de la inhumación. Los especialistas recopilan información desde la necropsia y reúnen todos los elementos que puedan servir para realizar comparaciones con bases de datos, reportes de personas desaparecidas o muestras proporcionadas por familiares.
El dato adquiere una dimensión particularmente dolorosa en Ciudad Juárez. Una investigación publicada recientemente por El Diario de Juárez encontró que 591 cuerpos, restos humanos y restos óseos ingresados a instalaciones forenses entre 2024 y 2026 permanecían sin identidad confirmada en el municipio. En todo Chihuahua, la cifra ascendía a mil 82 registros.
La misma investigación señaló que 334 de los casos pendientes de identificación en Juárez llevaban más de un año en esa condición. Doscientos tenían entre uno y dos años desde su ingreso y otros 134 superaban los dos años.
Estos números ayudan a comprender por qué una jornada como la del viernes no puede analizarse únicamente como un procedimiento administrativo para liberar espacio en el Semefo. Detrás de cada expediente existe una persona cuya identidad quedó suspendida y, en muchos casos, una familia que todavía podría estar buscando respuestas.
La dimensión de la crisis también alcanza a personas procedentes de otros estados o incluso de otros países. Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza con una población en constante movimiento y con una importante presencia de personas migrantes, por lo que las autoridades forenses han advertido que algunos cuerpos sin identificar podrían corresponder a personas originarias de otras entidades o nacionalidades.
Precisamente por esa condición fronteriza, la identificación forense adquiere una importancia adicional. Una persona puede morir lejos de su lugar de origen y permanecer durante años sin que exista una conexión inmediata entre el expediente de una persona fallecida y el reporte de desaparición presentado por su familia en otra entidad.
La situación tampoco es exclusiva de los casos recientes. En septiembre de 2025, por ejemplo, autoridades de Chihuahua informaron sobre la identificación de 58 personas relacionadas con fosas clandestinas localizadas en distintos puntos del noroeste del estado. Los cuerpos habían sido asociados con reportes de desaparición registrados entre 2021 y 2025.
Ese antecedente muestra que la identificación puede llegar incluso después de largos periodos. Un cuerpo recuperado, documentado y correctamente registrado conserva la posibilidad de devolverle un nombre y, con ello, abrir la puerta para que una familia conozca finalmente qué ocurrió con uno de sus integrantes.
El reto es considerable. Una investigación reciente basada en información entregada por la Fiscalía General del Estado mediante una solicitud de acceso a la información documentó más de mil cuerpos, restos humanos y restos óseos sin identidad confirmada en Chihuahua entre 2024 y 2026. Más de la mitad correspondían a Ciudad Juárez.
El problema, por tanto, no termina cuando los restos abandonan el Semefo. Cambia de escenario. El objetivo ahora es conservar adecuadamente la información y garantizar que una eventual coincidencia genética, dactilar, odontológica o documental pueda conducir hasta la identidad de la persona.
La inhumación de los 117 cuerpos también permitirá reducir la presión sobre las instalaciones forenses. Las autoridades señalaron que durante 2025 no se realizaron procedimientos de este tipo debido a la atención que requirió el caso del crematorio Plenitud, lo que contribuyó a incrementar la carga de trabajo en los servicios forenses.
El caso de Ciudad Juárez deja así una imagen difícil de ignorar: decenas de cajas depositadas en un cementerio, cada una correspondiente a una persona que murió sin que alguien pudiera reclamarla. Pero también deja una segunda realidad, menos visible y quizá más importante: cada cuerpo conserva información que puede permitir reconstruir su identidad.
Para las autoridades, la sepultura es parte de un protocolo. Para las familias de personas desaparecidas, en cambio, puede representar una posibilidad que permanece abierta. Un número, una muestra genética, una fotografía o un registro odontológico pueden convertirse algún día en la pieza que falta para devolverle un nombre a alguien que murió siendo desconocido.
