El acuerdo anunciado por Donald Trump para ampliar el control estadounidense sobre una parte estratégica del petróleo venezolano promete inversiones millonarias, pero también enfrenta cuestionamientos sobre su fundamento legal, la selección de NABEP, la transparencia de sus condiciones y sus posibles efectos sobre la transición política de Venezuela.
El acuerdo petrolero anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, comienza a enfrentar una etapa de escrutinio en Washington. La Casa Blanca lo presentó como una operación histórica para recuperar la producción venezolana y garantizar a Estados Unidos acceso a una de las mayores reservas de crudo del mundo. Sin embargo, abogados, especialistas en energía y legisladores estadounidenses han planteado preguntas que todavía no tienen respuestas públicas completas.
Uno de los principales puntos de controversia es la participación que tendrá el Gobierno de Estados Unidos en North American Blue Energy Partners, conocida como NABEP. Según la Casa Blanca, la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa recibirá una participación del 35 por ciento en la empresa matriz, mientras Washington tendrá además acceso preferencial a parte del petróleo producido.
La administración Trump sostiene que el acuerdo permitirá desarrollar 17 campos petroleros con reservas probadas cercanas a 65 mil millones de barriles y contempla hasta 100 mil millones de dólares de inversión en infraestructura. También afirma que Estados Unidos tendrá derechos de gobernanza dentro de la compañía y que NABEP pagará regalías e impuestos al Estado venezolano.
Esos elementos ya fueron divulgados oficialmente. Lo que continúa bajo discusión es la base jurídica que permite al Ejecutivo estadounidense participar directamente en una empresa petrolera extranjera.
El profesor de Derecho Zachary Price, de la Universidad de California, San Francisco, examinó esa cuestión en un análisis publicado por Yale Journal on Regulation. Su conclusión es que la administración no ha identificado públicamente una autoridad legal suficiente para realizar la operación en los términos anunciados.
Price centra parte de su análisis en la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono. Según el jurista, las facultades establecidas por el Congreso para esa oficina están orientadas a proporcionar asistencia financiera a determinadas tecnologías consideradas estratégicas y no parecen contemplar una participación accionaria directa en una compañía petrolera.
El especialista también cuestiona que esas facultades permitan al Ejecutivo adquirir acciones de una empresa privada. Su análisis advierte que, si el Gobierno estadounidense controla activos o ingresos derivados de la operación, podrían entrar en juego las reglas constitucionales y presupuestarias que reservan al Congreso facultades sobre la propiedad y el gasto federal.
La interpretación no es unánime ni constituye una sentencia judicial. Se trata de un análisis jurídico externo a la administración. Hasta ahora, la Casa Blanca ha sostenido que la operación es legal y ha presentado el acuerdo como una asociación destinada a movilizar capital privado y recuperar la producción petrolera venezolana.
La cuestión ya llegó al Congreso. El senador Jack Reed, principal demócrata del Comité de Servicios Armados del Senado, pidió información sobre la autoridad legal utilizada por la administración, las condiciones financieras, el destino de los beneficios y el papel del Departamento de Defensa en la supervisión de la inversión.
La preocupación de Reed tiene una dimensión adicional: determinar si una participación financiera del Gobierno estadounidense podría influir en decisiones relacionadas con la protección de los activos petroleros. El senador ha cuestionado expresamente qué ocurriría si fuerzas militares estadounidenses fueran utilizadas para proteger inversiones en las que el propio Departamento de Defensa tiene un interés económico.
La selección de NABEP constituye otro foco de preguntas. La compañía está controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt y, de acuerdo con reportes de Reuters, recibió nuevos contratos que le permiten asumir operaciones en campos anteriormente vinculados con empresas chinas y rusas.
La Casa Blanca presenta a NABEP como un operador privado con experiencia suficiente para acelerar la recuperación de la industria. La empresa asegura que tiene capacidad para invertir cerca de 100 mil millones de dólares y aumentar la producción venezolana por encima del millón de barriles diarios.
Pero analistas del sector energético han advertido que las metas son ambiciosas. S&P Global informó que el proyecto contempla inversiones masivas, decenas de nuevas plataformas de perforación y operaciones en áreas que requieren una importante recuperación de infraestructura. La industria venezolana lleva años de deterioro productivo, falta de inversión y pérdida de capacidad técnica, por lo que recuperar volúmenes significativos no será un proceso inmediato.
También existe una discusión sobre si el acuerdo reduce realmente el riesgo de invertir en Venezuela o si únicamente protege a la empresa seleccionada. Luisa Palacios, investigadora sénior adjunta del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia, sostiene que la estructura podría reducir los riesgos para NABEP sin resolver los problemas institucionales que afectan a Venezuela.
En su análisis, Palacios advierte que crear una estructura petrolera paralela alrededor de una sola compañía puede generar interrogantes para otros inversionistas que necesitan reglas estables, contratos previsibles y seguridad jurídica. En otras palabras, tener el respaldo político de Washington puede facilitar una operación concreta, pero no necesariamente resuelve los problemas estructurales que han mantenido alejados a numerosos capitales internacionales.
Y ahí aparece una contradicción importante. Mientras la administración estadounidense busca atraer inversión para reactivar el sector venezolano, compañías como Chevron y Eni están desarrollando sus propios acuerdos dentro de un marco que continúa dependiendo de decisiones políticas y regulatorias. Reuters informó que varias empresas internacionales han avanzado en nuevas operaciones, aunque el alcance y las condiciones difieren del esquema acordado con NABEP.
La controversia también alcanza el ámbito venezolano. La Casa Blanca afirma que las autoridades interinas otorgaron concesiones de hasta 100 años para los 17 campos. Sin embargo, El País ha documentado discrepancias entre Washington y Caracas sobre la duración y estructura jurídica de los acuerdos. Expertos venezolanos citados por ese medio sostienen que algunas de las condiciones anunciadas desde Washington podrían entrar en conflicto con las normas venezolanas sobre explotación de hidrocarburos.
La situación resulta especialmente compleja porque la administración estadounidense reconoce actualmente a las autoridades interinas encabezadas por Rodríguez, mientras sectores de la oposición venezolana cuestionan la legitimidad de ese proceso político. Cualquier contrato de largo plazo firmado bajo el actual escenario podría ser revisado por un futuro Gobierno venezolano.
Ese riesgo político también preocupa a los inversionistas. Francisco Monaldi, especialista en petróleo venezolano citado por El País, ha señalado que la incertidumbre sobre la continuidad de los contratos constituye un problema para cualquier proyecto que requiera inversiones durante décadas.
La duración del acuerdo es, precisamente, uno de sus elementos más llamativos. La Casa Blanca habla de concesiones por un siglo, mientras que autoridades venezolanas han ofrecido explicaciones diferentes sobre la estructura y duración de algunos contratos. Esa discrepancia todavía requiere aclaraciones documentales.
El Gobierno de Trump sostiene que la operación forma parte de una estrategia más amplia para estabilizar, reconstruir y transformar la industria petrolera venezolana. Desde esa perspectiva, el acceso estadounidense al crudo serviría tanto para fortalecer la seguridad energética de Estados Unidos como para generar ingresos fiscales y actividad económica en Venezuela.
El acuerdo contempla además que Estados Unidos pueda comprar una parte de la producción a precio de costo y tenga derecho de primera opción sobre otra porción. La Casa Blanca afirma que esos mecanismos permitirán alimentar la Reserva Estratégica de Petróleo y garantizar suministros en situaciones de emergencia.
Para sus críticos, sin embargo, el problema está en la concentración de beneficios y en la falta de información pública sobre cómo fueron negociadas las condiciones. Reuters reportó que el acuerdo no pasó por un proceso competitivo de selección, mientras que especialistas han reclamado la publicación de los contratos completos.
La transparencia será, por ello, una de las pruebas centrales para la viabilidad del proyecto. La publicación de los documentos permitiría conocer con precisión qué obtiene Estados Unidos, qué obligaciones asume NABEP, qué ingresos recibirá Venezuela, cómo se calculan impuestos y regalías y qué mecanismos existen para resolver futuras disputas.
El debate también tiene una dimensión política de largo plazo. Algunos analistas sostienen que un acuerdo petrolero de estas características podría vincular los intereses estadounidenses con la permanencia del actual Gobierno interino venezolano. Otros consideran que la inversión puede contribuir a reconstruir una industria devastada y generar condiciones económicas para una eventual recuperación institucional.
La diferencia entre esas interpretaciones no es menor. Un proyecto petrolero con concesiones de varias décadas necesita estabilidad política para resultar viable, pero esa misma estabilidad puede convertirse en una fuente de controversia si el contrato es percibido como un compromiso que limita las decisiones de futuros gobiernos venezolanos.
Por ahora, no existe una resolución judicial que haya declarado ilegal el acuerdo ni una decisión del Congreso estadounidense que lo haya invalidado. Tampoco se han publicado todos los documentos contractuales que permitirían evaluar de manera independiente cada una de sus condiciones.
Lo que sí está confirmado es que Washington ha decidido asumir una participación económica directa en una empresa que operará una parte considerable de las reservas venezolanas, mientras la administración Trump busca utilizar esa estructura para acelerar la recuperación petrolera del país. El alcance real de esa apuesta dependerá ahora de su ejecución, de la capacidad de NABEP para conseguir capital y desarrollar los campos y, sobre todo, de la solidez jurídica de los contratos que todavía generan preguntas en ambos países.
