Una misión independiente de Naciones Unidas reconoce una reducción de algunas formas de represión en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro, pero advierte que las estructuras de seguridad e inteligencia y varias normas utilizadas contra la disidencia permanecen prácticamente sin cambios.
La salida de Nicolás Maduro del poder no significó, por sí misma, el desmantelamiento del aparato institucional señalado durante años por organismos internacionales de derechos humanos. Esa es una de las principales conclusiones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que presentó este 16 de septiembre sus nuevas conclusiones ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La misión observó algunos cambios desde la intervención militar estadounidense del 3 de enero de 2026 y la posterior captura de Maduro. Según su investigación, disminuyeron de manera significativa las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas vinculadas con motivos políticos. También fueron liberadas cientos de personas detenidas por razones políticas y se amplió ligeramente el espacio para las manifestaciones y la participación de organizaciones de la sociedad civil.
Pero el dato central está en lo que no cambió. De acuerdo con los investigadores de la ONU, las instituciones estatales relacionadas con la represión, las violaciones graves de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad permanecen esencialmente intactas. Reuters confirmó que la misión considera que las estructuras de seguridad e inteligencia conservan buena parte de sus políticas y prácticas anteriores, mientras funcionarios vinculados con el antiguo sistema continúan ocupando posiciones de poder.
La diferencia entre una disminución de los abusos y una reforma institucional es fundamental. Liberar detenidos puede modificar una estadística; cambiar las estructuras que hicieron posibles las detenciones arbitrarias modifica las reglas del sistema. La misión sostiene que, hasta ahora, ese segundo proceso no se ha producido de manera suficiente.
Uno de los puntos más delicados del informe se refiere a las leyes empleadas para criminalizar determinadas expresiones de oposición. Los investigadores señalan que varias de esas normas continúan vigentes. También cuestionan que no se hayan adoptado medidas para desarmar o desmantelar a los llamados colectivos, grupos civiles armados que, según la investigación de Naciones Unidas, han mantenido vínculos de distinta naturaleza con instituciones y fuerzas estatales.
La misión dedicó una investigación específica a estos grupos. Sus conclusiones señalan que algunos colectivos han desempeñado funciones de vigilancia, inteligencia y control comunitario, además de participar en acciones contra manifestantes y personas consideradas opositoras. El informe sostiene que existieron relaciones que incluyeron respaldo político, apoyo logístico y material, coordinación operativa y protección institucional.
La situación de los detenidos también continúa siendo motivo de preocupación. La misión documentó denuncias de tortura y malos tratos que incluyen aislamiento prolongado, condiciones de confinamiento extremas, exposición al frío y privación de alimentos. Reuters informó que los investigadores también identificaron cientos de personas que permanecen detenidas arbitrariamente y señalaron denuncias relacionadas con centros penitenciarios como El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro.
Al mismo tiempo, periodistas, activistas y otros integrantes de la sociedad civil siguen enfrentando obstáculos para realizar su trabajo. La misión documentó además un patrón de arrestos breves que, según su interpretación, ha servido para intimidar a integrantes de la oposición, periodistas y organizaciones civiles.
El diagnóstico actual debe leerse dentro de una historia más amplia. La misión independiente fue creada por el Consejo de Derechos Humanos en 2019 y desde entonces ha documentado presuntas violaciones graves, entre ellas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura. Informes anteriores de Naciones Unidas ya habían señalado problemas estructurales en los servicios de inteligencia y seguridad venezolanos.
La propia ONU mantiene abierto el proceso de revisión internacional. El Consejo de Derechos Humanos celebra actualmente su 63.ª sesión, entre el 7 de septiembre y el 7 de octubre de 2026, y tiene previsto recibir formalmente el nuevo informe de la misión. La Oficina de Naciones Unidas en Ginebra anunció además una sesión informativa con Sofía Macher, Alex Neve y María Eloísa Quintero, integrantes de la misión.
El mensaje de los investigadores apunta, finalmente, hacia la rendición de cuentas y la justicia transicional. No basta con reducir determinadas prácticas represivas, sostienen; también es necesario reformar las instituciones, investigar los abusos y garantizar reparación a las víctimas.
La situación venezolana muestra así una dificultad que trasciende el cambio de un gobernante por otro. Las instituciones de seguridad, las leyes y las prácticas administrativas pueden sobrevivir a una transición política. Transformarlas requiere algo más que nuevas autoridades: exige controles efectivos, independencia institucional y mecanismos capaces de impedir que la violencia y la persecución vuelvan a convertirse en instrumentos de poder.