A casi dos años de un informe bipartidista con 85 recomendaciones, el Congreso estadounidense continúa sin aprobar un marco federal integral para regular la inteligencia artificial, mientras nuevas iniciativas avanzan entre desacuerdos sobre seguridad, innovación, costos y competencia con China.
Washington lleva casi dos años discutiendo cómo responder al avance de la inteligencia artificial sin haber conseguido todavía una legislación federal integral que establezca reglas generales para su desarrollo y utilización. El debate, sin embargo, ha cambiado de tono en las últimas semanas y ha comenzado a sumar voces de ambos partidos, así como advertencias procedentes de la propia industria tecnológica.
El punto de partida más claro fue diciembre de 2024, cuando un grupo de trabajo bipartidista de la Cámara de Representantes presentó 85 recomendaciones sobre inteligencia artificial. El representante republicano Jay Obernolte, uno de los integrantes más activos del grupo, propuso posteriormente crear una comisión especial que pudiera convertir aquellas recomendaciones en proyectos legislativos.
La iniciativa no prosperó. Según explicó Obernolte a CNN, los líderes republicanos consideraron que el grupo de trabajo ya había cumplido su cometido y que las comisiones permanentes del Congreso podían continuar con esa tarea. El resultado ha sido un proceso fragmentado, con numerosas propuestas distribuidas entre diferentes comités y sin una norma federal que abarque de manera general los riesgos y responsabilidades asociados con los sistemas de IA.
Eso no significa que Estados Unidos carezca por completo de leyes relacionadas con la inteligencia artificial. En mayo de 2025, el presidente Donald Trump promulgó el TAKE IT DOWN Act, que estableció sanciones por la difusión intencional de imágenes íntimas no consentidas y obligó a determinadas plataformas a retirar ese material, incluidas imágenes manipuladas digitalmente. La legislación constituye una regulación específica, pero no un marco general para la IA.
La diferencia es importante porque los problemas que plantea la tecnología se han multiplicado rápidamente. Privacidad, empleo, seguridad informática, derechos de autor, desinformación, protección de menores, sistemas autónomos y posibles usos militares forman parte de una conversación mucho más amplia que todavía no tiene una respuesta legislativa federal única.
En el Congreso sí existen proyectos que intentan cubrir algunos de esos terrenos. Una propuesta bipartidista busca establecer obligaciones de seguridad para los desarrolladores de sistemas avanzados, mientras otras iniciativas plantean mecanismos de supervisión, evaluación de riesgos y mayores responsabilidades para las compañías que desarrollan los modelos más capaces.
Una de las propuestas que permanece bajo negociación en el Senado contempla un denominado deber de cuidado para determinadas empresas de IA, con obligaciones para prevenir riesgos graves, incluidos posibles usos que faciliten la creación de armas biológicas o nucleares. El proyecto también estudia mecanismos que permitirían al Gobierno impedir la distribución de determinados modelos considerados inseguros, aunque las compañías tendrían vías para impugnar esas decisiones.
La discusión cobró fuerza después de varios episodios relacionados con el comportamiento de sistemas avanzados. El senador demócrata Richard Blumenthal pidió explicaciones a OpenAI por el incidente en el que agentes de inteligencia artificial vinculados con la compañía fueron utilizados para realizar un ataque informático contra Hugging Face. El senador republicano Josh Hawley también abrió una investigación sobre ese episodio y sus posibles implicaciones para la seguridad.
El hecho de que legisladores de ambos partidos estén examinando el mismo problema no significa que exista consenso sobre la solución. Ahí aparece uno de los principales obstáculos. Mientras algunos congresistas defienden reglas federales más estrictas, otros consideran que una regulación demasiado amplia podría frenar el desarrollo tecnológico estadounidense justo cuando Washington considera que existe una competencia estratégica con China.
La administración Trump ha colocado precisamente esa competencia en el centro de su política tecnológica. La Casa Blanca publicó en marzo de 2026 un marco legislativo nacional que pide al Congreso adoptar políticas relacionadas con protección de menores, derechos de autor, innovación, centros de datos, energía y seguridad de la inteligencia artificial.
En junio, además, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a impulsar la innovación y seguridad de la IA y señaló que Estados Unidos debía evitar regulaciones que, desde la perspectiva de su administración, pudieran frenar el desarrollo tecnológico. Otra directiva presidencial estableció medidas para acelerar la utilización de sistemas avanzados de IA en el ámbito de la seguridad nacional.
La posición de la Casa Blanca contrasta con las demandas de algunos legisladores y expertos que consideran necesario establecer obligaciones vinculantes antes de que la tecnología avance todavía más. El senador demócrata Mark Warner ha pedido que el Congreso apruebe medidas de seguridad antes de que termine 2026, mientras otros legisladores han defendido mecanismos de supervisión federal y evaluaciones independientes.
La industria también se ha convertido en una parte inesperada de esta discusión. OpenAI pidió en septiembre un sistema nacional obligatorio de seguridad para los modelos avanzados, argumentando que los compromisos voluntarios no son suficientes para enfrentar los riesgos asociados con sistemas cada vez más capaces.
Anthropic y otras compañías han planteado igualmente la necesidad de establecer límites y mecanismos de seguridad. En una reunión reciente con legisladores de la Comisión de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes, representantes de empresas tecnológicas señalaron que estaban dispuestos a adoptar salvaguardas, pero que no podían asumir que todas las compañías del sector actuarían de la misma manera sin reglas comunes.
Mientras tanto, la inteligencia artificial ya está generando conflictos regulatorios mucho más concretos. El crecimiento de los centros de datos ha elevado la preocupación por el consumo eléctrico y por quién debe pagar las nuevas infraestructuras necesarias para abastecerlos.
La Cámara de Representantes aprobó el 16 de septiembre, por 417 votos contra 3, la Ratepayer Protection Act, una propuesta que busca que los grandes centros de datos asuman los costos adicionales de infraestructura eléctrica asociados con su demanda. El proyecto fue enviado al Senado, donde su avance se frenó al día siguiente después de que el senador demócrata Martin Heinrich objetara su aprobación rápida.
Ese episodio muestra una característica del debate actual. El Congreso puede avanzar en asuntos concretos relacionados con la expansión de la IA, pero las iniciativas más amplias continúan enfrentando diferencias sobre el alcance de la intervención federal, la autoridad de los estados y la responsabilidad que debe recaer sobre las empresas.
También existe una cuestión política que complica los tiempos legislativos. La Cámara de Representantes abandonó Washington antes de lo previsto y no tiene programado regresar hasta después de las elecciones de noviembre. El Senado mantiene actividad, pero el calendario electoral reduce el margen disponible para negociar una legislación compleja.
Los demócratas han intensificado sus llamados a establecer salvaguardas federales. Algunos republicanos también han respaldado iniciativas específicas, pero dentro del Partido Republicano persiste una corriente que considera que Estados Unidos debe priorizar la innovación y evitar que las regulaciones concedan una ventaja tecnológica a China.
La discusión, por tanto, no puede reducirse a una simple división entre quienes apoyan o rechazan la regulación. Hay coincidencias sobre determinados riesgos, pero profundas diferencias sobre qué debe regularse, quién debe supervisar, qué obligaciones deben asumir las compañías y hasta dónde debe llegar el Gobierno federal.
Además, el tiempo juega un papel particular. La tecnología avanza mientras el proceso legislativo sigue su ritmo habitual, con audiencias, comités, negociaciones y votaciones. Un proyecto que hoy intenta regular los modelos más avanzados puede enfrentarse a una realidad tecnológica distinta cuando finalmente llegue al pleno.
El resultado es un escenario todavía abierto. Estados Unidos cuenta con algunas leyes específicas, órdenes ejecutivas, iniciativas estatales y numerosos proyectos en el Congreso, pero carece de una legislación federal integral que establezca un conjunto uniforme de obligaciones para la inteligencia artificial.
El desafío para los legisladores será encontrar un punto de equilibrio entre seguridad, innovación, competencia internacional y protección de los ciudadanos. Por ahora, la discusión avanza en varias direcciones al mismo tiempo, mientras la tecnología continúa cambiando más rápido que el calendario político de Washington.