La justicia de Morelos vinculó a proceso a Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, por el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, mientras la investigación complementaria continuará durante los próximos cuatro meses.
La muerte de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años que había llegado a México para realizar un intercambio académico, entró este viernes en una nueva etapa judicial. Una jueza de control determinó la vinculación a proceso de Francisco Javier “N”, conocido como “El Trompas”, señalado por la Fiscalía General del Estado de Morelos como probable responsable del feminicidio ocurrido el 12 de septiembre en Cuautla.
La resolución fue emitida después de una audiencia que comenzó con retraso debido al traslado del acusado al juzgado. De acuerdo con información difundida por la Fiscalía de Morelos y reportada por la Agencia EFE, la jueza Alma Patricia Salas Ruiz consideró acreditadas las circunstancias relacionadas con lesiones infamantes y exposición en lugar público. Además, ordenó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cuatro meses para concluir la investigación complementaria.
La decisión no representa todavía una sentencia. El proceso penal continuará y corresponderá a las autoridades presentar y desahogar los elementos de prueba que deberán ser valorados durante las distintas etapas judiciales. Esa precisión resulta especialmente importante en un caso que ha despertado una fuerte reacción tanto en México como en España.
La Fiscalía sostiene que el teléfono celular de Tacoronte fue robado y que las características de la agresión permiten mantener la imputación por feminicidio. Según los reportes difundidos por Reuters y otros medios españoles, el detenido habría confesado su participación después de ser capturado. La información sobre esa supuesta confesión procede de declaraciones de autoridades y deberá incorporarse al proceso conforme a las reglas judiciales correspondientes.
Tacoronte había llegado a México a mediados de agosto para participar en un programa de intercambio entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Su estancia académica terminó abruptamente con el ataque que sufrió en Cuautla. La Universidad de Granada confirmó posteriormente medidas para suspender o reubicar intercambios vinculados con Morelos, mientras estudiantes y miembros de la comunidad universitaria han expresado su consternación.
El caso también ha puesto nuevamente bajo la mirada pública la seguridad de las estudiantes de la UAEM. La propia universidad ha documentado en sus comunicados y síntesis informativas la conmoción provocada por el asesinato de Tacoronte y su coincidencia con otros homicidios de alumnas vinculadas con la institución. De acuerdo con información difundida por la UAEM, los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes también han dejado una profunda huella dentro de la comunidad universitaria.
La preocupación trasciende las aulas. Cuando una estudiante viaja miles de kilómetros para formarse, el intercambio académico supone también una expectativa elemental de seguridad. Por eso, la muerte de Claudia no solo ha generado una investigación penal, sino preguntas sobre las condiciones que rodean la movilidad universitaria y la protección de quienes llegan a otro país para estudiar.
La Fiscalía de Morelos había anunciado que buscaría la pena máxima prevista para el feminicidio en el estado, de hasta 70 años de prisión. Sin embargo, esa posibilidad dependerá del desarrollo del proceso y de las determinaciones que adopten los tribunales.
Mientras tanto, el cuerpo de Claudia Tacoronte fue entregado a su familia para iniciar los trámites de repatriación. Su padre llegó a México en los últimos días para identificar los restos, en un momento especialmente doloroso para una familia que esperaba el regreso de su hija por razones muy distintas.
La investigación entra ahora en una fase decisiva. Durante los próximos cuatro meses, las autoridades deberán profundizar en los indicios reunidos, localizar elementos pendientes —entre ellos el teléfono de la víctima, según la Fiscalía— y sostener ante los tribunales las acusaciones formuladas. La verdad es que, más allá de los titulares y de la conmoción pública, será ese procedimiento el que determine jurídicamente las responsabilidades por la muerte de Claudia Tacoronte.