Bancas que impiden recostarse, superficies cubiertas con picos y otros elementos que dificultan permanecer en determinados lugares revelan una dimensión incómoda del urbanismo contemporáneo: el diseño puede ordenar una ciudad, pero también puede decidir silenciosamente quién tiene derecho a permanecer en ella.
Una banca debería cumplir una función sencilla: permitir que alguien se siente. Sin embargo, basta colocar un separador metálico en medio para convertirla en algo más. Sigue siendo un asiento, pero ya no permite descansar de la misma manera. En otras calles aparecen picos sobre superficies donde alguien podría acostarse, rociadores automáticos o determinadas formas de iluminación utilizadas para desalentar la permanencia.
Ese conjunto de estrategias suele agruparse bajo el término “arquitectura hostil” o “diseño defensivo”. La literatura académica advierte, sin embargo, que no todos los elementos urbanos incómodos fueron creados con la intención de expulsar a personas sin hogar. Una clasificación publicada en Urban Design International señala precisamente la necesidad de distinguir entre diseños defensivos, hostiles, disciplinarios y otras formas de intervención urbana. La intención y los efectos son relevantes.
El debate se vuelve especialmente delicado cuando el diseño afecta a quienes no cuentan con un espacio privado al cual retirarse. Una persona con vivienda puede encontrar incómoda una banca dividida y marcharse a casa. Para alguien que duerme en la calle, esa misma modificación puede significar perder uno de los pocos lugares disponibles para descansar.
Una revisión sobre personas sin hogar y transporte público, publicada en Transportation Research Record, documentó que aproximadamente la mitad de las agencias de transporte estudiadas empleaban algún tipo de arquitectura hostil, mediante elementos estructurales o paisajísticos destinados a desalentar que las personas durmieran en determinadas instalaciones. La investigación también señala que estas medidas suelen coexistir con ordenanzas y mecanismos de control que regulan la permanencia en el espacio público.
El fenómeno no nació con las redes sociales ni con las ciudades inteligentes. Uno de sus episodios más conocidos ocurrió en Londres en 2014, cuando unos picos metálicos instalados frente a un edificio provocaron una fuerte controversia pública y terminaron siendo retirados. El investigador James Petty analizó aquel caso y planteó que la arquitectura podía convertirse en una forma de control social cuya finalidad práctica no era resolver la falta de vivienda, sino hacer menos visible a quienes la padecen.
La cuestión ética aparece justamente ahí. ¿Qué ocurre cuando el mobiliario urbano deja de responder principalmente a necesidades de uso y comienza a utilizarse para impedir determinados comportamientos de determinados grupos? Un artículo publicado en 2025 por el British Journal of Political Science sostiene que las formas típicas de diseño anti personas sin hogar, como los picos y determinadas bancas, pueden constituir discriminación directa. El argumento pertenece a los autores y forma parte de un debate académico todavía abierto.
También existen consecuencias que van más allá de la incomodidad. Una investigación publicada en Cities & Health en 2025 planteó que la arquitectura hostil podría afectar la salud de las personas sin hogar al obligarlas a desplazarse hacia lugares menos seguros o dificultar su acceso a redes de apoyo. Estudios etnográficos más recientes, realizados en Washington D. C., han recogido testimonios de personas con experiencia de sinhogarismo que describen barreras físicas, aislamiento y dificultades para acceder a determinados espacios y servicios.
La preocupación tampoco se limita al mobiliario. En 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó distintas formas de criminalización de actividades indispensables para sobrevivir cuando no existe una vivienda, entre ellas dormir, comer, asearse o almacenar pertenencias en espacios públicos. La organización ha advertido que las infraestructuras destinadas a impedir que las personas duerman en determinados lugares forman parte de un problema más amplio.
Esto no significa que toda decisión sobre el espacio urbano sea discriminatoria. Una ciudad necesita seguridad, mantenimiento, accesibilidad y reglas de convivencia. Una banca puede tener divisiones por razones de diseño o mantenimiento; una iluminación puede instalarse para mejorar la seguridad. El problema surge cuando la exclusión de determinados usuarios se convierte en el objetivo o en un efecto previsible que se ignora.
Y es que una ciudad también comunica mediante aquello que construye. Una plaza con árboles, sombra, asientos y baños públicos transmite que permanecer allí es legítimo. Una superficie cuidadosamente diseñada para impedir que alguien pueda descansar transmite un mensaje diferente, aunque ninguna señal lo diga explícitamente.
La arquitectura no puede resolver por sí sola una crisis de vivienda. Tampoco debería utilizarse para esconderla. Diseñar espacios públicos dignos implica preguntarse quién puede utilizarlos, durante cuánto tiempo y en qué condiciones. Al final, la verdadera prueba de un urbanismo responsable quizá no esté en lo impecable que luce una plaza, sino en si también ofrece un lugar para quienes tienen menos opciones.