La Asamblea Nacional francesa debate una reforma que busca extender al entorno digital algunas figuras penales relacionadas con la prostitución, poniendo bajo la lupa las plataformas de contenido sexual por encargo y abriendo un debate jurídico sobre los límites entre pornografía, prostitución y actividad digital.
Una pantalla, una cámara y un pago pueden estar a punto de adquirir una consideración jurídica distinta en Francia. La Asamblea Nacional examina una propuesta de ley integral contra las violencias sexuales y sexistas que incluye disposiciones dirigidas a los actos de carácter sexual realizados a distancia mediante servicios digitales.
El debate se concentra especialmente en plataformas como OnlyFans y MYM, que permiten a personas adultas vender fotografías, videos y contenidos personalizados directamente a sus usuarios. La discusión parlamentaria no plantea simplemente regular el contenido pornográfico producido para un público general. La redacción examinada se dirige específicamente a los actos sexuales realizados por encargo de un cliente a cambio de una remuneración.
La precisión resulta importante. Un texto presentado por la ponente Isabelle Rauch y aprobado como enmienda el 22 de septiembre establece que la nueva infracción se aplicaría cuando una persona solicite u obtenga de otra la realización de un acto de carácter sexual a distancia mediante una comunicación electrónica a cambio de dinero, una promesa de pago o determinados beneficios. La misma modificación aclara que el objetivo son contenidos realizados específicamente a petición del cliente y no la pornografía producida para un público más amplio.
Según la Asamblea Nacional francesa, la propuesta busca extender al ámbito digital la prohibición de comprar determinados actos sexuales que actualmente se aplica a las relaciones físicas. El planteamiento responde a una dificultad jurídica concreta: la jurisprudencia francesa ha considerado tradicionalmente que la prostitución implica contacto físico entre quien presta el servicio y el cliente. Esa interpretación ha dejado fuera actividades conocidas como “caming”, en las que el acto sexual se realiza ante una cámara.
El cambio ha provocado posiciones encontradas dentro del Parlamento. Algunos diputados sostienen que determinadas plataformas pueden facilitar la explotación sexual y que el marco legal debe adaptarse a una actividad que se desarrolla cada vez más en internet. En la exposición de motivos de la reforma, sus promotores también relacionan el nuevo mecanismo con la protección de menores y la lucha contra las redes de explotación.
Otros legisladores cuestionan la amplitud de la iniciativa. Un intento de eliminar el artículo 25 fue rechazado el 22 de septiembre. Entre los argumentos planteados durante el debate aparece la preocupación de que una regulación demasiado extensa pueda afectar actividades legales que no corresponden necesariamente con la prostitución. La France Insoumise, por ejemplo, sostuvo que la reforma podía entrar en conflicto con la jurisprudencia existente y trasladar determinadas actividades hacia circuitos menos regulados.
El debate jurídico tampoco es menor. El diario Le Monde señaló que especialistas consultados han advertido sobre la falta de una definición suficientemente precisa de expresiones como “acto de carácter sexual”. En derecho penal, esa precisión resulta especialmente relevante porque una persona debe poder conocer de antemano qué conducta está prohibida y cuál permanece permitida.
La propia reforma incorpora una distinción que intenta responder a parte de esa controversia. La enmienda adoptada por Rauch especifica que el pago debe constituir la contraprestación concreta que determina la realización del acto. De esta manera, una suscripción general a contenido para adultos no quedaría automáticamente equiparada a la compra de un acto sexual realizado por encargo. La diferencia todavía deberá ser examinada durante el resto del procedimiento legislativo.
El trasfondo social explica parte de la urgencia política. La propuesta de ley integral contra las violencias sexuales y sexistas comenzó su examen parlamentario en septiembre y aborda numerosas materias relacionadas con prevención, protección y persecución de delitos sexuales. La regulación de las plataformas digitales constituye solamente uno de sus apartados.
Y es que internet ha cambiado una frontera que durante décadas parecía relativamente clara. Antes, la legislación podía distinguir con mayor facilidad entre un encuentro físico, una producción audiovisual y una publicación. Hoy una persona puede solicitar desde su teléfono una interacción sexual personalizada que se desarrolla completamente a distancia y que, sin embargo, implica dinero, intermediación tecnológica y una relación directa entre comprador y creador.
La propuesta francesa intenta responder precisamente a esa transformación. Pero todavía no es una ley definitiva. La Asamblea Nacional continúa examinando el texto y el artículo puede ser modificado durante las siguientes etapas parlamentarias. Por ahora, lo que existe es un intento de adaptar las categorías jurídicas de la prostitución y el proxenetismo a una realidad digital que avanza mucho más rápido que las normas creadas para regularla.