La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala toma nota de la integración, el 20 de septiembre, de la nómina de seis candidatos a Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030. Ante las etapas de impugnación, remisión de la nómina y elección por el Congreso de la República, reitera su llamado a preservar la transparencia del proceso y a fundamentar la decisión en la capacidad, la reconocida honorabilidad y la independencia de la persona que asumirá esta responsabilidad.

Como ya ha sido recordado con anterioridad, la Contraloría ocupa una posición esencial en el control democrático, la protección de los recursos públicos y la prevención de la corrupción. Su titular debe contar con la capacidad, independencia y la autonomía necesaria para fiscalizar con igual rigor a todas las entidades sujetas a su competencia, incluidas aquellas vinculadas con quienes hayan respaldado su elección.

La Misión considera indispensable que la Comisión de Postulación publique la documentación que sustenta la nómina, garantice los plazos legales de impugnación y resuelva las objeciones de manera individualizada y motivada, respetando el derecho de defensa. Los expedientes remitidos al Congreso deben permitir conocer las calificaciones, los señalamientos y descargos, las verificaciones realizadas y las razones de las decisiones.

Corresponderá al Congreso evaluar los seis perfiles. La inclusión en la nómina y los puntajes obtenidos no agotan el examen de idoneidad. La reconocida honorabilidad exige una valoración expresa, sustentada en información verificable. Los señalamientos deben examinarse con oportunidad de respuesta, sin atribuir responsabilidad por afirmaciones no comprobadas ni omitir hechos relevantes para el ejercicio del cargo.

La Misión alienta al Poder Legislativo a publicar oportunamente el calendario, facilitar el acceso a los expedientes públicos y celebrar audiencias públicas para realizar entrevistas útiles con las candidaturas en condiciones de igualdad. También recomienda recibir observaciones de la sociedad civil, las autoridades indígenas, la academia y otros sectores, con tiempo suficiente para considerarlas antes de votar. La ciudadanía debe conocer el sentido de los votos y las razones de la elección final.

La independencia de la futura autoridad requiere atención especial a los posibles conflictos de interés y a los vínculos que puedan condicionar su actuación. La experiencia en una institución fiscalizada o en la propia Contraloría debe evaluarse a partir de la trayectoria y la conducta de cada persona. La Misión exhorta a que la elección se mantenga libre de compromisos sobre auditorías, nombramientos, contrataciones o trato favorable a quienes intervengan en su designación.

De cara al próximo proceso electoral, resulta igualmente importante preservar la objetividad de la fiscalización y de la emisión, denegación o revocación de finiquitos. Estas facultades deben ejercerse con fundamento legal, criterios uniformes y respeto del debido proceso, evitando su utilización como mecanismos de presión o de exclusión política y respetando los estándares interamericanos sobre la materia.

La Misión llama a asegurar el relevo institucional dentro de los plazos legales, con respeto de las resoluciones judiciales aplicables y condiciones efectivas para el escrutinio público. Reitera su respeto por la soberanía de Guatemala y las atribuciones de sus instituciones, y su disposición a continuar acompañando este proceso conforme a su mandato y la Carta Democrática Interamericana.
 

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