Washington, DC—En un nuevo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirma su solidaridad con las familias y sus representantes. Asimismo, llama al Estado mexicano a preservar los avances logrados en las investigaciones y a acelerar y profundizar las acciones para la determinación de su suerte o paradero.
Pese al empeño de las familias y sus representantes, así como el de varias autoridades del propio Estado, y de organizaciones nacionales e internacionales que han realizado aportes técnicos relevantes en las investigaciones, los estudiantes de Ayotzinapa continúan desaparecidos. Los hechos no han sido esclarecidos y el destino de los procesos judiciales es incierto. A criterio de la CIDH, fue este esfuerzo colectivo el que permitió, en su momento, logros irrefutables en la reconstrucción de los hechos y la identificación de irregularidades en la investigación, combatiendo narrativas negacionistas dirigidas a entorpecer el proceso de verdad y justicia, y una eventual reparación.
En particular, la Comisión ha activado todos sus mecanismos convencionales y reglamentarios disponibles a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos.
En primer lugar, el 3 de octubre de 2014, la CIDH otorgó la medida cautelar 409/14; con el objeto de determinar el paradero de los estudiantes y brindar la atención inmediata a los sobrevivientes. Posteriormente, mediante acuerdos suscritos con el Estado mexicano y regidos bajo el derecho internacional, la CIDH constituyó, en dos períodos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuya misión incluyó coadyuvar en las investigaciones. Así también, la CIDH mantuvo la supervisión del cumplimiento de su medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI a través del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA).
El GIEI desempeñó un papel determinante en el desmontaje de la denominada “verdad histórica”, al demostrar científicamente la inviabilidad de la hipótesis según la cual los cuerpos habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, y al establecer que se habían implantado pruebas en el río San Juan. En su última etapa, el GIEI tuvo acceso a videos que mostraban que la Secretaría de Marina había documentado las diligencias realizadas por la Procuraduría General de la República en el basurero de Cocula, poniendo en evidencia su conocimiento respecto de las anomalías en la investigación.
A su vez, la acción de organizaciones nacionales e internacionales involucradas en el caso ha incluido la revisión de cientos de tomos de las carpetas de investigación, la identificación de graves inconsistencias en la toma de declaraciones y generación de prueba, así como la realización de nuevas entrevistas a personas detenidas. Los esfuerzos desde la sociedad civil han permitido conocer el impacto psicosocial a los estudiantes sobrevivientes y las familias de los jóvenes desaparecidos, así como denunciar públicamente la ocurrencia de torturas durante los interrogatorios a posibles personas sospechosas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha cuestionado recientemente la validez de estos aportes. Para la CIDH esta postura pretende debilitar la asistencia técnica internacional; además de afectar el derecho a las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Por su parte, el Estado señaló que la posición general de México ha sido mantenerse abierto a la cooperación y a la interlocución internacional.
A 12 años de ocurridos los hechos, la Comisión expresa su preocupación por el resurgimiento de narrativas que cuestionan o minimizan la participación de las fuerzas militares en los hechos. La determinación de las responsabilidades debe corresponder exclusivamente a las autoridades estatales encargadas de investigar los hechos y sancionar a los responsables, con base en las pruebas disponibles, y conforme a la Constitución y la Convención Americana. En este caso, dicha función corresponde a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, órgano especializado responsable de conducir y liderar la judicialización del caso.
La CIDH ha resaltado la necesidad de que las líneas de investigación abarquen la cadena de mando político, la participación de órganos de seguridad del Estado y la actuación de agentes de procuración de justicia. En este sentido, resulta relevante la recomendación de profundizar investigación sobre la participación de agentes de las fuerzas militares y policiales apuntando a la reconstrucción de sus posibles vínculos con los grupos criminales que operaban en Guerrero en la época de los hechos, en todos los niveles de la cadena de mando.
Finalmente, en el marco de la medida cautelar 409/14, que continúa vigente, la Comisión reafirma su compromiso con las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa quienes, junto con las organizaciones que las acompañan —Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Serapaz—, han sostenido durante 12 años una lucha incansable y digna por la verdad y la justicia.
La CIDH honra la memoria del señor Francisco Rodríguez Morales, padre del normalista Everardo Rodríguez Bello, quien falleció este año; así como la de otras madres y padres que han perecido sin haber conocido la verdad sobre la desaparición de sus hijos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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