La vivienda dispara la tensión en España entre protestas, desalojos y nuevas medidas del Gobierno
Notipress.- España vive momentos de tensión con un problema que se encuentra presente en todo el mundo, pero que en el país ibérico ha alcanzado el primer lugar de la agenda pública. La crisis de vivienda volvió al centro del debate después del desalojo de María del Carmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo de alquiler en el centro de Madrid.
Su caso fue apenas un detonante para que miles de personas salieran a las calles para manifestarse por la constante suba de los alquileres, las dificultades para comprar una casa y la escasez de oferta. Todo esto en un contexto económico en el cual casi la mitad de los ingresos de la ciudadanía se destina al alquiler.
Desde el pasado fin de semana, alrededor de un millar de personas mantiene una acampada en la Puerta del Sol, el corazón social y político de Madrid. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, impulsor de la movilización, exige una transformación radical del modelo de vivienda en España.
Abascal, usuaria de silla de ruedas, fue desalojada el 23 de septiembre. Posteriormente, la empresa propietaria alcanzó un acuerdo para permitir su regreso a la vivienda, aunque la mujer permanece hospitalizada. “No he logrado defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por las suyas”, expresó en un mensaje grabado.
Si bien la historia de Maricarmen logró salir a flote, la indignación de la población por la situación inmobiliaria, que ya lleva varios años arrastrándose, no ha cesado.
La crisis habitacional que hoy alimenta las protestas tiene sus raíces en el desplome inmobiliario de 2008. Pero a pesar del estallido de aquella burbuja, la construcción residencial logró recuperarse; solo que no a sus niveles anteriores.
La desaparición de promotoras, problemas bancarios y un desplome de la construcción residencial fueron generando presión a lo largo de la última década. Eso provocó que el precio medio pasara de 8,20 euros por metro cuadrado en 2016 a 15,1 euros en 2026.
Además, la vivienda usada aumentó 12,9%, mientras la nueva se encareció 7,4%, según datos del Índice de Precios de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística.
En efecto, la crisis le ha llegado a una gran porción de españoles. De acuerdo con la Fundación FOESSA, 1 de cada 4 personas en el país tuvo dificultades para acceder a una vivienda en 2024.
Esta situación repercute especialmente entre los jóvenes que buscan independizarse a partir de sus primeros empleos. Según cifras del Consejo de la Juventud de España, el precio medio mensual del alquiler se ubica en 1.176 euros, equivalente al 98,7% del salario medio de un joven español.
¿Son los propietarios responsables?
La estructura de propietarios en España es probablemente una de las patas del problema: a diferencia de otros países, el mercado no está compuesto principalmente por grandes fondos de inversión. Según datos del sector inmobiliario, la inmensa mayoría de las viviendas en alquiler pertenecen a particulares (pequeños propietarios), y tres de cada cuatro de ellos poseen una sola vivienda en alquiler como complemento a sus ingresos o jubilación.
Pero si algo comparten entre todos, son los mismos miedos e inseguridades que los vuelven reacios a colocar sus viviendas en alquiler.
Existe una fuerte sensación de vulnerabilidad entre los caseros particulares, quienes sienten que el sistema legal tarda demasiado en restituirles la posesión de su inmueble en caso de conflicto.
Los procesos de desahucio por impago o disputas contractuales en los tribunales españoles suelen demorar entre 6 y 18 meses. Durante ese tiempo, el dueño no solo deja de percibir la renta, sino que en muchas ocasiones debe seguir pagando los impuestos y las facturas de suministros básicos para evitar denuncias por coacciones.
De acuerdo con datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en España se ejecutan entre 18,000 y 25,000 desahucios por impago de alquiler al año. La realidad es que esta cifra representa una fracción minúscula si se compara con los millones de viviendas arrendadas de forma pacífica. No obstante, el número es suficiente para inspirar miedo generalizado entre los propietarios.
A nivel general, el 14,4% del parque residencial total de España está vacío. Esto equivale aproximadamente a 3,8 millones de viviendas que no tienen ningún uso, según el Instituto Nacional de Estadística. Las principales causas son:
- Inhabitabilidad: Cerca del 38% de estos inmuebles llevan más de 5 años cerrados porque están en muy mal estado o en ruinas y requieren de una reforma integral que el dueño no puede costear.
- Problemas legales: Viviendas atrapadas en procesos judiciales de herencias o divorcios donde los dueños no se ponen de acuerdo.
- Retirada preventiva: Propietarios que, ante malas experiencias pasadas o temor a la morosidad, prefieren asumir el costo de mantener el piso cerrado antes que arriesgarse a un impago.
Un déficit concentrado en las zonas de mayor demanda
La escasez tampoco se distribuye de manera uniforme. El Banco de España estima un déficit cercano a 750.000 viviendas, que podría superar el millón en 2028. La presión se concentra especialmente en Madrid, Barcelona, las islas, el litoral mediterráneo y otros centros urbanos y turísticos.
El crecimiento de la población y del número de hogares aumenta la demanda precisamente en áreas donde la construcción responde con lentitud. España se acerca a los 50 millones de habitantes. Las razones de este crecimiento se asocian con la emancipación de jóvenes, separaciones de parejas o traslados laborales, los cuales generan nuevos hogares.
¿Por qué esta situación no se replica en otros países de la Unión Europea?
Aunque la crisis de acceso a la vivienda es un desafío en todo el continente, la magnitud de la parálisis de la oferta y la tensión social en España no se replica de la misma manera en otros países de la Unión Europea.
En los países del norte y centro de Europa, cuando los precios del mercado privado suben, el Estado cuenta con un colchón masivo de vivienda pública para proteger a las familias. En España, ese amortiguador casi no existe.
Por otro lado el modelo de propiedad marca la diferencia. En países como Alemania o Francia, una porción sustancial de los edificios de alquiler pertenece a grandes fondos, cooperativas o sociedades de utilidad pública. Estas entidades asumen los riesgos jurídicos y los topes de precios como parte de sus costos operativos a largo plazo.
En España, el mercado está en manos de particulares (pequeños propietarios y multiarrendadores privados) que utilizan el piso como plan de pensiones o complemento de ingresos. Al no ser profesionales del sector, su reacción ante el riesgo de impago o nuevas normativas es emocional y protectora: prefieren cerrar el piso, venderlo o cambiar de modalidad antes que arriesgar su patrimonio familiar.
Al mismo tiempo, el problema estructural de España frente al resto de la UE es la diferencia entre los salarios y el costo de vida. Según datos recientes del mercado y de Eurostat, España se consolida como el cuarto país de la UE donde más se han distanciado los precios inmobiliarios de los sueldos.
En los últimos años, el precio de la vivienda ha subido prácticamente el triple de lo que han crecido los salarios. En los últimos 10 años, los alquileres subieron 87% y el precio de las viviendas, 80%. Mientras que el salario promedio apenas crecio 30%.
“Decreto Maricarmen”, la respuesta del Gobierno
Ante esta situación, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó dos decretos con medidas orientadas a ampliar la protección de los inquilinos. Las iniciativas, conocidas como “decreto Maricarmen”, contemplan extender hasta 2030 la protección frente a desalojos para personas vulnerables, regular los alquileres temporales y por habitaciones y establecer restricciones a determinadas compras de viviendas por grandes fondos de inversión.
También se plantea que los contratos residenciales estándar de cinco años puedan renovarse automáticamente y que, salvo excepciones justificadas, un propietario que rescinda unilateralmente un contrato compense al inquilino con el equivalente a un año de alquiler.
La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la intervención sobre el mercado: “Es el momento de intervenir en el mercado especulativo de la vivienda y empezar a equilibrar la balanza entre ciudadanía y fondos buitre”.
Desde el lado de los propietarios, las medidas han causado aún más desconfianza. Muchos propietarios que tenían contratos redactados y listos para firmar esta semana han decidido paralizar las firmas a la espera de ver si el Congreso convalida los decretos en el pleno.
Portales y oficinas inmobiliarias reportan que varios dueños han pedido retirar los anuncios de sus pisos del mercado residencial habitual. Según estimaciones del Observatorio del Alquiler de Alquiler Seguro, el mercado ya se sitúa en torno a 4,290 viviendas por debajo de la oferta esperada desde el anuncio de las medidas.
Mientras tanto, los organizadores de la manifestación mantienen la intención de continuar en Puerta del Sol al menos hasta la votación parlamentaria prevista para este viernes.