El rechazo a los decretos de vivienda desemboca en elecciones anticipadas en España
Notipress.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones generales después de que el Congreso rechazara dos decretos-ley con medidas destinadas a enfrentar la crisis de acceso a la vivienda. El Ejecutivo celebrará este lunes 5 de octubre un Consejo de Ministros extraordinario para disolver el Parlamento y convocar los comicios para el 29 de noviembre.
La decisión llega en un escenario marcado por grandes movilizaciones ciudadanas y una derrota legislativa para el Gobierno. Durante más de una semana, cientos de personas acamparon en la Puerta del Sol de Madrid para protestar por las dificultades para acceder a una vivienda, mientras se realizaron concentraciones en otros puntos del país.
Sánchez reconoció que su administración cometió errores y no consiguió cumplir todo lo prometido. “Ha llegado el momento en que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país”, declaró.
El Sindicato de Inquilinos de Madrid, uno de los grupos organizadores de las protestas, afirmó que alrededor de 950 mil personas participaron durante el fin de semana en manifestaciones en España. Las movilizaciones coincidieron con el rechazo del Congreso a las medidas gubernamentales, que recibieron los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts.
El desalojo que intensificó las protestas
El descontento también creció tras el desalojo de María del Carmen Abascal, de 87 años, del apartamento del distrito madrileño de Retiro donde había vivido durante más de siete décadas. La mujer, conocida como Maricarmen, enfrentó un incremento del alquiler desde 500 hasta 2 mil 650 euros.
El desahucio se ejecutó durante la mañana del 23 de septiembre, pese a la presencia de decenas de personas que habían permanecido desde la noche anterior frente al inmueble. Esa misma tarde, cerca de 10 mil personas, de acuerdo con datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, se concentraron en la capital. También hubo protestas en Barcelona, Sevilla y Valencia.
Precios de vivienda presionan a los hogares
La convocatoria electoral ocurre mientras el acceso a la vivienda mantiene una presión creciente sobre los hogares españoles, especialmente en las grandes ciudades. En Madrid, el alquiler pasó de 12,8 euros por metro cuadrado en agosto de 2016 a 23,3 euros en agosto de 2026.
El encarecimiento también alcanza la compraventa. Durante ese mismo periodo, el precio del metro cuadrado aumentó 227,9%, desde 2 mil 839 hasta 6 mil 471 euros. Frente a esas cifras, el salario medio anual en España rondó los 29 mil 540 euros en 2024.
En ese sentido, alquilar un apartamento de 50 metros cuadrados en Madrid representa aproximadamente 13 mil 980 euros al año, cerca de la mitad de ese salario medio. ONU-Habitat considera asequible un alquiler cuando requiere menos del 30% de los ingresos.
A la presión de los precios se suma la disponibilidad de inmuebles. El Banco de España estima un déficit de vivienda de alrededor de 755 mil hogares, una brecha que podría alcanzar el millón hasta 2028.
Sánchez plantea una definición política en las urnas
La elección anticipada también abre una disputa sobre el rumbo político español. Desde La Moncloa, Sánchez planteó que los votantes deberán decidir entre sumarse a la “ola ultraderechista” que, a su juicio, restringe derechos, o mantener a España como “un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental”.
“Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente para acometer en profundidad las reformas pendientes”, sostuvo antes de anunciar formalmente la disolución de las Cortes. “Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista”, declaró.
El mandatario llega a la convocatoria después de sostener posiciones sobre asuntos como el reconocimiento de un Estado palestino, la responsabilidad de las plataformas de redes sociales, la inmigración y la guerra de Estados Unidos contra Irán. En ese escenario, la disolución parlamentaria traslada ahora a las urnas una crisis que tuvo en el conflicto por la vivienda uno de sus principales puntos de presión.