Washington, DC—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) dan seguimiento a la respuesta del Estado colombiano frente al terremoto ocurrido el 10 de agosto y a los incendios de cobertura vegetal que afectan distintas regiones del país. La Comisión y su Relatoría Especial reconocen las medidas adoptadas y los esfuerzos desplegados por las autoridades nacionales y territoriales para atender a la población afectada. Al mismo tiempo, ante el fortalecimiento del fenómeno de El Niño y la concurrencia de emergencias, llaman a asegurar que la atención, recuperación y reconstrucción incorporen un enfoque de derechos humanos y respondan a las necesidades diferenciadas de las personas y comunidades en situación de mayor vulnerabilidad.
Según el balance oficial al 9 de septiembre de 2026, el terremoto habría dejado 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y 111 desaparecidas. En el marco de las labores de búsqueda y rescate, 364 personas habrían sido rescatadas. La emergencia habría afectado 16 departamentos y 498 municipios, con 466.709 personas afectadas. Se reportan 36.326 viviendas destruidas y 202.002 averiadas, además de afectaciones en centros de salud, sedes educativas, espacios comunitarios y diversas infraestructuras y servicios esenciales, entre ellos vías, aeropuertos, acueductos y puentes.
La CIDH y la REDESCA toman nota de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 16 departamentos y de las medidas adoptadas durante la fase de recuperación en el marco del “Plan Milagro”; el cual, entre otras, incluyó la caracterización de las familias damnificadas, un subsidio de arrendamiento mensual durante tres meses a los hogares cuyas viviendas resultaron destruidas o no habitables, la ampliación de subsidios de vivienda, medidas de alivio en el pago de los servicios públicos domiciliarios, la habilitación de suelo para reasentamiento y alojamiento transitorio, así como la creación del “Fondo Milagro” para canalizar los recursos de la reconstrucción y la extensión del mecanismo de obras por impuestos a los municipios afectados.
A su vez, se siguen con atención las acciones en materia de educación, salud y seguridad social, incluyendo la reubicación temporal de estudiantes, la recuperación gradual de la presencialidad educativa en condiciones de seguridad, la rehabilitación de centros hospitalarios y los servicios de atención en salud mental para las comunidades afectadas. De igual forma, se observa el “Plan Marshall para el Chocó”, orientado a la reconstrucción y a la transformación económica del departamento, a partir de inversiones en infraestructura, conectividad, energía, educación y turismo. Igualmente, se destaca la continuidad de las labores de búsqueda de las personas desaparecidas tras el terremoto.
No obstante, a casi dos meses del terremoto, persisten desafíos para identificar a todas las personas damnificadas y asegurar su acceso oportuno a estas medidas, especialmente en municipios apartados, zonas rurales dispersas y territorios con limitada presencia institucional. Esta situación podría verse agravada en zonas con presencia o control territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, lo que limitaría la llegada de la ayuda humanitaria. En alojamientos temporales y autogestionados continúan necesidades relacionadas con agua potable, saneamiento, manejo de residuos, seguridad alimentaria, prevención de la violencia basada en género, medicamentos esenciales y atención en salud mental. Estas condiciones afectarían de manera particular a las familias que permanecen en carpas y asentamientos improvisados, sin acceso regular a servicios básicos ni a espacios adecuados para personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Al respecto, la Comisión y su Relatoría Especial observan que las diferencias presupuestarias, institucionales y de infraestructura entre los municipios afectados podrían incidir en el acceso efectivo de las personas damnificadas a alojamiento, servicios esenciales y otras medidas de asistencia.
La Comisión y su Relatoría Especial advierten que los impactos del terremoto en pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de Chocó, Valle del Cauca y Quindío se superponen a brechas históricas de acceso a servicios básicos y, en algunos territorios, a situaciones preexistentes de desplazamiento y confinamiento previamente documentadas por la CIDH. Asimismo, la información disponible indica que los censos de personas damnificadas no incorporarían de manera suficiente un enfoque étnico, mientras que las fallas de energía y la desigualdad en el acceso a internet y dispositivos electrónicos continúan generando barreras para el registro de población afectada en Chocó. La CIDH y su REDESCA subrayan que la caracterización, la entrega de ayudas y la recuperación deben articularse con autoridades locales y gobiernos propios indígenas y afrocolombianos, garantizando la participación efectiva de las comunidades.
También observan con preocupación que los enfrentamientos entre grupos armados no estatales en la subregión del San Juan estarían generando nuevos desplazamientos, confinamientos y obstáculos para la llegada de ayuda humanitaria. Esta situación se vería agravada por las barreras geográficas y de transporte en las zonas rurales del Chocó; así como por los déficits de infraestructura vial y pública, que dificultan el acceso oportuno a las comunidades afectadas.
En materia educativa, el terremoto habría afectado la educación de más de un millón de estudiantes y mantiene riesgos de interrupción prolongada en territorios rurales y étnicos. A ello se suman las brechas de conectividad y de acceso a dispositivos, que limitan las posibilidades de educación a distancia en esas zonas y podrían generar impactos en la calidad educativa y en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se ha recibido información sobre afectaciones a refugios humanitarios, los cuales cumplen una función esencial para la protección de personas defensoras de derechos humanos en situación de riesgo, así como sobre personas defensoras que habrían perdido sus viviendas. También se reportaron daños en cementerios relevantes para los procesos de búsqueda de personas desaparecidas. Estas situaciones requieren medidas específicas de protección, acceso humanitario y preservación de la información necesaria para los procesos de búsqueda e identificación.
De manera paralela, la CIDH y su REDESCA observan con preocupación el aumento de los riesgos de sequía, escasez de agua e incendios asociados al fenómeno de El Niño. Al 2 de octubre se reportaban 3 incendios activos en Tolima y Valle del Cauca, con una acumulación de 35 incendios controlados en los últimos 7 días. En Tolima, donde se declaró la calamidad pública el 13 de agosto, se reportaron más de 50.000 hectáreas afectadas. Al respecto, se toma nota de la estrategia de respuesta “Compromiso Tolima”, orientada a apoyar a los productores agropecuarios y a las familias rurales afectadas.
La Comisión y su Relatoría Especial toman nota del despliegue de la fuerza pública y de los controles de acceso dispuestos en zonas de mayor riesgo; y recuerdan que toda medida de seguridad debe ser necesaria, proporcional, temporal y compatible con la movilidad de la población y la labor humanitaria. Destacan también la importancia de asegurar que los bosques afectados por incendios no den lugar a procesos de expansión de la frontera productiva, ocupación irregular o apropiación de tierras, lo que podría generar incentivos para la repetición de estos hechos.
Ante este panorama, la CIDH y su REDESCA extienden un mensaje de solidaridad al pueblo colombiano y a sus autoridades. Al mismo tiempo, recuerdan que los Estados deben prevenir, mitigar y responder de manera oportuna y efectiva a los impactos de los desastres y de la emergencia climática, garantizando los derechos humanos durante todas las fases de atención, recuperación y reconstrucción. A su vez, recuerdan que las medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia deben ajustarse estrictamente a su carácter excepcional y temporal, y aplicarse de conformidad con los estándares interamericanos en la materia, en pleno respeto de los principios democráticos y del Estado de Derecho.
En ese marco, llaman al Estado colombiano a asegurar la continuidad y calidad de los servicios de salud -incluida la atención en salud mental-; garantizar el retorno a clases en espacios seguros, previa evaluación técnica de la infraestructura; y adoptar medidas para prevenir la deserción escolar, particularmente en zonas rurales y comunidades étnicas. Asimismo, instan a incorporar un enfoque étnico, territorial, de género e interseccional en censos y mecanismos de atención, y a asegurar transparencia, rendición de cuentas y participación efectiva en la ejecución de los recursos destinados a la emergencia y la reconstrucción.
La Comisión y su Relatoría Especial llaman igualmente a garantizar el acceso humanitario a los territorios afectados por el conflicto armado; reforzar la protección de personas defensoras y con liderazgo social y comunitario; preservar la trazabilidad de cuerpos y la información vinculada con la búsqueda de personas desaparecidas; y fortalecer los sistemas de alerta temprana y las capacidades de los cuerpos de bomberos y organismos de socorro frente a la intensificación de El Niño. Destacan además la importancia de asegurar la continuidad y el restablecimiento oportuno de servicios esenciales, entre ellos, los de energía y conectividad, particularmente en zonas rurales y territorios de difícil acceso, así como de fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales, municipales y territoriales y articular estos esfuerzos con la cooperación internacional, a fin de complementar capacidades y recursos para la atención, recuperación y reconstrucción.
La planificación de la reconstrucción debe integrar la gestión del riesgo climático y garantizar los derechos al agua, la alimentación, la educación, la salud y la vivienda, evitando que la concurrencia de emergencias profundice las desigualdades entre territorios y poblaciones. Finalmente, la CIDH y su REDESCA hacen un llamado a la comunidad internacional a mantener su solidaridad con Colombia, y a continuar apoyando los esfuerzos de atención humanitaria, recuperación y reconstrucción, con enfoque de derechos humanos y especial atención a las personas y comunidades más afectadas.
La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, que no representan a sus países de origen o residencia.
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