La relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas advirtió que la edad no debe convertirse en una causa de discriminación y pidió fortalecer la protección, la atención sanitaria, las pensiones y el acceso a la justicia para las mujeres mayores.
Nueva York.— Las mujeres no pierden sus derechos al envejecer, pero millones continúan enfrentando violencia, abandono, explotación económica y obstáculos para acceder a servicios esenciales, advirtió Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.
En un informe presentado ante la Asamblea General de la ONU, la experta señaló que las mujeres mayores permanecen en gran medida invisibles dentro de las leyes, las políticas públicas, los sistemas de información y los servicios diseñados para prevenir y atender la violencia.
El problema adquiere una dimensión creciente debido al envejecimiento de la población mundial. De acuerdo con las cifras citadas en el informe, en 2025 había aproximadamente 664 millones de mujeres de 60 años o más. Para 2050, esa cantidad podría alcanzar los 1,130 millones.
Alsalem sostuvo que la discriminación por edad y la discriminación por género pueden combinarse y generar formas específicas de violencia. Por ello, el informe plantea abordar la situación de las mujeres mayores desde una perspectiva que considere simultáneamente el sexo, la edad y las desigualdades acumuladas durante sus vidas.
“Las mujeres no deberían perder su derecho a vivir libres de violencia porque envejezcan”, afirmó la relatora especial. A su juicio, la edad nunca debe utilizarse para reducir la dignidad, la autonomía o la protección que corresponde a una persona.
Una violencia que también puede ser económica y digital
El informe identifica distintas formas de violencia que pueden afectar a las mujeres mayores, entre ellas agresiones físicas y psicológicas, violencia sexual y económica, control coercitivo, negligencia y abandono. También reconoce nuevas modalidades relacionadas con la tecnología.
Entre los riesgos señalados se encuentran la apropiación o explotación de pensiones y propiedades, la exclusión del entorno digital, la negativa a proporcionar atención médica o dispositivos de asistencia y las dificultades para denunciar abusos o acceder a mecanismos de justicia.
La violencia puede producirse en distintos espacios: dentro de los hogares, en las comunidades, en instituciones de cuidado, en centros penitenciarios y en contextos de crisis o conflictos armados. La ONU advierte además que la violencia sexual contra mujeres mayores permanece insuficientemente reconocida y documentada.
Algunas mujeres enfrentan riesgos adicionales debido a sus circunstancias. El informe identifica entre los grupos particularmente vulnerables a las viudas, mujeres migrantes o apátridas, mujeres que viven en zonas rurales, mujeres con discapacidad y aquellas que residen en instituciones de cuidado o se encuentran afectadas por conflictos y emergencias humanitarias.
Autonomía y decisiones médicas
La relatora especial también llamó la atención sobre las decisiones relacionadas con los tratamientos médicos y el final de la vida. Señaló que situaciones como la pobreza, la discapacidad, el aislamiento o la dependencia de otras personas para recibir cuidados pueden generar presiones que condicionen las alternativas disponibles para una mujer mayor.
Alsalem subrayó que necesitar cuidados o alcanzar una edad avanzada no debe convertir a una persona en una carga ni justificar decisiones tomadas sin respetar su voluntad y autonomía.
Ante esta situación, la experta recomendó a los Estados incorporar de manera explícita la violencia contra las mujeres mayores en sus leyes, estrategias nacionales y programas de prevención y atención.
También pidió mejorar la recopilación de datos desagregados por edad y sexo, fortalecer los mecanismos de denuncia y garantizar servicios accesibles de protección, justicia y reparación. Entre las medidas propuestas se encuentra además la capacitación de policías, jueces, personal sanitario y trabajadores de los servicios sociales.
La relatora planteó igualmente reforzar los sistemas de protección social mediante pensiones adecuadas, vivienda, atención sanitaria, cuidados y servicios paliativos. Estas medidas, sostuvo, pueden contribuir a reducir la dependencia económica, la explotación y el aislamiento que incrementan la vulnerabilidad de las mujeres mayores.
El informe coloca así el envejecimiento femenino como un asunto de derechos humanos y no únicamente como un desafío demográfico o sanitario. Para Naciones Unidas, reconocer esta dimensión resulta fundamental para evitar que la edad y el género se conviertan conjuntamente en factores que limiten la autonomía y la protección de millones de mujeres.
