Tras el Nobel de la Paz a Navi Pillay, Trump sanciona a la CPI y amenaza su funcionamiento
Notipress.- La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó las nuevas sanciones impuestas por el Gobierno de Donald Trump el viernes 9 de octubre, horas después de que Navi Pillay, exjueza del organismo, recibiera el Premio Nobel de la Paz. Las medidas estadounidenses podrían comprometer servicios esenciales para el funcionamiento del tribunal, el cual denunció un ataque contra la justicia internacional.
“Se trata de un intento de obstruir el curso de la justicia e impedir que la Corte cumpla la misión para la que fue creada. Es un ataque al Estado de derecho y a los propios cimientos del orden jurídico internacional”, afirmó la CPI mediante un comunicado.
La institución recordó que 13 jueces y fiscales ya fueron afectados por sanciones de Washington, entre ellos, Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional, e instó a sus 125 Estados miembros a garantizar su continuidad.
Trump busca cortar los recursos de la Corte Penal Internacional
A diferencia de las sanciones anteriores contra funcionarios individuales, las nuevas restricciones podrían alcanzar a empresas que prestan servicios directamente al tribunal.
Las sanciones estadounidenses suelen impedir que compañías con sede en Estados Unidos mantengan relaciones comerciales con entidades sancionadas. Esto puede provocar el cierre de cuentas bancarias, la cancelación de seguros y la interrupción de servicios tecnológicos.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó la intención de aumentar la presión económica sobre el organismo. “Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de operar”, declaró Rubio.
Washington mantiene un enfrentamiento con la CPI por las órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, y por una investigación ya cerrada sobre las actuaciones de militares estadounidenses en Afganistán.
Netanyahu agradeció las sanciones y calificó al tribunal como un organismo político que amenaza la soberanía nacional. Rubio también advirtió que, si los países miembros no intervienen para frenar a la institución, Estados Unidos continuará su campaña para desmantelarla “ladrillo a ladrillo”.
La CPI rechaza las presiones y promete continuar
Pese a las posibles consecuencias operativas, la presidenta del tribunal Akane aseguró que las investigaciones y los procedimientos judiciales continuarán.
“La Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base de la ley y las pruebas, en aras de las innumerables víctimas de crímenes graves”, afirmó.
La CPI fue el resultado de décadas de negociaciones diplomáticas en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), impulsadas por comisiones de derecho internacional, coaliciones de la sociedad civil y delegados de 120 países que firmaron el tratado constitutivo en 1998. Finalmente, el tribunal fue fundado en 2002.
La CPI tiene competencia para juzgar genocidios, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Entre las figuras imputadas públicamente se encuentran:
- El presidente ruso, Vladimir Putin, con orden de arresto activa por la deportación ilegal y el traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia.
- El expresidente sudanés Omar al-Bashir, primer jefe de Estado en funciones en recibir una orden de captura de la CPI (en 2009 y 2010) por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Darfur.
- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con órdenes de arresto emitidas por crímenes de guerra y de lesa humanidad (incluido el uso del hambre como método de guerra) en la Franja de Gaza.
Aunque Estados Unidos no pertenece al tribunal, esa condición no excluye automáticamente su jurisdicción sobre presuntos delitos cometidos en territorios de países miembros. En 2020, la CPI autorizó formalmente una investigación exhaustiva sobre los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en territorio afgano desde mayo de 2003.
Dado que Afganistán es un Estado miembro del Estatuto de Roma, la Corte tenía competencia sobre los delitos cometidos en su suelo, independientemente de la nacionalidad de los autores. Finalmente, la CPI desistió de la investigación.
De todas formas, la administración Trump ha mantenido en la mira al organismo. En febrero de 2025, firmó una orden ejecutiva de “emergencia nacional” declarando que la CPI carece de jurisdicción y legitimidad.
Canadá y Europa estudian medidas para proteger al tribunal
Los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido respaldaron públicamente a la CPI y advirtieron sobre las repercusiones de las sanciones para sus trabajadores y familias.
Bélgica solicitó activar el estatuto de bloqueo de la Unión Europea, un mecanismo que podría impedir la aplicación de determinadas sanciones estadounidenses en territorio europeo.
La Comisión Europea expresó su disposición a adoptar medidas para garantizar la continuidad del tribunal.
Tanto la Unión Europea como Países Bajos consideran que todavía existe espacio para negociar, debido al plazo de seis meses previsto antes de la aplicación de las sanciones. Rubio también manifestó confianza en alcanzar una solución diplomática.
