La Cámara de Diputados de México analizará una reforma sanitaria que busca establecer un plazo máximo de 60 días para iniciar el tratamiento de pacientes con cáncer en instituciones públicas. La iniciativa también propone fortalecer el Registro Nacional de Cáncer, evitar interrupciones en la atención médica y reducir las desigualdades en el acceso a los servicios oncológicos.
Una reforma para reducir las demoras en la atención
El Congreso mexicano se prepara para debatir una iniciativa que pretende mejorar la atención de las personas diagnosticadas con cáncer mediante plazos definidos para comenzar los tratamientos y mecanismos que garanticen la continuidad de los servicios médicos.
La propuesta fue impulsada por la Comisión para la Atención Integral del Cáncer en México (Caic), una alianza integrada por 38 organizaciones civiles. El proyecto recibió la aprobación unánime de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y cuenta con el respaldo de la Junta de Coordinación Política.
De acuerdo con Pedro Mario Zenteno Santaella, presidente de la Comisión de Salud, se prevé que la iniciativa llegue al pleno a partir del 15 de noviembre, con la intención de discutirla antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, programado para mediados de diciembre.
El plazo máximo de 60 días constituye uno de los puntos centrales de la reforma. Sus promotores buscan que el diagnóstico de cáncer no sea seguido por periodos prolongados de espera para acceder al tratamiento, una situación que puede generar incertidumbre y complicar la atención de los pacientes.
El Registro Nacional de Cáncer tendría un papel estratégico
Otro componente de la iniciativa es transformar el Registro Nacional de Cáncer en una herramienta obligatoria de interés público que permita reunir información sobre los pacientes, los diagnósticos y los tratamientos aplicados en el país.
La finalidad es contar con datos suficientes para conocer con mayor precisión la incidencia de la enfermedad, identificar las necesidades de atención y orientar las decisiones de las autoridades sanitarias.
Zenteno Santaella señaló que el registro debe superar una función meramente estadística y convertirse en parte de una estrategia nacional de atención y control del cáncer. Con información sistematizada, las instituciones podrían planificar mejor la adquisición de medicamentos, la distribución de recursos y la disponibilidad de servicios especializados.
La consolidación de este instrumento también permitiría identificar diferencias regionales en el acceso a la atención y establecer prioridades para las zonas con mayores necesidades. Su utilidad dependerá de la cobertura, la calidad y la actualización de los datos recopilados.
Los pacientes podrían ser referidos a otras unidades médicas
Elisa Puente, vocera de la Caic, explicó que la reforma contempla mecanismos para referir a los pacientes a otras unidades médicas cuando el establecimiento al que acuden no tenga capacidad para atenderlos.
La propuesta busca evitar que la falta de especialistas, infraestructura o espacios disponibles se convierta en un obstáculo para comenzar el tratamiento. La coordinación entre instituciones sería fundamental para que la canalización de pacientes no implique nuevas demoras.
Además del acceso oportuno, las organizaciones impulsoras plantean que la atención debe mantenerse durante las distintas etapas de la enfermedad, desde la prevención y el diagnóstico temprano hasta los tratamientos especializados y los cuidados paliativos.
El objetivo es avanzar hacia un modelo de atención integral que no dependa exclusivamente del lugar de residencia del paciente o de la capacidad inmediata de una institución médica.
Buscan evitar interrupciones en los tratamientos de cáncer infantil
La iniciativa también aborda la situación de niñas, niños y adolescentes que reciben tratamiento oncológico y alcanzan la mayoría de edad durante el proceso médico.
Sus promotores proponen establecer mecanismos que permitan mantener la atención sin interrupciones al pasar de los servicios pediátricos a los destinados a personas adultas. La transición entre unidades médicas puede representar un desafío cuando no existen procedimientos claros para garantizar la continuidad terapéutica.
La reforma busca que el cambio de edad no se convierta en una barrera administrativa que interrumpa tratamientos en curso. Para ello, será importante definir responsabilidades institucionales y procedimientos de seguimiento que permitan acompañar a los pacientes durante esa transición.
Proponen el derecho al olvido oncológico
Entre los puntos contemplados se encuentra el llamado derecho al olvido oncológico, una medida orientada a evitar que las personas que han superado el cáncer sufran discriminación por sus antecedentes médicos al solicitar determinados productos financieros.
La propuesta busca reducir las barreras que pueden enfrentar los sobrevivientes de cáncer en ámbitos como el acceso a servicios financieros, cuando su historial de salud se utiliza como motivo para imponer condiciones desfavorables.
La incorporación de este principio en la legislación mexicana requeriría definir su alcance y las condiciones de aplicación. El propósito planteado por las organizaciones es favorecer la reintegración social y económica de quienes han superado la enfermedad, sin que sus antecedentes oncológicos se conviertan en un impedimento injustificado.
El cáncer representa un desafío para la salud pública
La iniciativa se presenta en un contexto en el que México enfrenta dificultades para consolidar un registro nacional con cobertura suficiente y garantizar el acceso oportuno a los servicios oncológicos.
Según las cifras citadas en el reporte de la Agencia EFE, el Instituto Nacional de Cancerología registra 96 mil 210 muertes anuales por cáncer. Esta cifra dimensiona la importancia del problema sanitario y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, diagnóstico y tratamiento.
Las organizaciones impulsoras también señalan obstáculos relacionados con la disponibilidad de medicamentos oncológicos, la formación del personal sanitario y las diferencias territoriales en la prestación de servicios especializados.
Estas dificultades pueden afectar de manera desigual a los pacientes, especialmente a quienes viven lejos de los principales centros médicos o dependen de instituciones públicas con recursos limitados.
La propuesta busca vincular los recursos con las necesidades reales
Francisco Freiria, director general de la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús (Futeje), sostuvo que la reforma pretende avanzar hacia un sistema de control integral del cáncer, con liderazgo técnico del Instituto Nacional de Cancerología.
Según explicó, disponer de información confiable permitiría fundamentar las decisiones sobre tratamientos, adquisición de medicamentos y acceso a medicina de precisión, un enfoque que adapta determinadas intervenciones médicas a las características particulares de cada paciente y de su enfermedad.
La iniciativa también busca atender las diferencias en la disponibilidad de servicios entre regiones y mejorar la coordinación de los recursos destinados a la atención oncológica.
Para que estos objetivos se traduzcan en resultados, será necesario contar con mecanismos de implementación, recursos suficientes, personal capacitado y sistemas de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de los plazos propuestos.
El siguiente paso será la discusión legislativa
Aunque la iniciativa ya obtuvo el respaldo unánime de la Comisión de Salud, todavía debe avanzar en el proceso legislativo antes de convertirse en una obligación legal. La fecha prevista para su discusión en el pleno es a partir del 15 de noviembre, de acuerdo con lo informado por el presidente de esa comisión.
Si la reforma es aprobada y entra en vigor, el desafío será garantizar que las instituciones públicas cuenten con la capacidad operativa necesaria para cumplir los plazos, referir oportunamente a los pacientes y evitar interrupciones en los tratamientos.
La propuesta plantea un cambio que va más allá de establecer un límite de espera: busca fortalecer la coordinación del sistema sanitario, mejorar la información disponible y reconocer el derecho de las personas con cáncer a recibir atención continua y sin discriminación.
