Más de 40 medios mexicanos y Reporteros Sin Fronteras exigieron al Gobierno de Claudia Sheinbaum actuar frente a los asesinatos y agresiones contra periodistas, en una movilización nacional que advierte sobre el avance de la violencia y la persistencia de la impunidad.
La violencia contra la prensa volvió a ocupar el centro de la discusión pública en México. Este miércoles, más de 40 medios de comunicación nacionales y locales, junto con Reporteros Sin Fronteras, hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que el Estado responda de manera urgente ante los asesinatos de periodistas y las constantes agresiones contra el gremio.
La movilización se realizó de manera simultánea en distintos medios del país y estuvo acompañada por los nombres de periodistas asesinados. El mensaje fue directo: la violencia no puede convertirse en una parte normal del ejercicio periodístico.
Reporteros Sin Fronteras señaló que siete periodistas han sido asesinados en México durante 2026 y que 17 comunicadores han perdido la vida desde que Sheinbaum asumió la Presidencia en octubre de 2024, de acuerdo con su propio registro. La organización atribuye principalmente estos crímenes a grupos del crimen organizado y reclama que los responsables sean llevados ante la justicia.
Las cifras, sin embargo, varían entre las organizaciones especializadas debido a que utilizan criterios diferentes para determinar si un homicidio está relacionado con la actividad periodística. El Comité para la Protección de los Periodistas contabilizaba seis periodistas asesinados en México durante 2026 hasta el 10 de agosto, mientras que ARTICLE 19 registra 181 asesinatos de periodistas desde 2000 en posible relación con su labor.
Más allá de la diferencia en los registros, existe una coincidencia preocupante: México mantiene un entorno de alto riesgo para quienes investigan, documentan y difunden información de interés público.
El Comité para la Protección de los Periodistas señaló en agosto que cinco de los seis asesinatos que había documentado en 2026 ocurrieron en poco más de dos meses, uno de los periodos de mayor violencia contra periodistas que esa organización ha registrado en México durante más de una década.
El organismo también ha señalado a la impunidad como uno de los principales factores que incentivan los ataques contra la prensa. Por ello, pidió que los casos sean atraídos por las autoridades federales cuando sea necesario y que exista una mayor coordinación entre fiscalías estatales y federales.
El reclamo adquiere especial fuerza porque la violencia no termina con los homicidios. Antes de llegar a un ataque mortal pueden aparecer amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, campañas de desprestigio o presiones para dejar de investigar determinados asuntos.
Cuando esas señales no reciben una respuesta eficaz, el temor puede terminar modificando el trabajo periodístico. Un reportero puede decidir no publicar una investigación, dejar de acudir a determinada zona o evitar temas relacionados con grupos criminales o autoridades locales.
Es una forma de censura que no siempre aparece en las estadísticas.
El caso de Francisco Alejandro Leyva Aguilar ilustra la gravedad del problema. El periodista fue asesinado a tiros el 22 de julio en Oaxaca. ARTICLE 19 lo identifica como el caso más reciente dentro de su registro de homicidios de periodistas en México.
El Comité para la Protección de los Periodistas ha señalado que Leyva había escrito sobre crimen organizado, corrupción y abusos de poder, además de mantener una postura crítica hacia autoridades de Oaxaca. La organización pidió determinar mediante una investigación creíble si el homicidio estuvo relacionado con su actividad periodística.
Veracruz constituye otro de los principales focos de preocupación. El CPJ documentó durante este año los asesinatos de Carlos Castro, Luis Ángel López y Roxana Berenice Guzmán. En el caso de Guzmán, quien dirigía un medio digital, sus restos fueron identificados después de que fuera secuestrada por hombres armados.
ARTICLE 19 señala que Veracruz es la entidad con mayor número de periodistas asesinados dentro de su registro histórico, con 34 casos desde 2000. La acumulación de ataques convierte al estado en uno de los ejemplos más claros de la vulnerabilidad que enfrenta la prensa local.
Y es que el periodista de una comunidad pequeña puede encontrarse en una situación especialmente complicada. Con frecuencia conoce directamente a los actores políticos, empresarios y grupos criminales de su región, mientras trabaja con menos recursos y menor capacidad para trasladarse o protegerse que los grandes medios nacionales.
Por ello, RSF reclamó al Gobierno mexicano un plan nacional de emergencia que involucre a las autoridades federales y estatales, las fiscalías y el Poder Judicial. La organización pidió además fortalecer las investigaciones, identificar a los autores materiales e intelectuales y establecer mecanismos de seguimiento para detectar las fallas en prevención y protección.
La exigencia llega después de otros llamados realizados durante la administración de Sheinbaum. El problema, por tanto, no es solamente la existencia de mecanismos de protección, sino su capacidad para funcionar cuando un periodista se encuentra realmente en peligro.
Una medida de protección puede salvar una vida en determinadas circunstancias, pero difícilmente resolverá el problema si quienes amenazan a los comunicadores siguen actuando con libertad. La prevención debe ir acompañada de investigaciones que permitan identificar quién ordena las agresiones y cuáles son sus motivos.
La discusión también involucra el comportamiento de las autoridades frente a los medios. En las últimas semanas, la Presidencia fue cuestionada por exhibir públicamente un listado de medios y periodistas considerados adversos al oficialismo. Los comunicadores señalados denunciaron posteriormente agresiones en redes sociales.
Tras las críticas, Sheinbaum se comprometió a que no volverían a realizarse listados de ese tipo. El episodio reabrió el debate sobre los límites entre la respuesta política de un gobierno a las críticas de la prensa y la responsabilidad de las autoridades de evitar prácticas que puedan aumentar la vulnerabilidad de los periodistas.
La libertad de expresión permite que los gobiernos cuestionen información publicada por los medios. Lo que no debería estar en discusión es el derecho de los periodistas a investigar y publicar sin convertirse por ello en objetivos de amenazas o violencia.
El problema tampoco comenzó con el actual gobierno. Los registros de ARTICLE 19 muestran asesinatos de periodistas durante distintas administraciones federales, lo que revela una crisis estructural que ha sobrevivido a cambios políticos y partidistas.
Eso explica por qué la exigencia actual debe entenderse más allá de una disputa entre el Gobierno y determinados medios. Lo que está en juego es la capacidad del Estado para garantizar que el ejercicio periodístico pueda realizarse sin que investigar determinados temas implique asumir un riesgo mortal.
También resulta importante evitar conclusiones apresuradas. No todo asesinato de una persona que trabajaba en un medio de comunicación puede atribuirse automáticamente a su actividad profesional. Corresponde a las autoridades establecer el móvil mediante investigaciones serias, independientes y transparentes.
Precisamente por eso, las organizaciones defensoras de la libertad de prensa reclaman que la línea de investigación relacionada con el trabajo periodístico se mantenga abierta cuando existan elementos que la justifiquen.
La impunidad tiene un efecto que va mucho más allá de los tribunales. Cuando un asesinato no se esclarece, las familias quedan sin respuestas y los colegas de la víctima observan que la violencia puede no tener consecuencias.
El resultado puede ser el silencio.
Un periodista que decide no investigar una red de corrupción, una organización criminal o una actuación irregular de una autoridad quizá nunca aparezca en una estadística. Sin embargo, la comunidad pierde una investigación que podría haber revelado información fundamental para sus habitantes.
Por eso, proteger a los periodistas significa también proteger el derecho de la sociedad a estar informada.
La movilización encabezada por Reporteros Sin Fronteras busca evitar precisamente que la sucesión de homicidios termine convirtiéndose en una cifra más. Cada nombre representa una víctima, una familia y una investigación que quedó pendiente.
El desafío para el Gobierno de Sheinbaum es demostrar que la respuesta institucional puede ser algo más que una condena posterior a cada crimen. Se requiere prevención, protección, investigación, sanción y rendición de cuentas.
La exigencia de los medios y las organizaciones defensoras de la prensa coloca nuevamente el tema sobre la mesa. Ahora la responsabilidad corresponde a las autoridades.
Porque cuando un periodista deja de investigar por miedo, no solamente pierde su profesión. También pierde la sociedad que deja de conocer aquello que alguien decidió ocultar.
