El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló los planes para transmitir en directo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, el expsiquiatra militar condenado por matar a 13 personas y herir a decenas más durante un tiroteo en la base militar de Fort Hood, Texas, en 2009. Aunque el mandatario había respaldado inicialmente la difusión pública del procedimiento como una medida disuasoria, posteriormente reconoció que algunas personas preferían no presenciarlo. La ejecución está prevista para el 3 de diciembre de 2026, aunque deberá cumplir los procedimientos legales establecidos para la justicia militar.
La ejecución seguirá adelante sin transmisión pública
Trump anunció que Hasan será ejecutado mediante un pelotón de fusilamiento, pero que el procedimiento no será retransmitido en directo. El presidente justificó el cambio de decisión al señalar que muchas personas bienintencionadas preferían no ver la muerte del condenado.
Previamente, el mandatario había defendido la transmisión como una forma de mostrar las consecuencias de cometer actos terroristas. También había expresado que respaldaba plenamente la propuesta, aunque reconoció que el Departamento de Defensa todavía evaluaba cómo proceder.
El vicepresidente JD Vance había manifestado dudas sobre la posibilidad de que la ejecución se transmitiera públicamente y aseguró que personalmente no vería el procedimiento.
Los familiares de las víctimas podrán presenciarla
El presidente indicó que los familiares de las víctimas tendrán la posibilidad de asistir personalmente a la ejecución. Trump sostuvo que merecen presenciar lo que considera la aplicación de la justicia por los asesinatos cometidos en Fort Hood.
La propuesta de transmitir el procedimiento había generado críticas y reabierto el debate en Estados Unidos sobre la pena capital, los límites de la exposición pública de las ejecuciones y el papel de los castigos penales como mecanismo de disuasión.
La semana anterior, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había anunciado que Hasan sería ejecutado el 3 de diciembre mediante fusilamiento. En ese momento, también planteó la posibilidad de transmitir el procedimiento para que la población pudiera observar las consecuencias de sus actos.
El ataque de Fort Hood en 2009
Nidal Hasan, psiquiatra del Ejército estadounidense, abrió fuego el 5 de noviembre de 2009 en un edificio médico de la base militar de Fort Hood, Texas. En el lugar se encontraban soldados que esperaban revisiones médicas y vacunas antes de ser desplegados.
El ataque causó la muerte de 13 personas y dejó decenas de heridos. El suceso fue considerado uno de los ataques más mortíferos contra una instalación militar estadounidense en territorio nacional fuera de un contexto de guerra.
Durante el proceso judicial, Hasan reconoció haber sido el autor del tiroteo y pidió disculpas por los errores cometidos. En el consejo de guerra celebrado en 2013, afirmó que creía estar protegiendo a los musulmanes y a los talibanes en Afganistán frente al Ejército estadounidense.
La ejecución requiere cumplir procedimientos legales
La legislación militar estadounidense establece que una ejecución de este tipo debe recibir la aprobación del presidente. Además, requiere una revisión judicial superior que determine la legalidad de la decisión antes de que pueda llevarse a cabo.
Por ello, la fecha anunciada para diciembre está sujeta al cumplimiento de los requisitos legales correspondientes. Hasan permanece recluido en el centro penitenciario militar de Fort Leavenworth, Kansas, donde se encuentra el corredor de la muerte para condenados bajo jurisdicción militar.
Si la ejecución se realiza, será la primera de un militar estadounidense en más de seis décadas, según el reporte.
El debate internacional sobre las ejecuciones públicas
La controversia también se enmarca en la discusión internacional sobre la pena de muerte y la difusión pública de los castigos capitales. De acuerdo con Amnistía Internacional, durante 2025 se registraron más de 2.700 ejecuciones en 17 países, aunque las ejecuciones públicas documentadas se concentraron en Irán y Afganistán.
La organización contabilizó 11 ejecuciones públicas en Irán y seis en Afganistán durante ese año. Estas cifras reflejan la persistencia de esta práctica en algunos países y las diferencias internacionales en torno a la aplicación de la pena capital.
La decisión de cancelar la transmisión del caso Hasan evita que el procedimiento sea difundido en directo, pero no elimina el debate sobre la pena de muerte, la justicia militar y el uso de las ejecuciones como advertencia pública.
