La expansión de los grupos armados hacia las zonas rurales de Haití agrava la crisis de seguridad y amenaza la organización de las elecciones presidenciales y legislativas. Un informe de Naciones Unidas contabiliza 1,123 personas muertas y 440 heridas en episodios de violencia relacionados con las bandas entre julio y principios de octubre de 2026, mientras cerca de 1.5 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares.
Las bandas extienden sus ataques fuera de la capital
La violencia en Haití continúa intensificándose pese al aumento de las operaciones de las fuerzas de seguridad. Los grupos armados han adaptado sus tácticas, recurrido a represalias contra la población y extendido sus actividades desde Puerto Príncipe hacia comunidades rurales, donde atacan viviendas, tierras agrícolas e infraestructura pública.
De acuerdo con el último informe del secretario general de Naciones Unidas, presentado el 19 de octubre ante el Consejo de Seguridad, entre julio y principios de octubre se registraron 1,123 muertes y 440 personas heridas en hechos vinculados con las bandas armadas.
Las operaciones de las fuerzas de seguridad también han provocado víctimas. Según el documento, desde principios de julio estas acciones estuvieron relacionadas con el 52 % de las personas muertas o heridas en los incidentes contabilizados, un total de 808 víctimas, entre ellas 148 personas que no tenían vínculos con los grupos armados.
El representante de Naciones Unidas en Haití, Carlos Ruiz Massieu, advirtió que las bandas están modificando sus métodos para responder al incremento de las operaciones de seguridad. Entre sus tácticas figuran los secuestros, las intimidaciones y las represalias contra habitantes que consideran contrarios a sus intereses.
Un ataque en Kenscoff dejó decenas de víctimas
Uno de los episodios más graves ocurrió los días 23 y 24 de agosto en Kenscoff, localidad montañosa situada al sureste de Puerto Príncipe. El ataque dejó al menos 47 personas muertas, 22 heridas y 52 secuestradas, según el informe de la ONU.
De las personas secuestradas, 13 fueron liberadas posteriormente mediante iniciativas locales respaldadas por Naciones Unidas.
La violencia también se ha extendido por los departamentos del Oeste y Artibonite. En estas regiones, 241 personas fueron asesinadas presuntamente por resistirse a las bandas, mientras que otros ataques en localidades como Saint-Michel-de-l’Atalaye, Marigot y Léogâne evidencian el avance de los grupos armados hacia zonas alejadas de la capital.
La expansión de estos ataques afecta directamente a las comunidades rurales, donde la destrucción de viviendas, la ocupación de terrenos agrícolas y los daños a servicios públicos dificultan la vida cotidiana y las actividades económicas.
La violencia sexual agrava la crisis humanitaria
El informe de Naciones Unidas también alerta sobre la persistencia de la violencia sexual contra mujeres y niñas. Según el documento, durante julio y agosto se registraron 689 víctimas de violación, y el 87 % de los casos correspondió a agresiones cometidas por varios perpetradores.
Estas agresiones forman parte de un contexto de inseguridad que afecta especialmente a las personas desplazadas y a quienes viven en territorios bajo influencia de las bandas armadas. La falta de protección y las dificultades para acceder a servicios esenciales incrementan los riesgos para las poblaciones más vulnerables.
La crisis también tiene consecuencias para la infancia. Naciones Unidas estima que más de 740,000 niños forman parte de la población que ha tenido que desplazarse a causa de la violencia.
La fuerza internacional sigue lejos de su capacidad autorizada
Ante el deterioro de la seguridad, continúa el despliegue de la Fuerza de Represión de las Bandas, que recibe apoyo logístico de Naciones Unidas. Al 12 de octubre, el contingente contaba con 1,563 efectivos uniformados, frente a los 5,550 autorizados por el Consejo de Seguridad.
La fuerza ha establecido una base en el departamento de Artibonite, fuera de la capital, como parte de los esfuerzos para ampliar su presencia territorial. Sin embargo, los grupos armados mantienen capacidad de respuesta y continúan atacando a las fuerzas desplegadas.
Uno de los incidentes más recientes ocurrió en Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe, donde fue atacado un vehículo blindado que transportaba militares salvadoreños integrantes de la fuerza internacional. De acuerdo con la información citada en el reporte, cuatro militares seguían desaparecidos el lunes posterior al ataque.
Ruiz Massieu advirtió que las operaciones de seguridad, por sí solas, no bastan para conseguir una estabilización duradera. El representante de la ONU pidió restablecer la presencia permanente del Estado y desarrollar programas de desarme y reintegración, con especial atención a los niños reclutados por las bandas.
Las elecciones siguen sin una nueva fecha
La inseguridad también amenaza el proceso para recuperar la normalidad democrática en Haití. Las elecciones presidenciales y legislativas estaban previstas inicialmente para el 13 de diciembre de 2026, pero fueron aplazadas sin que se estableciera una nueva fecha.
El país no celebra elecciones desde 2016 y atraviesa una prolongada transición política. La violencia, los desplazamientos masivos y las dificultades para garantizar la seguridad en distintas regiones complican la preparación de los comicios y la participación de los ciudadanos.
Pese a los obstáculos, los preparativos electorales continúan. Según Ruiz Massieu, más de 35 partidos y agrupaciones políticas, así como alrededor de 3,500 candidatos, se habían registrado para participar en el proceso.
Sin embargo, al 5 de octubre solo 759,257 posibles votantes aparecían en las listas, frente a un padrón estimado de 6.5 millones de personas. La diferencia refleja los desafíos administrativos y logísticos que enfrenta la organización electoral en medio de la crisis.
El representante de Naciones Unidas advirtió que anunciar nuevas fechas sin evaluar de manera realista las condiciones para celebrar los comicios podría debilitar todavía más la confianza ciudadana y la credibilidad de las instituciones.
Desplazamiento masivo y dificultades económicas
La crisis de seguridad se suma a una emergencia humanitaria y económica. Cerca de 1.5 millones de personas han abandonado sus hogares para escapar de la violencia, lo que incrementa la presión sobre las comunidades receptoras y los servicios de asistencia.
Al mismo tiempo, las perspectivas económicas continúan deteriorándose. Las estimaciones citadas por Naciones Unidas apuntan a que la economía haitiana podría contraerse por séptimo año consecutivo, mientras que el plan humanitario de 2026 cuenta con aproximadamente la mitad de la financiación necesaria.
La falta de recursos limita la capacidad de respuesta ante las necesidades de las personas desplazadas, la protección de las víctimas y la prestación de servicios básicos.
Haití enfrenta el desafío de recuperar la seguridad y la estabilidad política
La expansión de las bandas armadas, las operaciones de seguridad, los desplazamientos y el aplazamiento electoral mantienen al país en una situación de elevada vulnerabilidad. La recuperación de la seguridad territorial es uno de los principales obstáculos para restablecer la actividad institucional y garantizar condiciones adecuadas para la participación política.
Naciones Unidas sostiene que la respuesta debe combinar medidas de seguridad con el fortalecimiento de las instituciones, la protección de la población civil y programas que permitan reducir el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados.
Mientras no existan condiciones suficientes para garantizar la seguridad y organizar elecciones creíbles, Haití continuará enfrentando dificultades para superar la transición política y responder a una crisis humanitaria que afecta a millones de personas.
