Primer estudio de la OEA sobre correos humanos de drogas a partir de más de 400 entrevistas. Para casi nueve de cada diez entrevistados era su primer viaje con drogas. En las cárceles españolas, la proporción de personas captadas mediante coacción llega al 31,3%; en las peruanas, al 8%.
La primera investigación de la OEA dedicada a entender los patrones de reclutamiento y las vulnerabilidades asociadas a las personas usadas como correos humanos de drogas entrevistó a personas privadas de libertad en cinco cárceles de Perú y España por transportar drogas en avión: una de cada cinco fue captada mediante amenaza, coacción o engaño. En las cárceles del país de destino, España, la proporción llega al 31,3%; en las del país de origen, Perú, al 8%.
Son 386 casos válidos sobre más de 400 entrevistas. El trabajo es exploratorio y su muestra, por conveniencia: describe a quienes respondieron, no al conjunto de las personas presas por este delito.
El estudio “Correos humanos de drogas: el eslabón más débil del tráfico de drogas por vía aérea”, de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (SE/CICAD) de la OEA, fue elaborado con la Universidad Pontificia Comillas.
El informe señala que algunos de estos casos podrían constituir criminalidad forzada o incluso trata de personas con fines de explotación delictiva.
“Encontramos, en su mayoría, personas sin antecedentes, captadas por alguien de confianza en un momento de necesidad. Distinguir en la ley entre quien transporta y quien organiza no es ser más blandos con el narcotráfico: es dirigir la respuesta penal hacia quienes realmente se benefician del crimen”, dijo Antonio Lomba, director del proyecto.
Quiénes son
El perfil que describe el estudio se aleja del estereotipo del delincuente profesional. Para el 87,5% era su primer encarcelamiento y para el 85,9%, la primera vez que transportaba drogas. El 61,2% fue reclutado por amistades; 8,8% por conocidos, 7,5% por su pareja y 6,8% por un familiar: más de ocho de cada diez entraron por un vínculo previo de confianza. El 77% era madre o padre, con 2,8 personas a cargo en promedio, y la edad promedio de la muestra fue de 38 años.
No se trata de exclusión extrema, sino de ingresos que no alcanzan. El 69,7% terminó la secundaria o más, el 20,8% pasó por la universidad y el 97,4% vivía en zonas urbanas. Dos de cada tres tenían algún ingreso al momento de ser captados, pero insuficiente: el pago prometido por un solo viaje equivalía a varios meses o años de ingresos. Las mujeres
reportaron pagos cercanos a la mitad de los de los hombres por la misma actividad, menores adelantos y condenas un año más cortas.
El 41% ignoraba los riesgos del viaje en el que fue detenido. Entre quienes sabían algo, siete de cada diez solo pensaban en la posibilidad de ir presos: apenas el 3,3% identificó algún riesgo para su salud o su vida, pese a que el 14,5% transportaba la droga dentro del cuerpo.
El estudio también relevó antecedentes de violencia y malestar psíquico. El 52,5% describió ansiedad o pérdida de control emocional en los seis meses previos, aunque solo el 12,7% tenía un diagnóstico formal, y el 50,8% de quienes respondieron (197 respuestas) considera que su estado de salud mental influyó en haber aceptado el viaje. Además, 69 de las personas entrevistadas reportaron haber sufrido una agresión sexual previa, con mayor incidencia entre las mujeres, y el 76,4% de quienes sufrieron agresiones no recibió apoyo psicológico.
El 44,8% de quienes respondieron afirmó que su delito estaba vinculado a una red criminal y uno de cada cuatro no sabía si lo estaba. Tras la detención, sin embargo, la red desaparece: la organización criminal pagó los gastos legales solo en el 2,2% de los casos. En el resto recayeron sobre las familias (41,8%) o sobre la propia persona (29,1%).
Qué medidas concretas dentro de las políticas públicas pueden emanar de este estudio
El informe plantea a los Estados miembros un conjunto de medidas concretas. En materia penal: reconocer la coacción con regímenes diferenciados y atenuantes específicos; distinguir a las personas usadas como correos de quienes ocupan roles de poder en la estructura criminal; y ampliar las alternativas al encarcelamiento en casos de primer delito o vulnerabilidad probada.
En materia de protección: establecer protocolos para víctimas de explotación criminal distintos de los aplicados a quienes participan voluntariamente, e incorporar tamizaje de salud mental y de experiencias de violencia en las personas detenidas por este delito.
En frontera: unificar los protocolos de actuación policial en aeropuertos y capacitar a los agentes en derechos humanos, ampliando sus conocimientos sobre las causas subyacentes a la causa del delito.
Y al salir de prisión: programas de empleo pospenitenciario. El 78,1% de las personas entrevistadas dijo que el trabajo es lo primero que necesitará al recuperar la libertad.
Sobre el estudio
La investigación se enmarca en el proyecto “Correos Humanos de Drogas. Fortalecimiento de capacidades institucionales”, financiado por el Gobierno de Canadá a través del Anti-Crime Capacity Building Program, con la colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El trabajo de campo fue posible gracias al apoyo de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ambas del Ministerio del Interior de España, y del INPE, DEVIDA, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Público de Perú.
La SE/CICAD integra la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA.
Informe completo: aqui.
Información sobre el proyecto Correos Humanos de Drogas aqui
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