En el inicio de este mes, tres periodistas a nivel nacional han sido arteramente ejecutados. En Yucatán, el veterano Jaime Vargas, conocido como el Tizón, sufrió una agresión intento de homicidio en su propio hogar. Casos que nos ponen en alerta a quienes ejercemos el oficio del periodismo desde fotógrafos, editorialistas, reporteros, dueños de medios de comunicación, revisores de edición.

En el ejercicio del periodismo descansa y se fortalece la libertad de expresión que es baluarte del sistema democrático. No se puede concebir un sistema político democrático si los periodistas, que gusten o no la autoridad o grupos de poder, carecen de la protección de los órganos del Estado para ejercer con libertad y seguridad el trabajo de investigar, cuestionar, analizar y distribuir la información que la sociedad necesita para conocer y evaluar la realidad social.

Es por ello, que es necesario para nuestro estado de Yucatán ante el incremento de violencia contra periodistas los órganos del Estado conjuguen esfuerzos para proteger y dar certidumbre a los periodistas yucatecos.

Es inadmisible, considerando la experiencia de Jaime Vargas el desdén de las autoridades que no actuaron diligente para dar la atención debida a la agresión artera que sufrió. Aun cuando fue evidente que se trató de un atentado contra su vida, pasó mucho tiempo en espera en la sala de emergencias en un hospital público y la fiscalía se negaba, sin más razón que una decisión sin fundamento jurídico, a aceptar la denuncia por intento de homicidio.

¿Es así como el Estado de Yucatán protege a los periodistas?

Ante estos hechos se exige al Congreso del Estado de Yucatán a iniciar los trabajos de análisis y discusión de la Ley que impulsó la Federación de Periodistas de Yucatán, presentada por las legisladoras locales Silvia López Escoffie y Milagros Romero en la legislatura pasada.

Que se convoquen a los periodistas de Yucatán a espacios de debate y análisis, como mesas de trabajo o foros, para enriquecer la propuesta presentada que es punto de inicio de trabajos para crear los mecanismos jurídicos que garanticen certidumbre y seguridad a este importante sector de la sociedad.

La protección de periodistas es una obligación del Estado mexicano.

Hoy es a todas luces un sector vulnerable por los asesinatos y ataques a quienes lo ejercen.

Si los órganos del Estado no protegen a los periodistas, el sistema democrático de México está en riesgo.