El 4 de septiembre de 1970 Salvador Allende obtuvo la primera mayoría en las elecciones presidenciales chilenas y abrió un experimento político sin precedentes: intentar construir el socialismo mediante instituciones democráticas, en plena Guerra Fría y bajo la creciente presión de fuerzas internas y externas.
La noche del 4 de septiembre de 1970 Chile produjo una noticia que trascendió sus fronteras. Salvador Allende, candidato de la coalición Unidad Popular, obtuvo la primera mayoría en una elección presidencial con 36,3 por ciento de los votos, por delante del conservador Jorge Alessandri y del democratacristiano Radomiro Tomic. No había obtenido mayoría absoluta, por lo que correspondía al Congreso decidir entre los dos candidatos más votados.
La Biblioteca Nacional de Chile, a través de Memoria Chilena, registra que Allende consiguió 1.075.616 votos en el cómputo inicial, mientras Alessandri obtuvo 1.036.278. La diferencia era estrecha y el resultado abrió un periodo de incertidumbre política que tendría enormes consecuencias dentro y fuera del país.
Finalmente, el Congreso Pleno ratificó a Allende el 26 de octubre, después de que la Democracia Cristiana negociara un Estatuto de Garantías Constitucionales. El 3 de noviembre asumió la Presidencia. Con ello comenzó una experiencia que Memoria Chilena define como la «vía chilena al socialismo»: un proyecto destinado a transformar profundamente la economía y la estructura social mediante mecanismos institucionales y sin una revolución armada.
La propuesta era excepcional. En una época marcada por la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la llegada democrática de un dirigente marxista al poder planteaba una pregunta que inquietaba especialmente a Washington: ¿podía un país latinoamericano avanzar hacia el socialismo sin abandonar el pluralismo político?
La respuesta de Allende pretendía ser afirmativa. Su programa contemplaba una mayor participación del Estado en la economía, la nacionalización de sectores estratégicos, una redistribución de la riqueza y una ampliación de los derechos sociales. La nacionalización del cobre, aprobada por unanimidad en el Congreso en 1971, se convirtió en uno de los símbolos de ese proyecto y de la búsqueda de una mayor soberanía económica.
Pero el experimento nació en medio de una sociedad profundamente dividida. La Unidad Popular no tenía mayoría parlamentaria y debía negociar constantemente con otras fuerzas políticas. A medida que avanzaba el proceso, las disputas sobre las expropiaciones, la propiedad privada, el abastecimiento y la conducción económica aumentaron la tensión entre el Gobierno y sus adversarios.
La dimensión internacional agravó el conflicto. Documentos desclasificados publicados por la Oficina del Historiador del Departamento de Estado de Estados Unidos muestran que Washington había contemplado desde antes de las elecciones distintas opciones para impedir que Allende llegara a la Presidencia. La documentación oficial estadounidense divide este periodo en operaciones para influir en las elecciones, acciones destinadas a impedir la confirmación de Allende y, posteriormente, políticas frente a su Gobierno.
La preocupación estadounidense no era únicamente ideológica. Un memorando de la Agencia Central de Inteligencia elaborado después de la elección reconocía que el triunfo de Allende había ocurrido pese a la oposición del Gobierno estadounidense y que podía afectar los intereses y la posición de Estados Unidos en América Latina. Los archivos muestran así que la elección chilena fue interpretada en Washington como un acontecimiento estratégico dentro de la Guerra Fría.
Sin embargo, explicar el desenlace chileno exclusivamente por la intervención extranjera sería insuficiente. La crisis también tuvo raíces internas. La polarización entre izquierda y derecha se profundizó, mientras la inflación, los problemas de abastecimiento, las huelgas y los enfrentamientos políticos deterioraban progresivamente la convivencia. El Gobierno y la oposición se acusaban mutuamente de poner en peligro la democracia y el futuro del país.
La experiencia tuvo además un impacto intelectual que todavía permanece. Para los defensores de Allende, Chile demostró que el socialismo podía buscarse mediante elecciones, instituciones y movilización popular. Para sus críticos, el proceso reveló las dificultades de combinar transformaciones económicas radicales con un sistema político fragmentado y una economía sometida a fuertes tensiones.
El desenlace llegó el 11 de septiembre de 1973, cuando las Fuerzas Armadas y Carabineros derrocaron al Gobierno. La Biblioteca Nacional de Chile documenta que el golpe puso fin a la experiencia de la Unidad Popular después de casi tres años. Comenzó entonces la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, que se prolongaría hasta 1990.
El legado de la elección de 1970, por tanto, no puede reducirse a una disputa entre capitalismo y socialismo. También plantea preguntas sobre la fragilidad de las democracias cuando la polarización alcanza niveles extremos, sobre la influencia de las potencias extranjeras y sobre los límites que enfrentan los proyectos de transformación cuando intentan avanzar dentro de instituciones diseñadas para preservar el equilibrio entre fuerzas políticas rivales.
Y es que la experiencia chilena sigue resultando incómodamente actual. Allende llegó al poder mediante las urnas y pretendió transformar el país sin abandonar ese camino. Su gobierno terminó violentamente, pero la pregunta que planteó permanece: hasta dónde puede llegar una democracia en la transformación de su sistema económico y social antes de que sus propias divisiones comiencen a poner en riesgo las reglas que hacen posible el cambio.
