Amnistía Internacional documentó presuntas violaciones de derechos humanos durante operativos migratorios realizados entre 2025 y 2026 en cuatro ciudades estadounidenses y pidió desmantelar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ante lo que considera un problema estructural de detenciones, uso de la fuerza y falta de rendición de cuentas.
Amnistía Internacional presentó este jueves un informe de 130 páginas en el que acusa a agencias federales de Estados Unidos de cometer violaciones de derechos humanos durante operaciones migratorias desarrolladas en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington D. C.
La investigación, titulada «Teníamos silbatos, ellos tenían armas», fue elaborada a partir de 154 entrevistas y del análisis de más de 30 pruebas audiovisuales. La organización examinó actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, y de otras agencias federales.
Entre las prácticas que Amnistía documenta se encuentran detenciones que califica de arbitrarias y discriminatorias, perfilamiento racial, intimidación, uso excesivo de la fuerza, represión de protestas, vigilancia mediante tecnología de reconocimiento facial y condiciones de detención que, según la organización, pueden vulnerar las normas internacionales contra los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La organización también examinó siete casos en los que agentes federales utilizaron fuerza letal durante los operativos estudiados. Entre las personas mencionadas figuran Marimar Martínez y Silverio Villegas González, en Chicago; Renee Good, Alex Pretti y Julio César Sosa-Celis, en Minneapolis-St. Paul; y Philip Brown y Justin Bryant Nelson, en Washington D. C.
Amnistía sostiene que las muertes de Villegas González, Good y Pretti podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Se trata de una valoración de la organización, no de una conclusión judicial definitiva, y el informe reclama investigaciones independientes y eficaces sobre el uso de la fuerza letal.
El caso de Minneapolis ha sido especialmente controvertido. Renee Good murió el 7 de enero de 2026 después de que un agente de ICE le disparara durante un encuentro en una calle residencial. Las autoridades federales sostuvieron que la mujer utilizó su vehículo contra agentes, mientras que organizaciones de derechos humanos y análisis de videos cuestionaron esa versión.
Human Rights Watch, que revisó y verificó varios videos del incidente, concluyó en enero que las imágenes contradecían la afirmación de funcionarios federales de que Good había utilizado su automóvil como arma. El caso generó una investigación estatal y una fuerte discusión pública sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes federales.
Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, murió también en Minneapolis el 24 de enero durante otro enfrentamiento con agentes federales. Amnistía había documentado previamente ambos casos y ahora los incorpora a su evaluación más amplia sobre las operaciones migratorias desplegadas durante el segundo mandato de Donald Trump.
La organización afirma que el problema no se limita a los episodios con armas de fuego. Según su investigación, los agentes recurrieron también a gases lacrimógenos, gas pimienta y otros dispositivos de menor letalidad contra manifestantes, observadores y miembros de redes comunitarias que vigilaban los operativos.
Amnistía sostiene que en algunos casos estas herramientas fueron utilizadas sin que existiera una amenaza inmediata de violencia y con el objetivo de dispersar o intimidar a personas que ejercían derechos de reunión y expresión. La organización considera que determinadas actuaciones también habrían incumplido las propias normas del Departamento de Seguridad Nacional sobre uso de la fuerza.
Otro de los capítulos del informe se refiere a la vigilancia. La organización documentó el uso de tecnologías de reconocimiento facial y otras herramientas para identificar a personas consideradas migrantes, así como a observadores, voluntarios y manifestantes. También denunció que agentes fotografiaron y grabaron a integrantes de comunidades que documentaban sus actividades.
Las condiciones de detención constituyen otra de las principales preocupaciones. Amnistía asegura haber encontrado casos de detenciones prolongadas en oficinas de campo, centros de procesamiento y otras instalaciones, además de situaciones en las que abogados y familiares tuvieron dificultades para localizar o comunicarse con personas bajo custodia.
La organización considera que determinados casos podrían constituir detención en régimen de incomunicación e incluso posibles desapariciones forzadas. En este punto, Naciones Unidas también ha expresado durante 2025 y 2026 preocupaciones sobre detenciones migratorias en Estados Unidos, acceso al debido proceso y riesgos relacionados con expulsiones y detenciones arbitrarias.
La investigación de Amnistía pone además el foco en las consecuencias sociales de los operativos. Según los testimonios recopilados, algunas personas dejaron de acudir al trabajo, escuelas, centros médicos, templos y citas relacionadas con sus procesos migratorios por temor a ser detenidas.
El efecto, de acuerdo con la organización, alcanzó incluso a personas con estatus migratorio regular y ciudadanos estadounidenses pertenecientes a comunidades racializadas. Amnistía sostiene que el temor llevó a algunas familias a permanecer dentro de sus viviendas durante semanas y alteró actividades cotidianas en determinados barrios.
El informe también reconoce la creación de redes comunitarias de respuesta rápida. En las cuatro ciudades estudiadas, voluntarios establecieron líneas telefónicas, patrullas vecinales, sistemas de alerta con silbatos, redes de observación y programas de asistencia legal para documentar los operativos y ayudar a las familias afectadas.
Para Amnistía, la magnitud y continuidad de las prácticas documentadas apuntan a un problema institucional que, desde su perspectiva, no puede solucionarse únicamente con ajustes administrativos o capacitación de agentes. Por ello, la organización reclama el desmantelamiento de ICE y cambios profundos en el sistema de aplicación de las leyes migratorias.
La postura de Amnistía forma parte de un debate mucho más amplio sobre la política migratoria estadounidense. Naciones Unidas también ha transmitido al Gobierno de Estados Unidos comunicaciones en las que expresa preocupación por detenciones arbitrarias, deportaciones, debido proceso y posibles desapariciones, aunque esas comunicaciones se refieren a casos y políticas específicos y no constituyen por sí mismas una resolución judicial.
Al mismo tiempo, el Gobierno estadounidense ha defendido que sus agencias federales tienen la responsabilidad de hacer cumplir las leyes migratorias y ha presentado distintos episodios de uso de la fuerza desde su propia versión de los hechos. En el caso de Renee Good, por ejemplo, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional sostuvieron que el agente involucrado actuó al considerar que su vida estaba en peligro.
Ese contraste resulta fundamental para entender el alcance del informe. Amnistía presenta sus conclusiones desde la perspectiva de una organización internacional de derechos humanos y basa su investigación en testimonios, documentos y material audiovisual; las autoridades estadounidenses han defendido en distintos casos la actuación de sus agentes y las facultades federales para ejecutar las leyes migratorias.
Lo que sí aparece con claridad en las distintas investigaciones es que el uso de la fuerza, las condiciones de detención y el acceso al debido proceso se han convertido en algunos de los puntos más controvertidos de la política migratoria estadounidense desde 2025.
La nueva investigación de Amnistía vuelve a colocar esas cuestiones en el centro de la discusión. Ahora, además de las decisiones sobre deportación y control fronterizo, la controversia alcanza la forma en que se realizan los operativos, los límites del poder de los agentes y los mecanismos disponibles para investigar posibles abusos.