La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y con mayoría calificada, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política, para que la educación sea garantizada plenamente por el Estado mexicano.
Con 381 votos a favor, 79 en contra y dos abstenciones, se avaló el documento que respeta el derecho de niñas, niños, jóvenes y adolescentes su inclusión al Sistema Educativo Nacional desde la enseñanza inicial hasta la superior.
Revalora a las y los maestros, respetando todos sus derechos y dota de mecanismos de política pública para que la educación sea vista como una garantía y no como un privilegio, a partir de un enfoque social, de derechos humanos y de igualdad sustantiva.
En lo particular, se reservaron los artículos 3, 31, 73, y los transitorios 5, 9, 10, 15, 16 y 17, que serán presentados en tribuna por 25 oradores.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Educación, diputada Adela Piña Bernal (Morena), destacó: es un día histórico, “llegamos a este momento después de un verdadero proceso democrático y de acuerdos entre los más diversos puntos de vista. Es la respuesta a una larga y sentida demanda por parte del magisterio nacional para revertir la reforma educativa del gobierno anterior”.
El dictamen, mencionó, atiende de forma conjunta la iniciativa del Presidente de la República y otras siete, presentadas por los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, así como de las y los diputados Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), Julieta Macías Rábago (MC), Erik Isaac Morales Elvira (Morena), Dulce María Méndez de la Luz Dauzón (MC) y José Ricardo Gallardo (sin partido).
Es el resultado del diálogo y búsqueda de consensos y acuerdos. “La mayoría hemos comprendido que más allá de los intereses de partido o de grupo, es necesario priorizar el de la nación. Estaremos cumpliendo con nuestra responsabilidad como representantes populares. Es un dictamen plural que sienta las bases para impulsar un nuevo modelo educativo que tanto necesitamos”.
Puntualizó que esta reforma es, sin duda, la más importante que se vaya a discutir en esta legislatura, ya que la educación es el proceso social y herramienta fundamental para lograr una verdadera transformación de la vida pública del país.
Con este documento, afirmó, se abroga el texto constitucional surgido de la reforma educativa del 2013, así como la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación “con todos sus efectos que tanto dañaron al magisterio nacional”.
El Estado, como ente responsable de garantizar los derechos de sus ciudadanos, dijo, reafirma su rectoría sobre la educación, terminando con la injerencia de organismos ajenos a los intereses nacionales; se eliminan las evaluaciones punitivas. “Nunca más una ligada a la permanencia en el empleo. Ahora se proponen valoraciones de carácter formativo, diagnóstico e integral”.
La diputada Piña Bernal explicó que para el ingreso y promoción se ponderan los conocimientos, aptitudes y experiencia docente; se eliminarán los exámenes estandarizados y se reconoce el derecho de las maestras y los maestros a la capacitación y actualización.
También, se fortalece a la educación normal, reconociendo en ella su papel fundamental para la formación docente. Los planes y programas de estudios ahora tendrán un enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género. “Es un gran avance, porque desde la escuela queremos impulsar verdaderas acciones afirmativas para cerrar la brecha entre hombres y mujeres”.
Se fomenta el estudio de la ciencia, las humanidades, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, tecnología e innovación, lenguas extranjeras e indígenas del país, las artes, la educación física, el deporte, la promoción de estilos saludables, la literalidad, cuidado del medio ambiente y la cultura de paz.
Los criterios que orientarán la educación determinan que esta deberá de ser equitativa, inclusiva, plurilingüe, intercultural, integral y de excelencia, entendiéndola como el mejoramiento pleno que promueve el máximo logro de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y fortalecimiento de los lazos escuela-comunidad.
Se elimina el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que “se convirtió en un organismo persecutor del magisterio, que renunció a su autonomía constitucional” y se crea uno nuevo que coordinará el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, encargado de realizar estudios, investigaciones y evaluaciones diagnósticas.
La autonomía de las universidades se mantiene, se respeta y se promueve. Por primera vez, el Estado reconoce que los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para la enseñanza, por lo que se garantizará que los materiales didácticos e infraestructura suficientes y adecuados.
De igual modo, se hará responsables de revisar el progreso y desempeño educativo de sus hijos y pupilos a los padres, madres o tutores.
La presidenta de la Comisión de Educación subrayó que aprobado el dictamen, pasará al Senado y luego a las legislaturas locales y así emprender el camino a la legislación secundaria, en la cual tendremos la oportunidad de seguir escuchando a todas y a todos, sin distinción de posturas ideológicas.
“De cara a la nación, de frente a los ciudadanos y a los maestros, podemos decir hoy que la reforma de 2013 ya cayó. Reconozco a diputadas y diputados de las distintas fuerzas representadas en esta Cámara, su apertura, disposición, voluntad y trabajo. Hemos logrado construir un texto progresista en favor de la educación, que nada tiene que ver ni con el proceso ni con la forma ni con el contenido de lo anterior”.
Hoy se coloca a las y los maestros en el lugar que les corresponde y, sobre todo, garantizarles a las niñas y a los niños el futuro que merecen, pues sólo “a través de la educación democrática, nacional, intercultural, integral, inclusiva, equitativa y de excelencia, podremos reflexionar y actuar en consecuencia para poder acabar con la desigualdad, la marginación, la corrupción y la violencia”.
Adenda al dictamen
Piña Bernal informó de una adenda al dictamen aprobada por las comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales, el pasado 27 de marzo y que cumplió el trámite de declaratoria de publicidad el martes 23 de abril, misma que fue aceptada por el Pleno cameral.
Entre las modificaciones, se precisa que la enseñanza inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Además, específica que los procesos que ahí se señalen se establecerán en la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros para dar certeza sobre los criterios que se adoptarán al considerar los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos.
Para el diseño de los planes y programas de estudios, se contempla la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, de diversos actores asociales involucrados en la educación, así como los estudios que consideren las realidades y contextos, regionales y locales, lo cual permitirá atender de manera específica las necesidades, conforme a sus destinatarios, además considera experiencias comunitarias exitosas en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Se hacen ajustes al criterio de educación inclusiva, para hacerlo compatible con el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y conforme al juicio de la Suprema Corte Justicia de la Nación del amparo en revisión 714/2017 resuelto en octubre de 2018. El propósito es que en la enseñanza inclusiva tome en cuenta las capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos.
Se establecen los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras conforme a procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos para la mejora de la educación. Además, se proporcionan medios de acceso a la educación superior para personas que cumplan los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.
También se prevén modificaciones al artículo Decimosegundo Transitorio, para fortalecer los términos en los cuales se impartirá la educación inicial y que en la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, se determine la gradualidad de su impartición y financiamiento.
En el Decimoquinto Transitorio se específica el fondo especial que asegure a largo plazo, los recursos económicos crecientes para la prestación de estos servicios y la pluralidad en la infraestructura, para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, y sea de carácter federal.
Se adiciona un artículo Decimoséptimo Transitorio, con el propósito de que en la ley secundaria se defina que, dentro de los consejos técnicos escolares, se integrará un Comité de Planeación y Evaluación para formular un programa de mejora continua que contemple, de manera integral, la infraestructura, equipamiento, avance de los planes y programas educativos, formación y prácticas docentes, carga administrativa, asistencia de los educandos, aprovechamiento académico, el desempleo de las autoridades en esta materia y los contextos socioculturales. Dichos programas que tendrán carácter multianual, definirán objetivos y metas, y serán evaluados por dicho Comité.
Posicionamientos
El diputado Mario Delgado Carrillo (Morena) resaltó que la reforma es parte de un proceso que llevará a dignificar el papel del maestro, darles el lugar que se merecen, restituir y ampliar sus derechos laborales. “No hay un régimen de excepción para las y los maestros, lo que hay es una reforma excepcional para ellos”, porque tendrán ahora el derecho de acceder de manera permanente a un sistema integral de formación, capacitación y actualización y no habrá más evaluaciones sujetas a la permanencia”.
“No hay lugar para la desconfianza o la descalificación de lo que hoy se apruebe aquí”. Esta reforma “es un logro histórico que honra a caídos y perseguidos en la larga lucha del magisterio, se resarcirán por la vía constitucional todos los agravios y habrá reinstalación y justicia”. Queda claro que el interés superior es el de los niños, adolescentes y jóvenes y el Estado llevará siempre la rectoría. La educación tendrá perspectiva de género, se basará en el respeto irrestricto a la dignidad humana y se reconoce la educación plurilingüe e intercultural.
En tanto, el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (PAN) se pronunció en contra del dictamen al considerar que “esta es una mal llamada abrogación de la reforma educativa, es una reforma tramposa que pretende engañar a los maestros y a los padres de familia”.
Se dice que es una abrogación de la reforma educativa porque desaparecerá el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), pero dejan en su lugar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación; abrogan la Ley de Servicio Profesional Docente, pero crean la ley en materia del sistema para la carrera de maestras y maestros y todavía están las evaluaciones.
La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) afirmó: “la reforma educativa vigente no desaparece, evoluciona, mejora”. Reconoció que todas las leyes son perfectibles y deben responder a una realidad que todos los días nos pide a gritos soluciones.
Se quitó la condicionante de la permanencia, de una promoción de un maestro o maestra, vinculada a la evaluación y se reconoce no sólo su capacidad académica a través de concursos públicos transparentes, sino también su experiencia.
Se logró salvaguardar el derecho a una educación de calidad, preservar el interés superior de la niñez, hablar de educación inclusiva. También, que el Fondo Especial para Infraestructura en Materia de Educación Superior fuera federal y que haya procesos de selección para docentes públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Enfatizó que si realmente se quiere hacer historia, es necesario ponerle presupuesto.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) señaló que en el dictamen resalta la delimitación estratégica de colocar a la niñez como el eje del interés supremo de la educación y al Estado mexicano como la entidad rectora y soberana con el objetivo de formular planes, programas y la operación del Sistema Educativo Nacional con un principio de mayor inclusión.
Subrayó que el Estado mexicano garantizará e impartirá la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, con un enfoque a la nueva realidad mundial, con respeto pleno a los derechos humanos, promoviendo la igualdad sustantiva desde los planes y programas. Se plantea que haya una educación inclusiva, plurilingüe e intercultural basada en el respeto, en la promoción y en la preservación de lo más importante que tiene un país: su patrimonio cultural e histórico.
Por el PT, el diputado Alfredo Femat Bañuelos indicó que su grupo parlamentario respalda que la Secretaría de Educación Pública sea la rectora del sistema de educación básica, media superior y superior, con excepción de aquellas instituciones que por mandato constitucional y de ley, cuenten con autonomía.
Anunció que su grupo parlamentario votaría a favor del dictamen, porque incorpora el principio histórico de que la educación inicial forme parte de la básica y, por lo tanto, sea obligatoria para el Estado y su prestación. “Con esta medida construimos el mejor futuro para el país, que es la construcción de una sólida formación académica para las niñas y niños de México”. Asimismo, porque se incorpora la demanda magisterial de que no haya evaluación punitiva y se reconozca el esfuerzo magisterial.
De MC, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo indicó que la reforma mantiene los procesos de evaluación con un carácter formativo, y no de calificación, es de retroalimentación. Resaltó que el hecho de que el Estado tenga la rectoría en los procesos de asignación, promoción y permanencia de los docentes, garantiza un equilibrio.
Asimismo, destacó la importancia de poder traducir que los procesos de selección docente, además, sean públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Una parte fundamental es que el Estado tendrá a cargo la tutela en la construcción de los ejes para los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos.
La diputada Abril Alcalá Padilla (PRD) puntualizó que no es la reforma del Presidente de la República, sino es mejor porque refleja las realidades del aula, vista desde diferentes perspectivas, pero también la sustancia y el respeto a los tratados internacionales, la investigación y las mejores prácticas. “No es de ocurrencias y mucho menos una laboral. Con el documento no se le habla solamente a un sector, sino a la ciudadanía, a los padres de familia preocupados por el futuro de sus hijos y a una sociedad desesperada porque no se desperdicie una generación más”.
Resaltó que aquí el Estado reconoce que debe ofrecer servicios educativos de calidad, desde la formación inicial y hasta la superior y respaldar dichos compromisos con sus recursos, que sean suficientes para garantizar su gratuidad, sin ahorcar a los estados. “Nos preocupa el alcance, dado que aún no se presenta el impacto presupuestal, pero le damos el beneficio de la duda al gobierno. Nos falta mucho por hacer y esta reforma es una buena plataforma, pero quedan las leyes secundarias”.
Por el PVEM, el diputado Óscar Bautista Villegas señaló que se tiene un documento robustecido, responsable y respetuoso con la participación de todas las ideologías, en donde quedó atrás el interés partidista, ponderando el bienestar común de las y los mexicanos. “Celebramos las inclusiones en materia de fortalecimiento al aprecio y respeto por la naturaleza, pues educar para proteger el medio ambiente es una de las más grandes inversiones existentes”.
Destacó que hoy se da un paso a la generación de leyes secundarias que atiendan temas como el establecimiento del sistema para la carrera de las maestras y maestros en sus funciones docentes, directivas o de supervisión y la creación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Representa el primer paso para la conformación de un marco jurídico más armónico. “Continuemos construyendo un diálogo constante para que la reforma se consolide, fortalezca y perfeccione en beneficio del país”.
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado sin partido, expresó que el dictamen sentará un precedente en la educación pública del país, porque se dota de los mejores elementos a los estudiantes para que se conviertan en el motor de cambio en esta nueva etapa de la historia nacional y se da certeza laboral a los docentes. El siguiente paso, dijo, es fortalecer la legislación secundaria para que no quede ninguna que afecte la calidad gratuita de la enseñanza.
Se sientan las bases para fundar una nueva escuela mexicana conforme a valores y principios. “Los diputados sin partido, votaremos a favor, esperando la pronta recuperación del país, a través de una nueva generación de profesionistas que contarán con todo el apoyo de sus representantes. Lo más importante es pensar en las niñas, los niños, en los profesores y en el pueblo de México”.
En la discusión, la diputada Lizeth Sánchez García sostuvo que en un hecho histórico que la primera infancia está en la Carta Magna, y su inversión, es la solución a muchos problemas de la sociedad y asegura mujeres y hombres de bien. “Seguiremos alzando la voz por las y los niños, por nuestros hijos y por el presente, para la correcta construcción de su futuro, el cual sea prometedor y equitativo”.
Azael Santiago Chepi, diputado de Morena, expresó que es un dictamen sesgado, que vuelve a colocar al maestro en un régimen de excepción que consiste en quitar derechos, como el de escalafón, para convertirlo en un trámite meramente administrativo. “No acepto que se restrinjan los derechos que ya están otorgados a todos los trabajadores. “Los maestros estamos de acuerdo con que sea la Federación quien tenga la rectoría de la educación, en la evaluación formativa, en actualizarnos y formarnos para mejorar la enseñanza. Reflexionemos y votemos en conciencia y en defensa de la educación”.
Pro y contra
La diputada Verónica Juárez Piña (PRD) estimó que el dictamen reconoce el esfuerzo y compromiso de la mayoría de docentes que están conscientes de la responsabilidad que tienen con sus alumnos, padres de familia y con el país. “El documento es un avance para el modelo educativo y su principal objetivo es garantizar que las niñas, niños y adolescentes reciban enseñanza de calidad”.
Del PRI, la diputada Cynthia López Castro dijo estar en contra del dictamen, porque representa ceder ante el chantaje, además de una oportunidad perdida para construir una reforma a la altura de las niñas y niños de México. Consideró que contiene “un transitorio maldito, porque aniquila cualquier posibilidad de mantener concursos de ingreso y de promoción magisterial”.
Al hablar en pro, el diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez (Morena) expresó que “no se puede tolerar regresar al pasado, por eso hoy se echa para atrás la mal llamada reforma educativa y se termina con la oscuridad del sistema educativo nacional que tanto daño ha hecho a los alumnos y al magisterio”. Ahora, indicó, el Estado tendrá la rectoría de la enseñanza pública, universal y obligatoria, de tal forma que se priorizará el interés de las niñas, niños y adolescentes.
Felipe Fernando Macías Olvera, diputado del PAN, comentó que el documento es una regresión hacia donde un puñado de líderes sindicales decide quién es maestro y quién no. “Se abre la puerta a la ignorancia, se rinden ante la CNTE y se trastoca el interés de niñas, niños y adolescentes, debido a que los pactos y acuerdos se dieron con los sindicatos y no con la ciudadanía y los estudiantes del país”.
La diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) reconoció que todos los grupos parlamentarios contribuyeron a la construcción del dictamen y, aunque destacó que sí habrá evaluación docente y se establece en la Constitución el servicio de carrera para los profesores, el “diablo está en los detalles”, porque en los artículos transitorios se pudo haber hecho más por las y los maestros de México.
El diputado sin partido Carlos Alberto Morales Vázquez subrayó que la función que realizan los maestros, es la columna vertebral del desarrollo de cualquier país; sin embargo, esta reforma pudo haber sido mucho mejor, porque consideramos que no fallaron los instrumentos, sino las estrategias. Agregó: “Estoy a favor de la evaluación pero también de mejorar las condiciones del docente y los salones de clases”.
Kehila Abigail Ku Escalante, diputada de MC, estimó que la reforma es una poderosa herramienta para que el Ejecutivo federal ejerza acciones que incentiven la mejora educativa. No obstante, recalcó que hubiera valido la pena dejar fuera de la discusión los intereses para un grupo en particular. “El grupo de MC seguirá trabajando por la mejora en la enseñanza, y reconocemos este dictamen como un avance”.
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) refirió que la educación significa tener maestros capacitados que creen mejores ciudadanos; sin embargo, este dictamen está traicionando a la educación. “El PAN manifiesta su profundo rechazo al documento, porque después de tanto discurso se presenta, un dictamen que no es el mismo que se avaló en las comisiones y no lo vamos a legitimar. Consideramos que es un retroceso en términos institucionales y en cuanto a la división de poderes”.
La diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena) destacó que el dictamen busca transformar a México a través de la educación. Explicó que se proponen cambios profundos y se establecen nuevas bases y criterios formativos para que la educación sea verdaderamente obligatoria, gratuita, laica y de calidad. Además, destacó la creación del organismo que se encargará de los estudios y evaluación del magisterio.
Al hablar en contra, el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (PAN) dijo que esta reforma es producto de un acuerdo político que hace a un lado la importancia de la educación. “Es un parche a la Constitución que otorga prebendas y concesiones a caciques de la educación” y surge “un juego de vencidas que perdieron ante la CNTE”. Agregó que sin recursos los argumentos para justificarla son huecos y vanos, pues no hay nada que lleve a pensar que va a mejorar la educación.
El diputado Eudoxio Morales Flores (PES) mencionó que la reforma establece la educación obligatoria en todos los niveles y asegura hacer efectivo ese derecho para lograr el pleno desarrollo nacional con justicia y equidad social; pone en el centro a maestros y alumnos, con un sistema de carrera que fortalece la capacitación de docentes y reconoce su función en el sistema educativo; proporciona el andamiaje jurídico para devolver la rectoría al Estado. “No más mercado ni neoliberalismo con la educación”.
Del PAN, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván se pronunció por que la reforma garantice la igualdad de oportunidades a quienes terminan la escuela Normal para que puedan acceder a una plaza por méritos. Consideró que en el artículo Décimo Sexto Transitorio hay un doble juego, porque habla de que los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán en el 123 apartado B, siempre que no tengan que ver con admisión, promoción y reconocimientos. “Abusados, dijo, hay un doble juego y lo vamos a ver en las leyes secundarias”, por lo que pidió reflexionar si se cumplirán las expectativas.
A su vez, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) subrayó que con este dictamen se sientan las bases para un nuevo paradigma de la educación nacional y da un importante paso para que sea inclusiva e integral; permitirá el acceso a mejor educación; brindará alimentación en las escuelas con mayor marginación para disminuir desigualdades. Además se avanza a un programa de actualización continua para una evaluación integral y no punitiva. “Docentes retoman su papel como agentes de transformación social”, impartiendo educación de excelencia a niñas y niños de México.
El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN) refrió que el artículo Décimo Sexto Transitorio establecía que el ingreso, promoción y permanencia de maestros no se sujetará a control sindical. “Fue lo más difícil de quitar en la reforma de 2013, pero esta reforma lo conserva”. Planteó que la SEP debe evalar el ingreso, promoción y permanencia de los docentes.
La diputada Estela Núñez Álvarez (Morena) precisó que esta reforma abroga la ley del INEE, la del Servicio Profesional Docente “y todas las contrarias”; revalora a los profesores como agentes de transformación, garantiza sus derechos laborales y la estabilidad en el trabajo; reconoce la educación inicial, la especial, la indígena y la Normal e integra materias de educación física, civismo, música, historia y educación ambiental. Además, abarca hasta el nivel superior y establece la mejora continua del proceso enseñanza aprendizaje.
Del PAN, el diputado Marco Antonio Adame Castillo indicó que las modificaciones no representan garantías a favor de la educación que necesita el país; se abrió una agenda de transitoriedad a un océano de posibilidades difícil de cumplir en la legislación secundaria. Destacó que la falta de presupuesto “hace ilusoria cualquier pretensión”. Expresó que se requiere una legislación que busque el bien de la niñez y juventud.
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