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Aprueba Comisión expedir la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil

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Dejar de ser un país reactivo y convertirse en preventivo, principal aportación de la Ley: diputada Reséndiz Hernández

Validado por mayoría, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para su programación

 

La Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, presidida por la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández (Encuentro Social), aprobó por mayoría, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto para expedir la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil.

 

El documento fue avalado con 14 votos a favor, dos en contra y una abstención, y se turnó a la Mesa Directiva para su programación.

 

La diputada Reséndiz Hernández afirmó que este nuevo marco jurídico tiene el propósito de mejorar las condiciones de los mexicanos y que su aportación importante es dejar de ser un país reactivo y convertirse en preventivo.

 

Aseguró que el trabajo parlamentario “no responde a colores partidistas; tenemos puesta la misma camiseta”. Agradeció a los integrantes de la Comisión y al equipo técnico su acompañamiento para elaborar y aprobar la nueva ley.

 

Señaló que el proyecto de dictamen se abordó desde la primera reunión virtual realizada por la Comisión el pasado 17 de abril del presente año, donde la mayoría se manifestó a favor y se acordó que se sometería a votación conforme se reanudaran las actividades presenciales en la Cámara de Diputados.

 

Explicó que derivado de la reforma al artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que trajo consigo la extinción de los fideicomisos del Fonden y Fopreden, se realizaron las adecuaciones pertinentes al dictamen, con el propósito de que el Gobierno tenga los instrumentos para la prevención y atención de emergencias y desastres.

 

Es decir, se modificó la denominación del Capítulo X, a fin de quedar como Programa de Gestión de Riesgos de Desastres y Protección Civil, y de Administración y Transferencia de Riesgos de Desastres.

 

Dichos programas, señaló, se definen en el Artículo cuarto, fracción XLI, como aquellos mecanismos presupuestarios de financiamiento y cofinanciamiento del Gobierno Federal para apoyar a instancias públicas federales, estados, municipios, demarcaciones territoriales y a la población en general con acciones de prevención, reducción de riesgos y reconstrucción.

 

Asimismo, en la ejecución de proyectos y acciones derivados de la gestión integral de riesgo de desastres, así como auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia o desastre, con lo que se responderá inmediata y oportunamente a situaciones urgentes para la protección de la vida, la salud de la población y continuar la actividad económica, agregó.

 

La presidenta de la Comisión indicó que el Artículo 5º transitorio establece que las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, y la de Hacienda y Crédito Público emitirán las reglas de operación de los programas de Gestión Integral de Riesgos y Desastres y Protección Civil, que atenderán la prevención, atención de emergencias y desastres en un plazo no mayor de 90 días a partir de la entrada en vigor de la nueva ley.

 

Planteamientos a favor y en contra

 

A favor, la diputada del PT, Margarita García García agradeció la incorporación de las propuestas de su bancada sobre vincular los Atlas de Riego a los programas de ordenamiento territorial. El primer paso está dado, pero “aun así quedamos debiendo a la ciudadanía”. Expresó su desacuerdo sobre la Escuela Nacional de Gestión Integral de Riesgos y Desastres y de Protección Civil, a la que se le dedica un capítulo, y aunque se menciona que es sin perjuicio de otras instancias de acreditación, pareciera que sí.

 

En contra, la diputada del PAN, María Liduvina Sandoval Mendoza consideró que si bien se incorporaron los simulacros, “al pretender incluir muchos temas queda como un Frankenstein que no resuelve la problemática de la gestión integral de riesgos y la protección civil”. Por la desaparición de fideicomisos se realizaron modificaciones; sin embargo, no se destinan recursos para que estados y municipios atiendan las emergencias. Se les da atribuciones sin presupuesto y se les deja en la indefensión.

 

A favor, el diputado Teófilo Manuel García Corpus (Morena) indicó que el dictamen recoge temas del Plan Nacional de Protección Civil y establece los Atlas de Riesgos en estados y municipios, esencial para que cumplan su obligación de velar por los derechos humanos de la población y salvaguardar su patrimonio. En el futuro, habría que modificar la ley de acuerdo a las circunstancias, estimó.

 

En contra, el diputado del PAN, Luis Alberto Mendoza Acevedo sostuvo que el dictamen debió marcar un parteaguas en protección civil. Sin embargo, deja mucho que desear en la aplicación de recursos, eje fundamental para realizar todo lo que la ley propone. Con la extinción de los fideicomisos queda a discreción del Ejecutivo destinar recursos y no por mandato de ley. Lo más preocupante es que no hay presupuesto específico para atender los desastres.

 

A favor, la diputada de Morena, María Guillermina Alvarado Moreno apuntó que nueva legislación considera las propuestas formuladas por el Programa de Apoyo a la Reducción de Riesgos de Desastres de la ONU y de las instancias públicas nacionales vinculadas al tema. Aclaró que en el presupuesto se aprobaron 2 mil millones de pesos más que en el 2020; “no podemos decir que es raquítico, porque es mucho más que este año”.

 

En la misma reunión, los integrantes de la Comisión avalaron por mayoría el Programa Anual de Trabajo del Tercer Año Legislativo 2020-2021 de la LXIV Legislatura.

 

Asuntos generales

 

En asuntos generales, la diputada del PT, Dionicia Vázquez García, sugirió un cambio para atender los desastres en el país, a fin de reconstruir y prevenir de forma transversal con la participación de las comunidades como gestoras de las medidas de prevención. Asimismo, pidió aprobar la proposición con punto de acuerdo para elaborar la Norma Oficial Mexicana sobre la fabricación y almacenamiento de artículos pirotécnicos.

 

De Morena, el diputado Azael Santiago Chepi comentó que el nuevo marco jurídico es un parteaguas que cambia la atención de la protección civil y no sólo es un asunto de presupuesto, porque no hay recursos que alcancen ante una emergencia. Es una nueva forma de enfrentar estas situaciones, sin ocurrencias, recuperando la participación de los tres órdenes de gobierno y de los ciudadanos.

 

El diputado Juan Enrique Farrera Esponda (Morena) indicó que Chiapas también está inundado y pidió diseñar una ruta de prevención, porque cada siete años se experimenta la misma situación. Convocó a la sociedad a enviar víveres e insumos a las comunidades que son las más pobres y sufren los efectos de las inundaciones en esa entidad y en Tabasco.

 

 

 

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