La fundadora de Voces Unidas por la Vida y una de sus hijas resultaron heridas en un ataque armado en Culiacán; la Fiscalía de Sinaloa investiga si la agresión está relacionada con su labor para localizar personas desaparecidas.
La violencia volvió a alcanzar a quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos este sábado en Culiacán, Sinaloa, mientras viajaba en un automóvil junto con una de sus hijas.
La agresión ocurrió alrededor de las 13:30 horas en la colonia Estela Ortiz de Toledo. De acuerdo con los reportes de autoridades y medios locales, hombres armados dispararon contra el vehículo en el que se desplazaban las mujeres, que recibió múltiples impactos en la carrocería y los cristales.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una investigación por feminicidio en grado de tentativa. Entre las líneas de investigación se encuentra precisamente la posibilidad de que el ataque esté relacionado con las actividades de Rojo Medina como integrante de un colectivo dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas. La autoridad no ha establecido hasta ahora quiénes fueron los responsables ni ha confirmado públicamente el móvil.
Ambas mujeres fueron trasladadas a un hospital y permanecen bajo resguardo. El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que presentaban heridas que no ponían en riesgo su vida. Reportes de medios locales señalaron que las lesiones se concentraron en las extremidades y el tórax.
La información disponible también indica que Rojo Medina no es una recién llegada a esta lucha. Comenzó a buscar a su hermano Miguel Ángel después de su desaparición en 2009 y, desde entonces, ha participado en recorridos y labores de búsqueda en distintos puntos de Sinaloa. Con el tiempo, su trabajo la convirtió en una de las figuras reconocidas entre los colectivos de familiares de personas desaparecidas en el estado.
El ataque ha provocado preocupación entre organizaciones de búsqueda y defensoras de derechos humanos. La Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos Sinaloa pidió medidas urgentes de protección para Rojo Medina y su hija, mientras que otros colectivos reclamaron una investigación exhaustiva para identificar tanto a los autores materiales como a quienes pudieran haber ordenado la agresión.
El temor no es infundado. Sinaloa tiene antecedentes especialmente dolorosos de ataques contra mujeres que buscan a sus familiares. En mayo de 2014, Sandra Luz Hernández, integrante de Voces Unidas por la Vida, fue asesinada en Culiacán mientras buscaba a su hijo Édgar García Hernández, desaparecido dos años antes. La investigación de aquel caso ha sido señalada durante años por organizaciones y familiares como un ejemplo de la vulnerabilidad que enfrentan las buscadoras.
La historia de Sandra Luz hace que el ataque contra Rojo Medina tenga una dimensión todavía más inquietante. Para las familias, buscar no es una actividad voluntaria que pueda abandonarse con facilidad. Es, muchas veces, la única vía que encuentran para obtener respuestas cuando las instituciones no han logrado localizar a sus seres queridos.
La situación ocurre además mientras Sinaloa continúa enfrentando una ola de violencia vinculada con la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. Desde septiembre de 2024, el enfrentamiento entre Los Chapitos y La Mayiza ha dejado una estela de homicidios y desapariciones que ha profundizado la crisis de seguridad en el estado.
El problema, sin embargo, es nacional. Datos presentados por el Gobierno de México en marzo de 2026, con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, contabilizaban más de 130 mil personas que permanecían con estatus de desaparecidas entre 2006 y 2026. Detrás de esa cifra hay familias que siguen esperando información y, en muchos casos, grupos de madres, padres y hermanos que terminan realizando por su cuenta tareas de búsqueda.
Ahí se encuentra una de las mayores contradicciones de esta crisis. Mientras las instituciones tienen la obligación legal de buscar a las personas desaparecidas, son los propios familiares quienes con frecuencia salen al campo, recorren terrenos y siguen pistas para encontrar restos o indicios. Y es precisamente esa labor la que puede colocarlos frente a quienes pretenden impedir que determinadas historias salgan a la luz.
El caso de Alma Rosa Rojo vuelve a poner esa vulnerabilidad sobre la mesa. La Fiscalía deberá determinar si el ataque fue una agresión derivada directamente de su trabajo como buscadora, pero mientras esa investigación avanza, la exigencia de protección es inmediata.
Porque para las familias de los desaparecidos, encontrar a una persona no significa solamente cerrar una búsqueda. Significa recuperar un nombre, una historia y, muchas veces, la posibilidad de despedirse. Que quienes realizan esa tarea tengan que hacerlo bajo amenaza de muerte revela hasta qué punto la crisis de desapariciones también se ha convertido en una crisis de seguridad para quienes intentan enfrentarla.
